por J. Ricardo Miranda
El Senado de la República y el Programa de Estudios Universitarios sobre Democracia, Justicia y Sociedad (PUEDJS) de la UNAM anunciaron el inicio de las mesas de trabajo de Parlamento Abierto del Decálogo de Derechos Digitales el cual constituye una propuesta de reformas legales, construida de forma colectiva y coordinada por el Tlatelolco Lab del PUEDJS, que busca garantizar el pleno ejercicio de nuestros derechos humanos en el entorno digital.
El Decálogo fue presentado el pasado 27 de marzo de 2023 con la presencia y participación de congresistas, representantes de ONG’s, activistas y especialistas sobre el tema (véase: https://acortar.link/UOswCi). Desde entonces, en un ejercicio inédito en nuestro país, el PUEDJS puso a disposición de todo el público una plataforma de Parlamento Abierto Digital (véase: https://puedjs.unam.mx/decalogo-digital/), en donde hemos estado recibiendo comentarios, sugerencias y críticas de la ciudadanía.
De tal suerte, el Decálogo avanza ahora hacia una segunda etapa: visibilizar, debatir y proponer alternativas, en sede legislativa, sobre el fenómeno de las violaciones generalizadas de derechos humanos en redes o plataformas sociodigitales.
Cabe recordar que las redes sociales son empresas transnacionales que tienen como principal objetivo, como toda empresa privada, maximizar sus ganancias. Ello, desde luego, no es un problema en sí mismo. Sin embargo, se convierte en una auténtica problemática social cuando tal objetivo se hace a costa de una violación sistemática de nuestros derechos. Como el propio Tlatelolco Lab ha documentado (véase: https://acortar.link/ilA0AC), México es un claro botón de muestra de lo fácil que es perpetrar estas violaciones por parte de la CEOcracia digital y todo ello con una complicidad histórica, por omisión, del Estado.
Por lo anterior, resulta alentador que el Senado mexicano haga suyo el Decálogo y presente el inicio de los debates que habrán de desarrollarse próximamente en dicho recinto parlamentario con el fin de robustecer esta iniciativa en defensa de los derechos digitales de los y las mexicanas.
Finalmente, es importante dejar en claro un punto para dejar atrás posibles prejuicios que aún pudieran existir cuando hablamos de eventuales regulaciones de espacios digitales.
Por lo general, cuando se habla sobre la posibilidad de regular las redes sociales, el debate suele presentarse en términos de regulación vs no regulación, haciéndose énfasis en los peligros que podría conllevar la regulación estatal. Sin embargo, estos términos del debate son completamente inadecuados pues no logran aprehender lo que sucede en la cotidianidad del mundo de las plataformas sociodigitales.
En realidad, la regulación de las redes sociales no ha acompañado desde la propia aparición de éstas en el escenario social. La regulación ya existe, solamente que es aquella que las plataformas, unilateralmente, nos imponen al crear un perfil o cuenta para poder utilizarlas.
En pocas palabras, lo que tenemos, de facto, es una regulación privada transnacional. Entonces el dilema no debe ser si regular o no, ello es hoy más que nunca una necesidad social, sino qué tipo de regulación queremos: i) una regulación privada transnacional que privilegia los intereses de unos cuantos y que no le preocupa el contar con un estándar mínimo de respeto a derechos humanos; o ii) una regulación pública, en la cual todos y todas hayamos participado y en donde el énfasis se ponga en la garantía del pleno disfrute de los derechos de todas las personas usuarias de redes sociales, es decir, una regulación pública y democrática.
En México, parece, estamos dando un paso histórico en esta última dirección.
#LasRedesSonNuestras
Investigador del Programa Universitario sobre Justicia, Democracia y Sociedad
Universidad Nacional Autónoma de México
