/ jueves 23 de enero de 2020

El vínculo inexorable entre crisis climática y crisis del agua

por Isabel Studer *

Que el cambio climático haya perdido relevancia con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no significa que el país pueda aislarse de los efectos de este fenómeno que exacerban una realidad ya de por sí difícil con el agua en México.90% de los impactos asociados al cambio climático están relacionados con el agua. Bien la falta de disponibilidad y calidad del agua o su excesiva abundancia afecta ya, y afectará aún más,áreas estratégicas como la energía (sobre todo, aunque no exclusivamente, la generación de hidroelectricidad), la infraestructura, la producción agrícola y los centros urbanos, los que hoy congregan a más del 70% de la población del país.

De especial relevancia es el nexo agua-agricultura, pues temperaturas planetarias más altas impactarán severamente la producción y los ingresos agrícolas y pecuarios en México, complicando la capacidad del gobierno actual para cumplir sus metas en asuntos que han definido como prioritarios, en particular la seguridad alimentaria y la lucha contra la pobreza.

Por su geografía, la vulnerabilidad de México ante el cambio climático se deriva en gran medida de la distribución desigual del recurso hídrico en el territorio, con zonas que ya sufren por fenómenos meteorológicos extremos, bien sequías (Noroeste y Centro) o inundaciones (Sureste). La producción agrícola es especialmente vulnerable a las alteraciones climáticas también porque el 82% del territorio dedicado a la agricultura en México es de temporal y solo el 18%, de riego. Con un aumento de la temperatura de casi 1º C entre 1960 y 2010, algunos estudios estiman que, de seguir esta trayectoria, las condiciones de temperatura y precipitación cambiarán en más de la mitad del territorio del país (entre el 50% y el 57%).

Apenas el año pasado, la CONAGUA clasificó para mediados de año casi dos mil municipios con algún grado de sequía, de los cuales 118 fueron catalogados con sequía severa. Entre los estados más afectados estaban estados del sur, que normalmente no debería tener problema con la disponibilidad de agua, por ejemplo Chiapas y Tabasco, además de otros estados de la Cuenca del Golfo. También se incluyeron estados del norte que normalmente presentan estrés hídrico, pero que el año pasado registraron lluvias inferiores a la precipitación promedio.

Las proyecciones al futuro son poco halagüeñas. De acuerdo con la FAO, en México las pérdidas estimadas para 2100 serán del orden del 42% o 54% del valor de la tierra, dependiendo de la severidad del escenario climático empleado. En algunas partes del país la producción de maíz y frijol decrecerá, y el sector pecuario presentará problemas ante la caída de forraje, impactando la producción de carne y leche,incrementando el riesgo por falta de alimentos. Si bien, se pronostican pérdidas en el ingreso para todos los grupos de productores, los más grandes pueden recurrir a la diversificación de cultivos y acceder a tecnologías e instrumentos financieros más apropiados a las nuevas condiciones climáticas. Los más afectados serán los pequeños productores, que se concentran en comunidades de menos de cinco mil personas, en donde reside el mayor porcentaje de pobres en el país. Puesto que el 80% de dichas comunidades depende de la agricultura y por tanto de los recursos naturales para su subsistencia, son altamente vulnerables a los fenómenos meteorológicos.

A pesar de esta situación crecientemente alarmante, carecemos de acciones y capacidades para mejorar la resiliencia frente al aumento de la temperatura. Según su Contribución Nacionalmente Determinada, que refleja los compromisos adquiridos bajo el Acuerdo de París, México contempla en sus planes de adaptación procesos de protección del agua para fines sociales y de los ecosistemas, así como para la protección de sistemas productivos y la infraestructura. Sin embargo, estos marcos institucionales aún no se han desarrollado. Aunque existen programas de seguros contra desastres, incluyendo en el sector agrícola, no existen políticas que atiendan la problemática de manera integral y con una visión de largo plazo.

Es por tanto imperativo y urgente el diseño y la implementación de planes de adaptación, resiliencia y manejo de riesgo frente al cambio climático, en los que los sistemas de gestión del agua sean un eje estratégico. Debido a la importancia del sector agrícola para asegurar la disponibilidad y calidad del agua, en dichos planes la gestión del agua en este sector debe ser prioritario. Como es sabido, el 80 % de las aguas superficiales y el 70% de las subterráneas están destinadas a la producción agrícola, actividad que además representa el 77% del volumen de agua total concesionado. También sabemos que más de dos terceras partes del recurso hídrico se pierde por ineficiencia en la producción agrícola. Este sector también es una fuente importante de la contaminación del agua, por el uso de agroquímicos y fertilizantes y la falta de infraestructura para el tratamiento del agua.

Es también esencial que los planes de adaptación tengan una perspectiva transversal para asegurar la congruencia en las políticas públicas, erradicando políticas e instrumentos que han incentivado la sobre-explotación de los recursos hídricos. Tal es el caso de los subsidios al agua y a la energía, por ejemplo los subsidios de bombeo de electricidad para aguas subterráneas. O bien los subsidios o programas agrícolas que terminan en deforestación y degradación de los suelos, alterando el ciclo del agua. Se necesitan también un sistema robusto de monitoreo y evaluación que permita visualizar los avances en la adaptación al cambio climático,así como una reforma a las políticas de distribución de los recursos hídricos, aplicando límites a la cantidad de agua extraída y mejorando la manera en que se redistribuye este líquido entre distintos usos. Considerando un escenario de escasez de recursos hídricos, por la combinación de cambio climático y crecimiento poblacional, deben también adoptarse cuotas o tarifas basadas en el costo real del suministro y la contaminación así como sistemas de gestión de la demanda, asegurando que se ajustan los patrones de uso de agua al nuevo contexto climático.

De no entender el vínculo inexorable que existe entre la adaptación al cambio climático y la gestión del agua, y actuar en consecuencia, los programas orientados a la seguridad alimentaria y la lucha contra la pobreza del actual gobierno fracasarán.

* Consejera del Consejo Consultivo del Agua

Mi Twitter es @isastuder

por Isabel Studer *

Que el cambio climático haya perdido relevancia con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no significa que el país pueda aislarse de los efectos de este fenómeno que exacerban una realidad ya de por sí difícil con el agua en México.90% de los impactos asociados al cambio climático están relacionados con el agua. Bien la falta de disponibilidad y calidad del agua o su excesiva abundancia afecta ya, y afectará aún más,áreas estratégicas como la energía (sobre todo, aunque no exclusivamente, la generación de hidroelectricidad), la infraestructura, la producción agrícola y los centros urbanos, los que hoy congregan a más del 70% de la población del país.

De especial relevancia es el nexo agua-agricultura, pues temperaturas planetarias más altas impactarán severamente la producción y los ingresos agrícolas y pecuarios en México, complicando la capacidad del gobierno actual para cumplir sus metas en asuntos que han definido como prioritarios, en particular la seguridad alimentaria y la lucha contra la pobreza.

Por su geografía, la vulnerabilidad de México ante el cambio climático se deriva en gran medida de la distribución desigual del recurso hídrico en el territorio, con zonas que ya sufren por fenómenos meteorológicos extremos, bien sequías (Noroeste y Centro) o inundaciones (Sureste). La producción agrícola es especialmente vulnerable a las alteraciones climáticas también porque el 82% del territorio dedicado a la agricultura en México es de temporal y solo el 18%, de riego. Con un aumento de la temperatura de casi 1º C entre 1960 y 2010, algunos estudios estiman que, de seguir esta trayectoria, las condiciones de temperatura y precipitación cambiarán en más de la mitad del territorio del país (entre el 50% y el 57%).

Apenas el año pasado, la CONAGUA clasificó para mediados de año casi dos mil municipios con algún grado de sequía, de los cuales 118 fueron catalogados con sequía severa. Entre los estados más afectados estaban estados del sur, que normalmente no debería tener problema con la disponibilidad de agua, por ejemplo Chiapas y Tabasco, además de otros estados de la Cuenca del Golfo. También se incluyeron estados del norte que normalmente presentan estrés hídrico, pero que el año pasado registraron lluvias inferiores a la precipitación promedio.

Las proyecciones al futuro son poco halagüeñas. De acuerdo con la FAO, en México las pérdidas estimadas para 2100 serán del orden del 42% o 54% del valor de la tierra, dependiendo de la severidad del escenario climático empleado. En algunas partes del país la producción de maíz y frijol decrecerá, y el sector pecuario presentará problemas ante la caída de forraje, impactando la producción de carne y leche,incrementando el riesgo por falta de alimentos. Si bien, se pronostican pérdidas en el ingreso para todos los grupos de productores, los más grandes pueden recurrir a la diversificación de cultivos y acceder a tecnologías e instrumentos financieros más apropiados a las nuevas condiciones climáticas. Los más afectados serán los pequeños productores, que se concentran en comunidades de menos de cinco mil personas, en donde reside el mayor porcentaje de pobres en el país. Puesto que el 80% de dichas comunidades depende de la agricultura y por tanto de los recursos naturales para su subsistencia, son altamente vulnerables a los fenómenos meteorológicos.

A pesar de esta situación crecientemente alarmante, carecemos de acciones y capacidades para mejorar la resiliencia frente al aumento de la temperatura. Según su Contribución Nacionalmente Determinada, que refleja los compromisos adquiridos bajo el Acuerdo de París, México contempla en sus planes de adaptación procesos de protección del agua para fines sociales y de los ecosistemas, así como para la protección de sistemas productivos y la infraestructura. Sin embargo, estos marcos institucionales aún no se han desarrollado. Aunque existen programas de seguros contra desastres, incluyendo en el sector agrícola, no existen políticas que atiendan la problemática de manera integral y con una visión de largo plazo.

Es por tanto imperativo y urgente el diseño y la implementación de planes de adaptación, resiliencia y manejo de riesgo frente al cambio climático, en los que los sistemas de gestión del agua sean un eje estratégico. Debido a la importancia del sector agrícola para asegurar la disponibilidad y calidad del agua, en dichos planes la gestión del agua en este sector debe ser prioritario. Como es sabido, el 80 % de las aguas superficiales y el 70% de las subterráneas están destinadas a la producción agrícola, actividad que además representa el 77% del volumen de agua total concesionado. También sabemos que más de dos terceras partes del recurso hídrico se pierde por ineficiencia en la producción agrícola. Este sector también es una fuente importante de la contaminación del agua, por el uso de agroquímicos y fertilizantes y la falta de infraestructura para el tratamiento del agua.

Es también esencial que los planes de adaptación tengan una perspectiva transversal para asegurar la congruencia en las políticas públicas, erradicando políticas e instrumentos que han incentivado la sobre-explotación de los recursos hídricos. Tal es el caso de los subsidios al agua y a la energía, por ejemplo los subsidios de bombeo de electricidad para aguas subterráneas. O bien los subsidios o programas agrícolas que terminan en deforestación y degradación de los suelos, alterando el ciclo del agua. Se necesitan también un sistema robusto de monitoreo y evaluación que permita visualizar los avances en la adaptación al cambio climático,así como una reforma a las políticas de distribución de los recursos hídricos, aplicando límites a la cantidad de agua extraída y mejorando la manera en que se redistribuye este líquido entre distintos usos. Considerando un escenario de escasez de recursos hídricos, por la combinación de cambio climático y crecimiento poblacional, deben también adoptarse cuotas o tarifas basadas en el costo real del suministro y la contaminación así como sistemas de gestión de la demanda, asegurando que se ajustan los patrones de uso de agua al nuevo contexto climático.

De no entender el vínculo inexorable que existe entre la adaptación al cambio climático y la gestión del agua, y actuar en consecuencia, los programas orientados a la seguridad alimentaria y la lucha contra la pobreza del actual gobierno fracasarán.

* Consejera del Consejo Consultivo del Agua

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