La expresión que califica a los procesos electorales en curso como los más grandes de la historia alude a la dimensión cuantitativa y cualitativa que éstos tienen frente a los anteriores, así que, cada tres años, estamos ante las elecciones más grandes y complejas de la historia. Lo primero, es reiterar que en 2023-2024 se organizan procesos electorales concurrentes en los 32 estados de la república con el proceso federal.
De acuerdo con datos que aparecen en la página del Instituto Nacional Electoral, el próximo año habrá elecciones para renovar 20 mil 375 cargos públicos, 629 en el ámbito federal, incluida la presidencia; y 19, mil 746 estatales, sumadas las nueve gubernaturas, 1 mil, 098 integrantes de congresos locales, 1 mil 803 presidencias municipales, 1 mil 976 sindicaturas, 14 mil 429 regidurías y 431 cargos auxiliares.
Con listados nominales que cerrarán en cerca de 98 millones de electores, se planea la instalación de casi 170 mil mesas directivas de casillas únicas, para cuya integración se sortearán 12 millones de electores, de los que serán capacitados y designados 1 millón, 530 mil funcionarios, aproximadamente. Los partidos políticos ejercerán un financiamiento público de 10 mil, 378 millones, 059 mil, 438 pesos para sus actividades ordinarias y específicas, gastos de campaña y franquicias postales y telegráficas.
Los partidos, precandidaturas, candidaturas y autoridades electorales transmitirán mensajes de propaganda electoral y de difusión de derechos políticos en los tiempos oficiales del Estado en 3 mil, 716 emisoras de radio y televisión, que pautarán, en su conjunto, 57 millones, 317 mil, 058 spots. La estructura central y desconcentrada del INE se coordina con los oples para atender las actividades señaladas en los calendarios de actividades y en diversos convenios de apoyo y colaboración.
Digamos que si todo fuera atender la logística electoral el éxito estaría garantizado, dado que está en manos de personal profesional que tiene mucha experiencia, capacidad y compromiso democrático. Pero los procesos electorales concurrentes 2023-2024, también exigen enfrentar retos que impone el entorno y que pondrán a prueba la capacidad y solvencia de las instituciones electorales, entre ellos, la inseguridad pública que se vive en diversas regiones del país y la indebida injerencia del crimen organizado que ya en procesos electorales anteriores ha provocado la muerte de diversas personas que participaban como precandidatos o candidatos e incidido en el desarrollo de los comicios.
Otra complejidad radica en el incesante activismo de los servidores públicos, en particular, del bloque oficialista que se niegan sistemáticamente a observar las restricciones que les impone la constitución y las leyes para no intervenir en las elecciones, que desacatan las instrucciones de las autoridades y promueven un clima de polarización y de división del país, como ha ocurrido con las medidas cautelares ordenadas por el INE al presidente para que no denoste la figura de sus adversarios, quien reaccionó colocando un cintillo en la transmisión de sus mañaneras; o las declaraciones de Claudia Sheinbaum y Mario Delgado ante las indicaciones del INE de acotar los alcances de la nueva precampaña denominada la “Esperanza nos Une” , ante lo cual señalaron que no pueden tener eventos con pocos asistentes porque sus simpatizantes se cuentan por millones.
Los retos de los procesos electorales concurrentes son logísticos por la dimensión que tienen, pero son esencialmente políticos, por el talante autoritario y retador del grupo gobernante y por la complejidad que significa la indebida intervención del crimen organizado.
*Profesor en UNAM, UP y UX. Especialista en materia electoral.
@MarcoBanos
