El viernes pasado se cumplieron 29 años de la creación del IFE. Una verdadera autoridad electoral autónoma e independiente que sigue trabajando ahora con la denominación del INE. La fecha es importante para insistir que nuestra democracia es el resultado de múltiples cambios en nuestras reglas y procedimientos.
En 1990 la expectativa social sobre la actuación de las autoridades electorales era demasiada alta. Ello se debía a que casi nadie creía en nuestro sistema electoral. El poder ejecutivo organizaba y conducía las elecciones. No había certeza para el ejercicio del voto; nadie sabía si la persona que votaba tenía derecho a ello y definitivamente no había libertad para ejercerlo. Tampoco existían condiciones de equidad para los participantes de la contienda electoral y mucho menos seguridad de que los votos fueran contados de manera correcta.
En otras palabras, las condiciones básicas para la consolidación de la democracia, como es la autonomía de la autoridad electoral, las condiciones de equidad en la competencia electoral, la certeza en los procedimientos y la garantía de pluralismo eran un anhelo.
Lo que era inexistente antes de 1990 hoy es normal, rutinario, e incluso pocas veces cuestionado. Actualmente los procesos electorales ya no forman parte de los problemas que deben ser atendidos por el Estado. Probablemente por ello se olvida que la democratización del país, como hoy la estamos viviendo, es resultado de un proceso evolutivo.
Hay que ser claro: carece de seriedad quien diga que el arribo a la democracia en México es consecuencia de lo ocurrido en 2018. Aceptar esto es desconocer la existencia de los liderazgos individuales y movimientos sociales que en las últimas 3 décadas contribuyeron a implementar y buscar la consolidación de la democracia mexicana. Plantear que la democracia surgió de un día para otro, implica obviar que ésta es resultado de un largo proceso de construcción social.
Hoy contamos con una credencial para votar con fotografía que garantiza que su titular efectivamente es quien cuenta con el derecho para votar. Más aún, dicha credencial ya no solo tiene una finalidad electoral, pues se ha consolidado como el principal medio de identificación de las mexicanas y mexicanos. Algo que era impensable hasta antes de 1992.
De hecho, el INE cuenta con medidas de seguridad (20) tan estrictas que no sólo han garantizado la protección de los datos personales de cerca de 90 millones de ciudadanas y ciudadanos, sino que ha impedido, a lo largo de veinticinco años, que sea vulnerada la base de datos que resguarda esa información personal. Así de cuidadoso es el tratamiento de los datos por parte del INE.
Por otra parte, la realidad de la alternancia no solo ocurre a nivel presidencial. Las alternancias en los gobiernos de todos los niveles es una realidad. Quien detenta el poder público y no cumple con las expectativas de la ciudadanía, es sustituido por otra opción política. En los últimos 5 años, el promedio de cambio de partido político en gubernaturas y municipios es de más del 60%.
Otro factor que coadyuva al tema de la alternancia, es que ahora existen reglas y procedimientos en la legislación electoral que permiten que las opciones políticas contiendan de una forma equitativa. Todas tienen acceso a medios de comunicación para difundir sus propuestas y el uso de recursos públicos en beneficio de una opción política va eliminándose poco a poco.
Todo eso es posible gracias a que el INE y las autoridades electorales locales están ejerciendo a plenitud su autonomía. Aunque se sigue intentando mermarla con reducciones presupuestarias discrecionales y con propuestas de reforma que parecen ser ocurrencias que tienen como propósito debilitar los pilares del sistema electoral, las autoridades electorales siguen trabajando para garantizar que el voto de la ciudadanía sea libre.
Tratándose de la pluralidad, hoy existen procedimientos para que la ciudadanía forme nuevos partidos políticos que se traduzcan en opciones de gobierno. Si bien es cierto que el procedimiento de constitución es criticado al punto de considerarlo innecesario, debe señalarse que la formación de un partido político es un derecho fundamental y las autoridades están obligadas a promoverlos y a garantizarlos.
Quienes formulan dichos cuestionamientos, cabe recordarles que también existe un mecanismo para que se les pueda expulsar de la competencia electoral: el voto. Las y los ciudadanos son quienes tienen la potestad de otorgar y cancelar registros de partidos políticos.
Los anteriores son ejemplos que permiten advertir que nuestro sistema democrático solo puede ser visto como un conjunto de procesos que han cambiado de forma gradual. Los 29 años del nacimiento del IFE son un gran momento para recordar de dónde venimos y qué se ha hecho. Nuestra democracia es producto de una evolución y jamás podrá ser de generación espontánea.
*Jefe de oficina de la presidencia del INE
@ebuendiaz
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