Se ha abierto una nueva polémica con motivo de la referencia hecha por el Coordinador de Comunicación Social de la Presidencia, Jesús Ramírez, al financiamiento que aportan grupos extranjeros a diversas organizaciones de la sociedad civil de nuestro país que han manifestado oposición a la construcción del Tren Maya.
El punto de divergencia con tales organizaciones parece haberse centrado en si realmente se ha incentivado económicamente desde el extranjero la oposición a esta obra, pues se alega que los recursos aportados por fundaciones foráneas no han tenido dicha finalidad. La cuestión a discutir tiene mucho mayor fondo; importa saber cuál es el destino de los recursos, pero aún más debatir acerca de la validez de estas aportaciones que constituyen una manera de influir en las decisiones de política pública, mediante el denominado soft power o poder blando. Esta expresión alude a la capacidad de un actor político en el ámbito internacional, que puede ser un Estado o una organización representante de determinados intereses económicos, políticos o ideológicos, para incidir en las acciones o intereses de otros actores, entre los cuales se encuentran los Estados nacionales, valiéndose de medios financieros, culturales e ideológicos.
Resulta muy sana la revelación de los fondos que reciben desde el extranjero las organizaciones de la denominada sociedad civil con los cuales financian su actividad, generalmente dirigida a influir en las políticas públicas. Este es el aspecto preocupante de tales donativos que podrían ser bienvenidos para fines altruistas pero resulta que pretenden incidir en el establecimiento de dichas políticas. Ello implica, por definición, una actividad política pues aunque no sea partidista, tiende a determinar las decisiones del gobierno y en algunos casos dichas organizaciones incluso intervienen activamente en la integración de consejos o comisiones que desempeñan tareas públicas, como sucede cuando participan en la designación de servidores públicos como los consejeros del INE o las instituciones anticorrupción, entre otras. No es esta una cuestión menor; podría hasta implicar una violación a la disposición constitucional que establece: Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país. Indudablemente la adopción de medidas gubernativas es un asunto político que debe ser competencia exclusivamente de los ciudadanos mexicanos. Es perfectamente válido que estos se organicen para expresarse en torno del establecimiento de las decisiones públicas que les afectan. Lo pueden hacer en partidos políticos o en otras asociaciones como las que conforman la sociedad civil, pero esa actividad no debería estar influida por recursos del exterior que siempre tendrán una finalidad interesada.
Como politólogo este tema me ha preocupado profundamente y por ello escribí la obra Democracia sin Partidos publicada por Tirant lo Blanch en marzo pasado. La investigación ahí recogida se remonta varios años atrás y aquí les comparto una parte mínima de su contenido, invitando a quien le interese a consultar el libro en https://editorial.tirant.com/mex/libro/democracia-sin-partidos-hacia-el-empoderamiento-de-la-sociedad-civil-eduardo-andrade-sanchez-9788413134543?busqueda=Eduardo+Andrade+S%E1nchez&
Parto de la diferencia entre las organizaciones que “colaboran con finalidades estatales, o bien operan al margen de las mismas sin cuestionarlas o enfrentarlas. Así, por ejemplo, la Cruz Roja, el Comité Olímpico Mexicano, la Academia de la Lengua, los Centros de Integración Juvenil u organizaciones caritativas como Un Kilo de Ayuda, son organizaciones sociales a las que no siempre se suele etiquetar como de la sociedad civil organizada porque tal connotación suele reservarse para las que manifiestan un activismo en el campo político. Estas constituyen la organización social para la política, al margen de los partidos. Ello llevaría a intentar una distinción teórica entre Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s) “no politizadas” como las anteriormente mencionadas y las “politizadas” que no actúan operativamente en funciones de servicio social u organizando tareas colectivas sustantivas, sino que se dedican a la actividad política bajo el rubro general de “sociedad civil organizada”. Llama la atención que estas organizaciones reciben fuertes donaciones del extranjero. Entre sus donantes aparecen reiteradamente: Omidyar Network; las fundaciones The William and Flora Hewlett International; The David and Lucile Packard; The John D. and Catherine T. MacArthur; US-Mexico; International Community; Ford; Kellog y Open Society. Otros aportantes son: World Economic Forum; United States Agency for International Development; Global Integrity; Zennström Philanthropie y Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit. No basta con transparentar el origen del dinero, debería conocerse también su destino.
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