Poco antes de que comenzaran las (pre) campañas por la Presidencia de la República, desde este espacio comenté, que era del todo deseable, que los aspirantes a la Presidencia de la República, no utilizaran –sobre todo la crisis de seguridad pública-, como combustible electoral. Los riesgos de altisonantes promesas en la materia, como resulta evidente, conduce proponer medidas para alcanzar objetivos que están más cerca de la improvisación que la viabilidad. Con el paso de los primeros días de 2018, en mala hora, esa tendencia parece consolidarse.
Ha prevalecido durante varios años y administraciones en nuestro país, concederle una notable preponderancia la medidas de contención, persecución y enfrentamiento a las expresiones del crimen organizado y delincuencia común; por contraparte, muy poco se ha hecho –incluso desde la perspectiva de las asignaciones presupuestales-, en la materia de prevención de los dañinos efectos propiciados por la disfunción estructural de las dimensiones de la seguridad. Y eso se ve subrayado por la manera en que los aspirantes a la Presidencia de la República han abordado hasta ahora el tema.
Una sustancial plataforma de donde podrían partir ellos y sus equipos de campaña, es en la valoración de la Ley de Seguridad Interior. En este recurso jurídico, se encuentran los principales argumentos para las autoridades civiles puedan con el apoyo de la Federación, recuperar la paz pública, la vigencia del Estado de derecho, así como garantizar la integridad personal y patrimonial de la ciudadanía. Empero, cuando se trata de ganar votos, se interpone la absoluta necesidad de convocar la atención de la ciudadanía para que con base estridencias, se dé una superficial/coyuntural atención a un problema, estructural.
Las condiciones de deterioro que se observan en varias partes del país, por ejemplo, ha comenzado a ser tema para responsabilizar a los partidos gobernantes. Como si la afectación a la sociedad fuera un asunto secundario; no hay partido político nacional en sus expresiones locales, que se escape a los efectos de la presencia criminal. Pero peor aún, para el sistema social afectado, poco o nada le dice que sea un partido u otro, cuando las consecuencias son las mismas: vivir con miedo y bajo la presión corrosiva de los criminales.
Por eso, las expresiones y propuestas que se hagan en los ámbitos de la seguridad, en adelante, es decir, hasta la cita en las urnas, deben estar acompañadas de planteamientos bien argumentados, meditados, evaluados, comparados y documentados. Aquí de ninguna forma tiene cabida la irresponsable expresión de que “en todas las elecciones es igual”. El formidable costo social e institucional que hemos pagado, no permite que se someta el dolor de millones de personas, a los criterios efectistas de los diseñadores de las campañas.
En casos recientes y en otros países, ya hemos visto los costos que implican propuestas orientadas sólo por la ambición de ganar el poder.
javierolivaposada@gmail.com
@JOPso
