Nadie tiene duda, respecto de la importancia que adquirirá ese tema en las cientos de propuestas y programas por parte de las candidaturas, los partidos postulantes y la realización de una infinidad de foros y procesos de consulta que ya se llevan a cabo. Esto sin dejar de lado, e incluso, teniéndolo como un referente de prioridad uno, la escalada de violencia que desde el mes de mayo, se vive en varias y extensas partes del país. Contexto, ejemplos y tragedias, las hay.
Nos enteramos con una frecuencia dramática, de eventos impensables hasta hace poco, pero que ante la disponibilidad de ingentes cantidades de dinero y de acceso a la tecnología, hoy han regresado los coches-bomba, las minas antipersona, drones que transportan explosivos, entre otras muchas evidencias de hasta a dónde han llegado las organizaciones criminales complejas, el afán de sus negocios y capacidades destructivas/asesinas. Además de las execrable violencia machista, las poco más de 110 mil personas no localizadas y como se ha señalado en foros recientes, este será el sexenio más violento del siglo XXI en lo que se refiere a los datos de los delitos de alto impacto, en particular, los homicidios dolosos con arma de fuego. Y con datos oficiales, pues hay que reconocer la transparencia en la difusión de éstos.
Una condición sustancial en cuanto a las propuestas para procesar o al menos, contener la dinámica de las organizaciones criminales complejas y la delincuencia común, es que a partir de los diagnósticos y bases de datos, se hagan propuestas viables, sustentadas en la verificación científica, es decir, mucha más allá de la compresible buena voluntad o ánimo personal para salir, de una vez por todas, de la espiral, en apariencia inagotable, de las dañinas expresiones delictivas y de sus efectos inmediatos y mediatos. Así, las propuesta en materia de Seguridad Pública, si es que se pretenden ofrecer planteamientos sólidos, estos pueden ser posibles, aplicados y cumplidos, bajo la premisa de su indispensable adaptación.
De las principales explicaciones respecto del no cumplimiento en materia de Seguridad Pública, por la actual administración federal, fue la de culpabilizar al sexenio precedente y aún más atrás (2000-2018). No obstante, la inercia corrosiva del delito y la violencia no se detuvieron; se encarnizaron. Por ejemplo, dentro de las 32 entidades que forman la República Mexicana, 31 tendrán comicios para renovar los congresos locales. Esto es una novedad muy importante, pues para aprobar una reforma a la Constitución hecha por el Congreso de la Unión en dos terceras partes de las votación, de forma análoga se deberá proceder en las Cámaras de Diputados locales. Allí será el 50 +1% de los Estados y Cámaras de Diputados hayan optado por avalar la reforma en cuestión.
No es posible, sobre todo en los cargos ejecutivos locales, persistir en volver a pasado para explicar el presente y un agotado futuro. La forma de tratar a la violencia criminal, dependerá en mucho de las capacidades de organización y participación sociales. Ese será un reto fundamental para recuperar las capacidades de neutralización o más aún, para repeler las sistemáticas agresiones criminales hacia la sociedad. El realismo, la veracidad, lo demostrable, será la base (debiera ser la base) de cualquier propuesta que intente recuperar la paz y Seguridad públicas. Sólo así, estaremos en la antesala de los planteamientos viables, con efectivas capacidades para imponer la voluntad popular del voto, en programas y políticas de Seguridad Pública.
Las y los candidatos, deberán mostrar, consistentes capacidades para estar al frente de sus comunidades. Una de ellas, quizá la principal, tratar la Seguridad Pública, con la aspiración de recuperar el espacio público de convivencia
@JOPso
