Los resultados de los procesos electorales federales y locales de los últimos cinco años demuestran que la alternancia política en los cargos públicos es consustancial a la democracia mexicana. Nadie debe extrañarse si la evaluación en las urnas, por el voto ciudadano mayoritario, decide confiar en opciones políticas distintas a las que representan los gobiernos en turno.
El hecho es que las decisiones de las y los electores tiene efectos concretos en la definición de las políticas públicas y en la estrategia de los vencedores para afrontar las problemáticas y las crecientes demandas sociales. Los resultados legítimos de las elecciones pueden concentrar el poder público en una sola opción partidaria, o lo que es más complejo, en una sola persona, como en el caso de México en la figura del presidente de la república con su estilo muy personal de gobernar y con su decisión de impulsar, desde junio de 2021 una sucesión presidencial muy adelantada y que recientemente se formalizó en la precampaña convocada por Morena y en el proselitismo que durante 70 días protagonizan la y los aspirantes inscritos en el procedimiento.
Por su parte, la semana pasada, los partidos integrantes de la coalición opositora anunciaron un método inédito que, posteriormente, les permitirá presentar una opción competitiva en las elecciones de 2024. Advierto diferencias sustanciales frente al mecanismo implementado por el oficialismo. La primera tiene que ver con la novedosa alianza que lograron con organizaciones representativas de la ciudadanía para participar en un método que conjuntamente permita decidir qué persona es la más adecuada para encabezar los esfuerzos. Ello es relevante porque abre la posibilidad de concretar uno de los objetivos establecidos en la constitución para las organizaciones partidarias: hacer posible el acceso de las y los ciudadanos a los cargos públicos, pero sobre todo en incidir en sus procesos internos de selección.
Otra diferencia fundamental radica en la integración de una comisión que organizará el procedimiento y que se compone con mayoría de expertos electorales sin afiliación a los partidos, pero con representación de los institutos políticos y cuya responsabilidad es armonizar el ejercicio con las normas electorales que imponen obligaciones a todos las y los aspirantes a los cargos electivos, a la par que los partidos anunciaron que registrarán un Frente ante la autoridad electoral. Morena, por su parte, conduce con sus instancias internas y se mueve al amparo de una legislación que el miércoles pasado, por mayoría de votos, la Comisión de Quejas del INE, declaró absolutamente flexible y permisiva.
La siguiente diferencia está en que este procedimiento no tendrá un despliegue territorial de campañas simuladas con actos multitudinarios y muchas otras expresiones en bardas, espectaculares o redes sociales. Se desahogará en tres fases, que implican la integración de una lista de participantes, la recolección de 150 mil firmas de apoyo por cada aspirante a través de una aplicación; foros de presentación de propuestas y evaluación ciudadana por la vía de encuestas y una consulta a través de casillas que se instalarán en la fase final. Se busca, también garantizar transparencia, piso parejo y rendición de cuentas e informar paso a paso sobre el desahogo del mecanismo.
Considero que en las últimas dos semanas el escenario político ya no es igual ni monocromático. La percepción ciudadana sobre el 2023-2024 cambió. No hay opciones en solitario sino posibilidades para que se evalúen y se decida lo que mejor convenga al país. El reto será que, en el método anunciado por organizaciones de la sociedad y partidos opositores, la intervención ciudadana no se diluya, se manifieste con claridad e incida realmente en la decisión.
Profesor en UNAM, UP y UX. Especialista en materia electoral.
@MarcoBanos
