La recuperación global presiona fuertemente los precios de las materias primas, pero una industria tan importante para México como la minería afronta con restricciones relevantes ese escenario extraordinario y con proyección de ciclo de largo plazo. En particular, para la realización de inversiones, como urge tras la recesión más abrupta en casi 100 años. La situación es un buen ejemplo de los cuellos de botella tan innecesarios como inoportunos que una politización excesiva opone a la actividad y al desarrollo económico.
Es un ejemplo perfecto de cómo podemos dejar escapar oportunidades en la medida que sigamos enfrascados en esa dinámica en la cual la lógica económica llega a quedar como rehén de ideologías, retórica y necesidades políticas. Una limitación perfectamente evitable si hay voluntad.
Tendencias como la transición a fuentes de energía renovable y los vehículos eléctricos abren un panorama promisorio para nuestra industria minera, como proveedora importante de metales como litio, cobre, plata, fluorita y zinc. México ya es una potencia minera: estamos entre los primeros 10 productores en 17 minerales relevantes. Podríamos ser aún más importantes; en cambio, estamos perdiendo competitividad e inversiones.
Básicamente por incertidumbre política y jurídica, burocratismo e inseguridad persistente, en sólo dos años la inversión en el sector cayó casi 43% y bajamos 13 lugares en la clasificación de atractivo minero del Instituto Fraser de Canadá, quedando detrás de otras naciones mineras latinoamericanas, como Colombia, Chile, Perú y Brasil. Hacia esos y otros países están yéndose inversiones o no se retoman planes en México que quedaron en pausa con la pandemia y el desplome temporal de los precios.
No sólo se ha advertido que no habrá más concesiones para producción minera, sino que se ha amagado a derechos ya otorgados con revisiones y medidas con problemas de retroactividad, tal como en los sectores hidrocarburos y eléctrico. Mientras, están detenidos o avanzan en cámara lenta trámites y permisos de impacto ambiental, cambio de uso de suelo o relacionados con el agua.
La cuestión es que los tiempos de la inversión y el desarrollo en un sector como éste no pueden adaptarse a los de la politización. La vigencia de una concesión es de 50 años, con posibilidad de ampliación por otro tanto, porque tan solo la fase de exploración puede llevarse años y en todo ese tiempo hay que invertir sin generar ingresos.
El potencial geológico minero es fundamental, pero su valor depende de la seguridad de poder aprovecharlo en periodos de tiempo amplio, con reglas claras y estables. De acuerdo con el reporte Fraser, 60% de la decisión de inversión en un proyecto se basa en la evaluación del mineral, pero 40% está determinado por factores relacionados con política, gobernabilidad y Estado de derecho.
No es poca cosa que mineras canadienses lleguen a tener frenadas inversiones por 130 millones de dólares en nuestro país, según ha informado la Cámara de Comercio de Canadá. Básicamente, piden vigencia del Estado de derecho que les dé estabilidad y seguridad: reglas claras y consistentes, no retroactividad, ni discrecionalidad y arbitrariedad, sea en materia regulatoria, fiscal o laboral.
Es claro que, además de la inseguridad por la delincuencia que se arrastra de años, ha cobrado fuerza como freno la incertidumbre jurídica, producto en buena parte de la política motivada por ideología y preconcepciones que no corresponden con la realidad. Por ejemplo, se ha afirmado que hasta 80% del territorio nacional se entregó a concesiones mineras en administraciones anteriores: especialistas o la Cámara Minera de México, con soporte de datos oficiales, apuntan que solo es alrededor de 9%, con apenas una cuarta parte de eso en operación.
Se ha hablado de una consulta popular sobre la nacionalización del litio, cuando éste ya es propiedad de la nación, como los demás yacimientos de minerales, por disposición del Artículo 27 Constitucional. Asimismo, que Bolivia nos asesorará, cuando ese país, al carecer del capital y la tecnología necesarias, no ha logrado industrializar sus reservas masivas desde que estableció el monopolio estatal en 2008. Todo esto cuando avanzan proyectos de inversión en el área, en Sonora, que demandan cantidades ingentes de recursos y alta tecnología.
Difícil ver cómo podría México beneficiarse con estas políticas y actitudes. En cambio, los riesgos son patentes. La industria minera pone más del 2.5% al PIB nacional, genera cerca de 2.4 millones de empleos directos e indirectos y es central para diversos encadenamientos productivos, sobre todo en zonas mineras de estados como Zacatecas, Sonora, Chihuahua, Durango y Guerrero, con proveeduría local en la que participan más de 9 mil 700 empresas.
La buena noticia: estos frenos al desarrollo económico pueden ser superados de manera relativamente sencilla si se opta por el realismo y el pragmatismo en torno a lo que funciona en términos de inversión, creación de empleos y crecimiento. Todo esto se puede hacer con una fórmula ganar-ganar para el Estado mexicano, las comunidades de regiones mineras y las empresas, y con el menor impacto ambiental posible. Pero el tiempo pasa y las oportunidades se van. Hay que actuar.
