Dice el diccionario que “normalizar” es “regularizar o poner en orden lo que no lo estaba” o “hacer que algo se estabilice en la normalidad”, y en el modelo de la Nueva Escuela Mexicana, precisamente se trata de que las instituciones públicas formadoras de docentes cumplan las funciones que les corresponden, sin desviaciones ni desnaturalizaciones que afectan el normal desarrollo educativo. Para ello es importante la vinculación directa entre la formación adquirida en escuelas normales y la adjudicación de plazas en el sistema educativo a partir de la lógica irrebatible de que si el Estado ha otorgado su título al maestro es porque comprobó tener los conocimientos y habilidades para acceder a la carrera magisterial.
El símil empleado por el Presidente López Obrador al comparar la formación magisterial con la que se brinda a quienes habrán de integrarse como oficiales del ejército una vez egresados del Colegio Militar es muy ilustrativo para comprender que el Estado, al preparar a los jóvenes cuya vocación los conduce al servicio de las Fuerzas Armadas, habrá de ofrecerles el acceso a los cargos para los que están capacitados en función de la educación recibida. El Estado debe preparar al personal que cumpla actividades estratégicas, y la educación lo es, para que una vez formado, tenga la seguridad de prestar al propio Estado el servicio para el cual se le preparó.
He escuchado a algunos analistas sostener que lo planteado por el Presidente en cuanto al acceso de los egresados de las normales a la función docente es contrario a la Constitución, tal punto de vista es equivocado desde el momento que claramente el nuevo texto del artículo 3° constitucional señala que “El Estado fortalecerá a las instituciones públicas de formación docente, de manera especial a las escuelas normales, en los términos que disponga la ley”. Precisamente es la ley la encargada de fijar los términos a través de los cuales se conseguirá el fortalecimiento constitucionalmente ordenado y la particularización respecto de las escuelas normales públicas faculta al legislador ordinario para determinar un procedimiento como el que ha señalado el presidente de la República.
La educación es un servicio público y cuando se presta a través de las escuelas establecidas por el Estado la propia autoridad estatal tiene el deber de determinar una continuidad entre la formación magisterial y el desempeño subsecuente de dicha actividad. Se trata de una profesión de Estado destinada a cumplir un servicio esencial en beneficio de la población.
La preparación de los maestros es de alta prioridad para el Estado ya que el desarrollo social y económico depende de la educación que reciban los niños, las niñas y los jóvenes. La profesión magisterial ha sido preocupación estatal de tiempo atrás. Las normales surgieron en Francia a finales del siglo XVIII, los revolucionarios franceses entendían la necesidad de “normalizar” la educación sujetándola a normas que garantizaran el aprendizaje. Se partía de la premisa de que enseñar es un arte que requiere técnicas especiales para la transmisión de los conocimientos. A la primera escuela normal francesa se convocaba a personas ilustradas para adquirir las destrezas necesarias a fin de transmitir sus conocimientos. No cualquiera que sabe algo puede enseñarlo. La preparación magisterial debe tener carácter específico y no abrir el ejercicio de una profesión tan delicada a cualquiera que tenga conocimientos de su profesión, pero que carezca de habilidades didácticas.
Las escuelas normales se diseñan para enseñar a enseñar. Para ello imparten conocimientos teóricos pero también adiestran de manera práctica a quienes en ellas estudian a fin de que desarrollen sus habilidades frente a los grupos que en el futuro serán objeto de sus enseñanzas. Así, desde el origen de estas escuelas se realizaba un entrenamiento bajo la supervisión de maestros con experiencia en las aulas a fin de que los profesores en formación enfrentaran las dificultades objetivas de su tarea a partir de la experiencia directa dirigida por quienes ya la practicaban de tiempo atrás.
Obviamente, la garantía de acceso a las plazas de profesores a partir del egreso de las escuelas normales parte del supuesto lógico de que tal esquema exige el cumplimiento de determinadas condiciones para el desarrollo adecuado de la función educativa. El fortalecimiento de la escuela normal implica una mejora de los procesos de preparación que en ella se realizan; una adecuada selección de quienes ingresan tomando en cuenta no solo las características de los aspirantes, sino el número de plazas requerido para cubrir las necesidades de las escuelas públicas.
Es verdad que las normales han sido descuidadas en demérito de la satisfacción de las aspiraciones de la sociedad mexicana, pero eso no es razón para pretender desplazarlas de su función, sino un motivo para cumplir la disposición constitucional de fortalecerlas.
eduardoandrade1948@gmail.com
