Desde luego, que puede resultar un tanto prematuro. Pero dado el nivel de expectativas pero sobre todo, por la gravedad de la crisis de inseguridad pública que se vive en varias partes del país, propicia que desde ahora, los ciudadanos y los estudiosos de estos temas, nos vemos a la tarea de analizar la viabilidad y oportunidad en la creación de esta nueva corporación. Es indudable que la vía parlamentaria para la creación de la Guardia Nacional, una impresionante mayoría absoluta -solo un voto en contra en la Cámara de Diputados, es un mensaje de relevancia en cuanto al respaldo político y jurídico con el que nace la Guardia Nacional.
Sin embargo, las severas inconsistencias y ambigüedades que se observan en la Iniciativa recientemente aprobada, deja en claro que falta un largo camino por recorrer. No solo por lo que hace a la necesidad de la Ley Orgánica y del Reglamento Interior correspondientes, sino también por lo que se refiere a aspectos fundamentales como la continuidad laboral de los integrantes de la Guardia Nacional, las condiciones de trabajo en general así como una serie de obras de infraestructura que van a necesitar a lo largo y ancho del país. No debe perderse de vista en ningún momento, que el país vive una verdadera emergencia crítica por la actividad criminal organizada y común.
La respuesta del Estado mexicano, en sucesivos gobiernos, que arrancan desde Carlos Salinas de Gortari, ha sido básicamente reactiva. Es decir, se han enfocado a realizar modificaciones estructurales muy importantes al aparato público federal y de seguridad pública, pero en todos los casos sin excepción, ha predominado una visión reactiva más que una visión de largo aliento, a partir de la aplicación de medidas de carácter inmediato, mezcladas con planteamientos y programas cuya principal finalidad es modificar la percepción de la ciudadanía. De allí que la pendiente de violencia que vive México, lejos de al menos contenerse, se agrava. Y allí están los datos oficiales al respecto.
El reto inmediato es doble. El primera desde luego y sin sombra de duda, es contener y someter a la criminalidad para sentar las bases de una tranquilidad duradera. La segunda, acometer con precisión y recursos, la estructuración de los sistemas judicial y penitenciario, para que en el mediano plazo, agredir a la sociedad y a la autoridad tenga una verdadera sanción para el infractor. Es decir, para la Guardia Nacional es el primer reto y para la autoridad civil es el segundo. Es deseable que sobre todo, el ámbito civil esté a la altura del desafío, pues la historia reciente evidencia que cuando se solicita por parte de la sociedad y las autoridades la intervención de las Fuerzas Armadas, estas lo hacen bien y de forma oportuna. Tal y como lo han venido haciendo en las intensas actividades de apoyo a la Seguridad Pública.
Ahora con la creación de la Guardia Nacional, no obstante la calidad de la Iniciativa aprobada, veremos cómo aportan lo mejor de sí. Ojalá y estemos en condiciones de complementar tan implorante esfuerzo.
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