Esos y otros términos, han sido utilizados desde enero de 2008, cuando el despliegue de las unidades militares de la Organización del Tratado Atlántico Norte, tomaron la determinación de incluir en sus actividades prioritarias, la erradicación de los cultivos de opio, pues las ganancias comenzaron a ser utilizadas por la guerrilla El Talibán, para el financiamiento en la adquisición de armas y pertrechos para resistir a los invasores. A partir de entonces, el término fue aplicado a varias organizaciones, como en el caso de algunos Frentes de la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) así como de otros movimientos armados irregulares en el centro y norte de África.
La decisión de reconvertir los cultivos de opio en dinero para la resistencia, fue tomada en una asamblea de Mullahs (lo más cercano a nuestra cultura serían sacerdotes de parroquias) para retirar la clasificación de pecado la producción de los derivados de dicha planta. Hoy Afganistán, de acuerdo con las Naciones Unidas, es el principal productor y exportador de los derivados del opio. Debe considerarse que en México, por lo menos, desde la década de los 30 del siglo pasado, las Fuerzas Armadas han estado y están empeñadas en esa misma tarea.
Ahora bien. En la semana pasada, una Corte Federal en el Estado de Dakota del Norte, en los Estados Unidos, aceptó la demanda del despacho Montley Rice, para que la familia LeBaron, sea indemnizada de acuerdo con los criterios de la Ley de Beneficios para Víctimas del Terrorismo Internacional clasificada como S.1275, y promulgada a partir de los atentados del 11 de septiembre de 2001. La reclamación está dirigida en contra de la organización criminal con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua. Este asunto en caso de prosperar, implicará un cambio sustancial en las relaciones entre México y los Estados Unidos, así como una larga serie de repercusiones en los acuerdos comerciales.
Pero no sólo eso. También en lo que concierne a reconocer una calidad absolutamente ilógica, que es concederle reivindicaciones sociales, políticas o ideológicas, a organizaciones que depredan los sistemas sociales, productivos e institucionales. Es deseable que las representaciones diplomáticas de México, Embajadas y Consulados, sobre todo en Estados Unidos y Canadá, se den a la tarea de contener esa absurda tendencia, al final del día, es conceder una calidad que desde luego no tienen dichas organizaciones.
Debo subrayar, que el clamor de justicia para la familia LeBaron y miles más, debe estar o debería estar, en el centro de cualquier programa o política para la recuperación y consolidación de la Seguridad Pública. De allí que el enfoque hacia una actividad criminal, en sus más amplios términos, no puede ser conceptualizada ni tratada en condiciones jurídicas, como una expresión de inconformidad social o política. Así, es difícil explicar como Estados Unidos y Canadá tienen un socio con expresiones activas de “terrorismo”. Una interesante polémica.
javierolivaposada@gmail.com
@JOPso
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