Andrea Velasco Fuentes
Investigadora del CASEDE
Uno de los principales indicadores del compromiso que el gobierno guarda con determinado tema es la asignación del presupuesto. En este sentido, hay un amplio consenso entre organizaciones nacionales e internacionales sobre la necesidad de aumentar los recursos asignados al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE).
El presupuesto asignado al Mecanismo es claramente insuficiente. Llama la atención el discurso desde el Ejecutivo Federal que, por una parte, afirma que hay un respaldo inequívoco a la libertad de expresión, que más recientemente se ha visto reflejado en un aumento en el presupuesto del Mecanismo de más del 60%. En contraste, también se instauró el “Quién es quién en las mentiras”, ejercicio que pretende exhibir la información falsa que supuestamente publican los medios de comunicación. Este segmento de las “conferencias mañaneras” ha sido duramente criticado por organizaciones, organismos y medios tanto nacionales como internacionales, pues refuerza el mensaje de falta de respaldo por parte el Gobierno Federal hacia el gremio periodístico. Este mensaje se replica a nivel estatal y local, permitiendo o incluso incentivando las agresiones contra periodistas y personas defensoras.
En este sentido, cabe resaltar dos aspectos del artículo de Leonardo Curzio, recientemente publicado en el “Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2020” por el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (CASEDE): Zonas de silencio. La libertad de expresión amenazada (ver en www.casede.org) El primero, la autocensura que implementan los periodistas y los jefes de medios para no ser sujetos de agresiones, como acoso judicial por parte de distintos actores, incluyendo funcionarios públicos. Uno de los factores que contribuyen a esto es la falta de respaldo o señalamientos por parte de autoridades de distintos niveles, lo que representa una pérdida de información para la sociedad.
Segundo, el Mecanismo de Protección funciona de manera reactiva y no preventiva, no porque en su estructura no contemple un área con estas características, sino porque sus recursos son insuficientes para tener este alcance. El Presidente ha solicitado a Alejandro Encinas realizar una evaluación y posible reestructuración del Mecanismo para mejorar su funcionamiento. Esto puede significar una oportunidad para lograr, en un primer momento, que éste cumpla adecuadamente sus funciones reactivas, pues resulta alarmante el aumento en los homicidios a beneficiarios del Mecanismo en los últimos años –nueve en lo que va del sexenio–, personas cuyas medidas de protección, incluyendo escoltas, como con el caso de Pablo Morrugares, fueron insuficientes, pues fue asesinado en 2020, sin poder defenderlo efectivamente. En un segundo momento, se debe consolidar un área con recursos suficientes para identificar riesgos e implementar medidas preventivas. Sin esto, el alza en las agresiones a estos grupos no cesará.
El Gobierno Federal debe tomar una postura en pro de los derechos humanos y ser congruente con ella, no de manera parcial en el discurso y, aparentemente, en el presupuesto asignado, sino reconociendo y respaldando activa y constantemente su labor. Es menester cambiar el discurso oficial donde sea evidente que el gobierno los protege y que, si se dan atentados contra los periodistas, éstos no queden impunes.
