Por Carlos Barrachina Lisón
En el actual gobierno mexicano la presencia de los militares en el escenario político y en la vida cotidiana ha tomado visos de permanencia. El cabildeo para el “retorno” del general Salvador Cienfuegos, muestra que México tiene mucha importancia para la seguridad estadounidense, y que nuestro país tiene más fuerza política de la que nos atrevemos a reconocer.
El crecimiento de la inseguridad pública y la irrupción del crimen organizado en toda América Latina es un fenómeno relativamente reciente que tiene poco más de 20 años. Los gobiernos no han sabido reaccionar frente a este reto, y se han dejado llevar sin enfrentar de forma eficiente el problema.
La clase política no ha estado a la altura del desafío, y ello provoca el deterioró creciente de la situación. El recurso a los militares ha sido la salida fácil, frente a la falta de respuesta de las instituciones que deberían hacer frente a las crecientes situaciones de inseguridad. En lugar de fortalecer a las policías y asumir responsabilidad política, se ha delegado y ha aumentado el poder de las fuerzas armadas.
No se sabe bien a bien qué argumentos le dieron los militares a Felipe Calderón y a Andrés Manuel López Obrador, pero los dos salieron convencidos de que eran la institución más solvente del Estado mexicano. Los dos tenían una agenda distinta inicialmente, y cayeron víctimas del mismo embrujo.
La presencia militar en las calles no ha arreglado la situación de la inseguridad pública; y ha generado situaciones muy confusas y graves acusaciones de violación de los derechos humanos. Lo más complicado es que con la conformación de la Guardia Nacional, no hay visos de que se vaya a revertir la situación.
Las fuerzas armadas no pueden ser autónomas; tienen que tener una dirección civil, combinar diferentes perfiles profesionales en la gestión del sector, estar presentes en misiones internacionales proyectando la soberanía mexicana, ayudando en misiones de paz internacional; y deben planear la salida de las calles. El Estado debe construir instituciones de seguridad pública, de protección civil, y todas aquellas áreas en las que están presentes los militares en el interior del país. Esto no debe ser por “revancha”, o por atacar a las fuerzas armadas y sus integrantes, sino para lograr una gobernabilidad más democrática y racional.
En los países latinoamericanos las fuerzas armadas han asumido la gestión de la seguridad pública y la lucha contra el crimen organizado. En parte hubo presión de Estados Unidos, pero la principal razón es la falta de fortalecimiento de los cuerpos de seguridad pública. Los políticos únicamente confían en las instituciones militares. Las agencias antinarcóticos y militares estadounidenses, a las que les encargaron la guerra contra el narcotráfico, les agrada la idea, porque se encuentran más cómodos entre iguales.
El Estado mexicano debe asumir con visión de futuro y valentía la gestión de la seguridad pública, y no sólo conformarse en la participación de los militares. Los civiles en el gobierno deben darse cuenta que la defensa y la seguridad del país requieren de ciudadanos con perfiles profesionales distintos trabajando en estos sectores. Aunque a algunos les parezca mentira, esta posición es la que más respeta a los militares y a las fuerzas armadas porque los circunscribe a su profesionalidad.
Integrante del CASEDE y Profesor-Investigador de la Universidad Anáhuac.
