Por Sarah Hirsch
La abundancia de armas ilícitas en este país es un tema que por muchos años ha ocupado un espacio en el fondo del panorama de seguridad, sin ganar la misma atención que el narcotráfico y las drogas. No obstante, los datos y estudios convergen para indicar que el flujo importante de armas traficadas desde los Estados Unidos ha influido en el aumento de la tasa de homicidio en México: 70% de las armas incautadas provienen de los Estados Unidos, se estima que 85% de las armas de fuego en México ingresaron de forma ilegal y el porcentaje de los homicidios cometidos con armas de fuego ha subido por 55% en poco más que una década. El impacto sobre los derechos humanos es imposible de ignorar.
Esta conciencia es el sedimento sobre el cual se puede sembrar la problematización a esta situación. Sin embargo, para abrir una rica conversación pública, hay otra dimensión que es importante esclarecer: la estratégica. El panorama mexicano de armas ilícitas—la cual comparte muchos rasgos con otros países de América Latina—nos insta a pensar en soluciones creativas y seguir desarrollando las políticas de seguridad domésticas de forma creativa.
El punto de partida de cualquier debate sobre las armas de fuego es la regulación. Hay excepciones, como Suiza, pero en general, la regulación estricta se entiende como el método más adecuado para llegar a controlar la tenencia de armas entre la población y las malas consecuencias que vienen de ella. Japón, el Reino Unido, Australia y Noruega son mencionados con frecuencia como países ejemplares. No obstante, pocas veces se examina la factibilidad de la regulación como estrategia.
Estos cuatro países comparten dos características importantes que los diferencian de México: el problema de grupos criminales está de menor escala y son naciones isleñas (o casi isleñas, en el caso de Noruega), lo cual facilita la tarea de regulación de la entrada de mercancía exterior. Esto significa que, en México, el control del mercado ilícito es mucho más complicado, comparativamente.
Aunado a eso, hay que recordar que un mercado ilegal no se regula: se penaliza. La regulación es para bienes legales; por ejemplo, no se puede repartir algo que no debería estar en circulación. No todas las armas son ilegales, pero en un mercado que es 85% ilícito y donde llegan un estimado 213,000 artículos adicionales por año, la porción que es posible regular es diminuta.
Actualmente, la tarea se comparte principalmente entre la SEDENA, la cual está encargada de regular las armas, y la FGR y otras organizaciones de seguridad pública, las cuales las penalizan. Los obstáculos a la transferencia de información entre las organizaciones dificultan el control efectivo. Sin embargo, mover todas las facultades necesarias a un ramo o el otro presentará otra serie de problemas: si la SEDENA tiene la capacidad tanto de regular como de penalizar, se violarán varios pesos y contrapesos que sostienen la democracia. Por otro lado, en luz de las lecciones aprendidas por la Guerra contra las Drogas, volver todas las armas ilegales y encargar su combate a la seguridad pública al 100% tampoco reducirá su presencia.
Entonces, hay que tener en cuenta que implementar un régimen de control de armas más eficaz será difícil en todos los casos, especialmente porque la creación de leyes más restrictivas puede agravar el problema. Hay que realizar el proceso con una combinación de la cooperación internacional, la reducción de la impunidad, la promoción de los derechos humanos en la sociedad y la paciencia, sin faltar ingredientes.
*Asociada de Inteligencia e Investigación Forenses en Kroll, Maestra en Administración y Políticas Públicas del CIDE. El análisis y las opiniones expresados en este texto no reflejan la posición de Kroll.
