Los nombres de Olga Sánchez Cordero y Esteban Moctezuma como futuros integrantes del gabinete de López Obrador han sido recibidos con beneplácito por un amplio sector de la sociedad. Ambos son personajes de reconocida capacidad, experiencia y probidad. A su prestigio personal se ha unido el mensaje positivo de sus respectivos planteamientos públicos.
Ambas áreas son vitales para la Nación y sus retos son enormes. En cuanto a la educación, el futuro del país, como el de cualquier otro, depende de su calidad y elevarla no va a ser fácil. Un buen augurio es saber que Moctezuma entiende la necesidad de poner en juego la máxima destreza negociadora para lograr compatibilizar la atención de demandas laborales con el rendimiento académico de los profesores, como lo ha expuesto en diversas entrevistas. También es promisoria la posición que plantea en cuanto a la forma de evaluar a los maestros. Bien ha señalado que no necesariamente una verificación compulsiva de conocimientos a través de métodos computacionales va a garantizar la capacidad profesional de los mentores. La mejor manera de evaluar la tarea pedagógica es verificar el aprovechamiento de los estudiantes. Con acierto el próximo Secretario de Educación ha dicho que para esos efectos resultaría útil realizar la evaluación de los alumnos a través de exámenes diseñados en conjunto por los profesores, que se apliquen de manera imparcial sin que necesariamente el propio maestro del grupo sea el que otorgue la calificación. De algún modo es la idea del sistema de exámenes departamentales que hace ya 30 años intentamos aplicar en la UNAM, sin que se haya alcanzado plenamente este objetivo. Por eso es importante que se insista en un método evaluativo por medio del cual se consiga el verdadero propósito de la educación, que es la elevación de los conocimientos y habilidades de los educandos. Resulta también muy atractivo el punto de vista expuesto por Moctezuma en relación con el valor que tienen la música y el deporte en los procesos educativos. Se trata de actividades que promueven un desarrollo integral de habilidades cognoscitivas, emotivas, físicas y sociales que generan condiciones de participación colaborativa indispensables en la formación de niños y jóvenes.
La Secretaría de Gobernación tiene a su cargo la relación con los otros poderes y la justicia requiere atención especial. Su futura titular, la Ministra Sánchez Cordero —Ministra en Retiro—conoce bien el tema y ha planteado la necesidad de fortalecer la independencia de los poderes judiciales. Condición especial de tal independencia es la inamovilidad, como una garantía que no protege a la persona, sino cuyo objeto es asegurar un funcionamiento ajeno a las posibles presiones tanto del poder político, como del económico y hasta del mediático, a fin de que los juzgadores no se sientan obligados a fallar en determinado sentido y tengan la certeza de que su permanencia en el cargo no depende de satisfacer deseos ajenos a la impartición imparcial de la justicia. Otra propuesta va en el sentido de que los poderes judiciales dispongan de una proporción del presupuesto asignada a ellos en la Constitución federal. A ello conviene precisar que los recursos les lleguen directamente sin la intermediación de otro poder. Es muy satisfactorio constatar que quien habrá de encargarse de la política interior impulsa esta aspiración que viene de tiempo atrás. Al respecto creo conveniente reiterar lo que escribí hace 17 años en un trabajo que presenté ante el IV Congreso Nacional de Derecho Constitucional:
“La importancia de elevar a rango constitucional una disposición que señale un porcentaje fijo al Poder Judicial radica en el aseguramiento del pleno respeto a su autonomía. Impartir justicia pronta y expedita, como lo ordena la Constitución, debe significar asegurarle a los gobernados que los órganos encargados de impartirla cuenten con los elementos suficientes y necesarios para administrarla con eficiencia, con eficacia, con profesionalismo y con dignidad. Me parece que el Poder Judicial debe reconocerse precisamente como un ‘Poder’. La palabra por sí misma significa fuerza y vigor. Si nos atenemos a la disposición del artículo 39 constitucional de que el poder dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste, esa y no otra debe ser la misión del Poder judicial, si el pueblo garantiza esa autonomía presupuestal en la Constitución, habrá de darse a sí mismo herramientas para su propia defensa, no de los otros poderes, sino de sus propias libertades.” Mi propuesta desde aquella época señalaba un monto de alrededor del 2% del presupuesto federal o local según el caso.
Estas son solo algunas de las ideas que han expuesto los futuros funcionarios y si a través de una implementación eficaz logran ponerlas en práctica, indudablemente que veremos mejoras trascendentales en los campos que tendrán asignados.
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