/ viernes 26 de abril de 2019

Seguridad: reto de la nación

El primer trimestre de este año fue el más violento de que se tiene registro, en función del número de homicidios dolosos: 8 mil 737, de acuerdo con cifras del último reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. De seguir esta dinámica, el 2019 superará con creces al 2018 como el peor año en la historia reciente del país en este rubro. Con estos indicadores, y a la sombra de la masacre de Minatitlán, no es de extrañar que la semana estuviese marcada por la consternación en torno a la inseguridad sin que la promesa o la estimación del Presidente de que en seis meses veremos una mejoría que genere confianza como contrapeso.

Sería una gran noticia el que hubiera resultados pronto. Sin embargo, parece muy difícil que así sea, y aún más el lograr, en tan corto tiempo, algo verdaderamente trascendente y sostenible. Mientras que la estrategia y las medidas planteadas tienen horizontes de largo plazo, la realidad sigue su curso, más allá de planes y buenos deseos.

Un día después de que, en la conferencia de prensa presidencial del lunes, se hablara de ese plazo, la organización Semáforo Delictivo confirmó la tendencia desfavorable en el aquí y ahora: nueve delitos de alto impacto al alza en el primer cuarto del año. El homicidio creció 10 por ciento respecto del periodo enero-marzo del año pasado, pero la extorsión y el secuestro aumentaron 47 y 45 por ciento respectivamente. Este último dato concuerda con lo que reveló Alto al Secuestro, el 15 de abril: 709 plagios en los primeros cuatro meses del sexenio, seis por día.

Ante esta perspectiva, lo primero es tener bien presente que este no es un asunto de liberales o conservadores, de derecha o izquierda. La inseguridad, la delincuencia, la violencia, son retos de la Nación, de todos los mexicanos, no de un gobierno. Sus efectos trascienden ideologías, formaciones partidistas y sectores de la población; lo mismo aplica para las soluciones.

Desunidos y sin coordinación, difícilmente hay avance, y menos aún en un panorama de polarización política o social.

Entre los factores que explican el fracaso en materia de seguridad en los últimos años, y en particular en los tres periodos presidenciales de lo que va del siglo, quizá el que más pessa es que, hasta ahora, no hemos logrado concretar un auténtico compromiso compartido en la materia, más allá de la retórica. Aunque tuviésemos la estrategia más pertinente y consistente, tampoco en este sexenio iremos muy lejos sin ese elemento, porque sin él, ninguna funcionará del todo.

Corresponsabilidad y coordinación efectivas y eficaces no sólo a nivel del gobierno federal, y ahora con una participación más activa y definida de las Fuerzas Armadas, sino también, fundamentalmente, con los estados y los municipios. A fin de cuentas, son el primer contacto de la población con las autoridades y el Estado, responsables de los delitos del fuero común y, hoy por hoy y por muchos años más, de la mayoría de los policías y del personal de las fiscalías y agencias del Ministerio Público en el país.

La Guardia Nacional puede ser una palanca de cambio muy importante, con las capacidades que le imprimiría la disciplina, la organización y la experiencia del Ejército y la Marina, pero no puede llenar por sí sola los vacíos que existen por las carencias y las taras de gran parte de las corporaciones estatales y municipales.

De la misma forma, la nueva fórmula puede ser muy útil para disuadir la criminalidad y ampliar la capacidad de respuesta y generar confianza, por el aumento en el número de elementos y una mayor presencia territorial. No obstante, para superar el grave déficit que arrastramos de impunidad necesariamente tenemos que ir a fondo en la reforma de nuestro sistema de procuración de justicia. Fiscalías autónomas, profesionalizadas, libres de corrupción, a nivel federal y estatal; capaces de investigar y armar expedientes sólidos, para que los delincuentes vayan a la cárcel.

El Presidente tiene razón: hay que ir a las causas. La marginación, la pobreza, la falta de oportunidades que enfrentan los jóvenes, la corrupción.

El primer trimestre de este año fue el más violento de que se tiene registro, en función del número de homicidios dolosos: 8 mil 737, de acuerdo con cifras del último reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. De seguir esta dinámica, el 2019 superará con creces al 2018 como el peor año en la historia reciente del país en este rubro. Con estos indicadores, y a la sombra de la masacre de Minatitlán, no es de extrañar que la semana estuviese marcada por la consternación en torno a la inseguridad sin que la promesa o la estimación del Presidente de que en seis meses veremos una mejoría que genere confianza como contrapeso.

Sería una gran noticia el que hubiera resultados pronto. Sin embargo, parece muy difícil que así sea, y aún más el lograr, en tan corto tiempo, algo verdaderamente trascendente y sostenible. Mientras que la estrategia y las medidas planteadas tienen horizontes de largo plazo, la realidad sigue su curso, más allá de planes y buenos deseos.

Un día después de que, en la conferencia de prensa presidencial del lunes, se hablara de ese plazo, la organización Semáforo Delictivo confirmó la tendencia desfavorable en el aquí y ahora: nueve delitos de alto impacto al alza en el primer cuarto del año. El homicidio creció 10 por ciento respecto del periodo enero-marzo del año pasado, pero la extorsión y el secuestro aumentaron 47 y 45 por ciento respectivamente. Este último dato concuerda con lo que reveló Alto al Secuestro, el 15 de abril: 709 plagios en los primeros cuatro meses del sexenio, seis por día.

Ante esta perspectiva, lo primero es tener bien presente que este no es un asunto de liberales o conservadores, de derecha o izquierda. La inseguridad, la delincuencia, la violencia, son retos de la Nación, de todos los mexicanos, no de un gobierno. Sus efectos trascienden ideologías, formaciones partidistas y sectores de la población; lo mismo aplica para las soluciones.

Desunidos y sin coordinación, difícilmente hay avance, y menos aún en un panorama de polarización política o social.

Entre los factores que explican el fracaso en materia de seguridad en los últimos años, y en particular en los tres periodos presidenciales de lo que va del siglo, quizá el que más pessa es que, hasta ahora, no hemos logrado concretar un auténtico compromiso compartido en la materia, más allá de la retórica. Aunque tuviésemos la estrategia más pertinente y consistente, tampoco en este sexenio iremos muy lejos sin ese elemento, porque sin él, ninguna funcionará del todo.

Corresponsabilidad y coordinación efectivas y eficaces no sólo a nivel del gobierno federal, y ahora con una participación más activa y definida de las Fuerzas Armadas, sino también, fundamentalmente, con los estados y los municipios. A fin de cuentas, son el primer contacto de la población con las autoridades y el Estado, responsables de los delitos del fuero común y, hoy por hoy y por muchos años más, de la mayoría de los policías y del personal de las fiscalías y agencias del Ministerio Público en el país.

La Guardia Nacional puede ser una palanca de cambio muy importante, con las capacidades que le imprimiría la disciplina, la organización y la experiencia del Ejército y la Marina, pero no puede llenar por sí sola los vacíos que existen por las carencias y las taras de gran parte de las corporaciones estatales y municipales.

De la misma forma, la nueva fórmula puede ser muy útil para disuadir la criminalidad y ampliar la capacidad de respuesta y generar confianza, por el aumento en el número de elementos y una mayor presencia territorial. No obstante, para superar el grave déficit que arrastramos de impunidad necesariamente tenemos que ir a fondo en la reforma de nuestro sistema de procuración de justicia. Fiscalías autónomas, profesionalizadas, libres de corrupción, a nivel federal y estatal; capaces de investigar y armar expedientes sólidos, para que los delincuentes vayan a la cárcel.

El Presidente tiene razón: hay que ir a las causas. La marginación, la pobreza, la falta de oportunidades que enfrentan los jóvenes, la corrupción.