Cuando el presidente López Obrador recientemente justificaba que no se combatiera a integrantes de bandas criminales argumentando que son seres humanos a los que también hay que cuidar, pensé en las mujeres que aún no adquirimos el rango de humanas en la retórica presidencial.
Cada vez que se le cuestiona al presidente sobre el aumento de la violencia contra las mujeres, los feminicidios y las desapariciones forzadas, él niega los hechos, minimiza el tema, advierte que eso sucede en otros países y justifica que las familias mexicanas conviven en armonía, con esto normaliza y profundiza una terrible realidad que asola a las mujeres, ninguna está a salvo, cualquiera puede ser la siguiente y, si no alcanza una visibilidad mediática, su muerte violenta o desaparición forzada quedará enterrada en la corta memoria institucional.
De acuerdo con el Artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. Las mujeres y las niñas somos humanas y tenemos derechos. Algunos de los principales derechos de las mujeres son: a la vida, a no sufrir discriminación ni violencia por el hecho de haber nacido mujeres; a no ser maltratadas ni asesinadas, a no vivir con el miedo constante a ser agredidas sexualmente con impunidad; a no ser discriminadas en el trabajo ni en el acceso a los recursos económicos y de producción; a la libertad y la seguridad personal; a vestirse como quieran, a decidir sobre su cuerpo, su sexualidad y su reproducción sin coacción ni presiones; a expresarse libremente, a hablar alto y reclamar sus derechos sin miedo a ser encarceladas, perseguidas o asesinadas por ello; a la vida política y pública, a elegir y acceder a cargos públicos; a igualdad de condiciones entre mujeres y hombres en el acceso a la educación, a estudiar lo que quieran y a una educación sin estereotipos.
Al Estado le corresponde garantizar los derechos de todas y todos. Por ello, Andrés Manuel López Obrador como Jefe del Estado mexicano cuenta con facultades y tiene a su disposición instituciones, políticas, programas y presupuestos que debería emplear para garantizar los derechos humanos, así como para coordinar las acciones y convocar a los poderes para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
Todas las personas, incluidos los integrantes de organizaciones criminales, tenemos derechos; pero en un Estado de derecho, también tenemos obligaciones y el primero es a cumplir la ley, quien la violenta o comete delitos -si bien no pierde derechos- si adquiere responsabilidades y debe ser sancionado. Las víctimas de los delitos tienen derechos, principalmente de acceder a la justicia para que su victimario sea castigado y también que se repare el daño y se implementen medidas para que la conducta delictiva no se repita y no violente a otras personas.
Gobernar no implica dejar ser y dejar pasar, ni una política de abrazos y no balazos, así no se protege a las y los seres humanos. La seguridad es un bien público que se produce con la participación de la sociedad civil y la responsabilización de actores estatales. La seguridad no es una cuestión de más o menos fuerza sino de más o menos calidad democrática, que acuerdos básicos, sostenibles en el tiempo, con claros liderazgos de coordinación, respetuosos de los derechos humanos y sin suponer que existe una solución sencilla para solucionar mágicamente los problemas.
Presidente López Obrador, usted no es el Estado, pero si tiene la facultad para coordinar políticas de Estado y garantizarnos a mujeres y niñas una vida libre de violencias, como humanas y ciudadanas mexicanas se lo demandamos.