por Rosario Piedra Ibarra
México atraviesa por un momento histórico en el que tiene la oportunidad de cambiar paradigmas y dejar atrás vicios heredados que mucho daño han hecho al pueblo. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) —siempre manteniendo su autonomía y su vocación defender la dignidad de todas y todos— contribuye hoy, como no lo hacía antes, a la construcción de la paz, a la reivindicación de los derechos de las víctimas y, en suma, al nuevo rumbo del país. Un proceso cuyas resistencias se han traducido en un embate constante de infundios y mentiras en contra de la institución y de quien la preside.
Distintas voces han pretendido demeritar nuestro trabajo. Lo hacen porque preferirían sabernos inexistentes, en el silencio, y porque no pagamos ni un centavo en publicidad ni contratos millonarios a periodistas y opinadores por trabajos que en nada servían a las víctimas, como pasaba antes. La reducción que hemos hecho del presupuesto del área de Difusión asciende a más del 75% y hoy, en lugar de promoción de la presidenta o de los altos mandos, nos enfocamos en promover el conocimiento de los derechos humanos. Estas decisiones han generado, por supuesto, escozor.
La CNDH trabaja hoy más que nunca en toda su historia como organismo autónomo y es autónoma no solo frente al gobierno federal, sino también frente a los partidos y a los grupos de interés económico y político. Ni la institución ni yo como presidenta trabajamos para ninguna agenda que no sea la de los derechos de las víctimas. Porque si bien fui electa por el voto de las y los senadores, mi compromiso es con el pueblo, a él me debo, y no le he fallado ni le fallaré. Nada tengo que ocultar, ni en mi elección, ni en el trabajo que encabezo al frente de la CNDH.
Es por ello que dedico algunas líneas a aclarar algunos temas de los muchos que se han visto rodeados de desinformación. El primero de ellos es el concerniente al proceso de elección en el que se me nombró presidenta de la CNDH, en 2019. A pesar de que se pretendió hacer pasar esta elección como ilegal, numerosos elementos echaron abajo tal argumentación. Algunas y algunos legisladores interpusieron amparos contra mi elegibilidad y los perdieron todos. El recurso que organizaciones interpusieron ante la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI) para que nos retiraran la acreditación tipo “A” no solamente resultó en que se nos ratificó dicha acreditación, sino que la resolución no incluyó ninguna recomendación, como sí había sucedido en la revisión de la gestión anterior. Estos, entre otros elementos, hicieron patente la legitimidad de esta elección.
Se ha dicho también que la CNDH ha sido omisa en los casos de niños con cáncer, los cual es mentira. Lo que pasa es que los han convertido en bandera política, haciendo gala de su total falta de ética. En la actual gestión se han atendido todas las quejas a ese respecto y, derivado de ello, se han integrado distintos expedientes relativos al desabasto de medicinas para tratamiento oncológico. Además de que de oficio estuvimos dando seguimiento al caso, hemos generado recomendaciones al respecto, la mayoría de las cuales presentan avances en su cumplimiento.
Existe un señalamiento falaz que asegura que no hemos atendido la problemática de la migración. Esto también es falso, porque no solamente la hemos atendido con eficacia y oportunidad, sino que incluso, con la reforma que hicimos de las oficinas regionales, hemos generado una nueva dinámica de trabajo transversal. Mientras en el periodo 2014-2017 —los tres primeros años de la administración pasada— se emitieron quince Recomendaciones en materia de violaciones a derechos humanos en perjuicio de personas en movilidad, para el periodo 2019 y 2022—los primeros tres años de mi administración— el número de Recomendaciones subió a cuarenta. Para el periodo 2014-2017, la CNDH atendió a 310 mil 153 personas en esta situación. En el periodo 2019 a 2022, esta cifra aumentó a 357 mil 986.
Hablemos ahora del trabajo de la CNDH en defensa de los derechos de personas periodistas y comunicadoras. Como parte de la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, nos hemos pronunciado siempre en favor de implementar y operar las medidas de protección, privilegiando que se gestione, obtenga y conserve la máxima protección para estas personas. A través de la Dirección General de Agravio a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos realizamos un monitoreo permanente de medios de comunicación para detectar, registrar y, en su caso investigar hechos que se hacen públicos y que pueden constituir violaciones a los derechos humanos.
Desde el inicio de mi gestión y hasta el 31 de octubre de este año, registramos 172 expedientes, de los cuales 127 están concluidos. Contamos con el Sistema de Alerta 6 para trabajar en colaboración con las comisiones estatales de derechos humanos en la protección oportuna a periodistas. Además, desde el inicio de mi gestión, se han emitido 383 alertas. Mientras en el periodo 2014-2017 se emitieron tres recomendaciones ordinarias, en los primeros tres años de mi administración llevamos cinco.
Abordo ahora las acusaciones que se han hecho a la CNDH de ser omisa ante lo que llaman militarización. Los ataques derivan de un análisis sesgado, compuesto de valoraciones de tipo electoral y político, respecto a las reformas que ya fueron aprobadas por las dos Cámaras federales y la mayoría de las cámaras estatales, a legislaciones en materia de Guardia Nacional y seguridad pública. Es en verdad lamentable que intereses políticos pretendan imponerse sobre los intereses del pueblo, que en su gran mayoría entiende la situación que motiva el papel de la Secretaría de la Defensa Nacional en la consolidación de la Guardia Nacional, y que se pretenda que la CNDH use sus instrumentos para favorecer agendas partidistas como supuesta prueba de nuestra autonomía.
Del análisis cuidadoso y serio que hicimos de esas reformas derivó nuestra decisión de no interponer una acción de inconstitucionalidad toda vez que, por un lado, es evidente que no existe la supuesta inconstitucionalidad que se invoca, puesto que la Guardia Nacional mantiene su carácter civil, y porque el control operativo y administrativo que se plantea es transitorio; pero, además, porque no es el único instrumento que la ley otorga a la CNDH para defender los derechos humanos. Más idóneo es, consideramos, sumarnos a la estrategia de pacificación del país, fortaleciendo nuestras acciones de promoción y educación tanto con el ejército como con las y los integrantes de la Guardia Nacional, así como reforzando nuestros mecanismos de observancia, a efecto no solamente de atender quejas y emitir recomendaciones cuando se consumen violaciones a derechos humanos, sino de incidir en su prevención.
Con respecto a la reacción del INE frente a la Recomendación General 46/2022, es conveniente decir que, en efecto, la Constitución limita la competencia de la CNDH por lo que toca a los asuntos electorales, pero el hecho es que nuestra Recomendación General cumple totalmente con el mandato otorgado por el Artículo 102 Apartado B. No aborda la materia electoral, no se inmiscuye en las funciones del INE, ni pretende rectificar sus decisiones. Lo que pretende es incidir en una transformación del sistema democrático para fortalecer sus instituciones.
La Recomendación proporciona elementos y brinda herramientas que permitan a las autoridades establecer de manera diligente todas aquellas medidas necesarias para la implementación de políticas públicas de progresividad referente al derecho a la democracia, la libertad de reunión, la libertad de asociación, el derecho a la protesta social y los derechos a la verdad y a la memoria. La mayoría de las y los mexicanos queremos fortalecer nuestra democracia formal, pero también las iniciativas de democracia participativa; queremos la garantía de contar con un órgano realmente autónomo de cualquier poder, constituido o fáctico, legal o supralegal.
Esa es la autonomía que se espera también de la CNDH. Porque no, rendir pleitesía a los poderes fácticos no significa autonomía. La CNDH trabaja hoy por los intereses del pueblo y si ese trabajo incomoda hoy a las cúpulas del poder, acostumbradas a sometimiento y alabanzas, que así sea. ¡Defendemos al pueblo!
Extracto del texto leído en la comparecencia ante la Cámara de Diputados el pasado 22 de noviembre de los corrientes.
Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
