El crecimiento de la violencia contra las mujeres es una realidad. Diariamente hay notas periodísticas y publicaciones en redes sociales en las que se narran conductas que atentan contra los derechos de las mujeres. Las cifras confirman lo que ya sabíamos desde hace un buen rato: México es un país violento para las mujeres.
Para muestra un botón. En el informe rendido por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública se reportó que al 31 de agosto del presente año han ocurrido 626 feminicidios. También se precisa que a nivel nacional han ocurrido en lo que va del año 1,906 homicidios dolosos (con intencionalidad) donde la víctima es una mujer.
Lamentablemente, dichos actos no son las únicas formas en que se manifiesta la violencia contra las mujeres. Ya desde 2017, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), levantada por el INEGI, arrojó datos alarmantes. Del universo de mujeres de 15 años y más que habían sido objeto de entrevista, el 49.0% había sido objeto de violencia emocional, el 29.0% había experimentado violencia económica o patrimonial o discriminación en el trabajo, el 41.3% había sufrido violencia sexual y el 34.0% violencia física.
Esos datos evidencian que el Estado mexicano sigue en deuda respecto a la implementación de acciones eficaces para inhibir esas conductas. Parece que hoy más que nunca es necesario el fortalecimiento de los mecanismos existentes de protección de las mujeres, y la exigencia de un mayor compromiso por parte de las autoridades.
Un ejemplo de la ruta a seguir es lo ocurrido en materia de violencia política. Ante la existencia de conductas que violentan el ejercicio de derechos políticos electorales de las mujeres y que tienen como objetivo inhibir su participación en política, después de un largo proceso legislativo, el 13 de abril del presente año se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a 8 leyes para incluir a la violencia política contra las mujeres por razones de género como una conducta que debe ser sancionada administrativa y penalmente.
Por tal razón, a partir de esa fecha el INE empezó a actualizar su marco normativo para hacerlo congruente con lo establecido en la ley electoral. No podemos hablar de consolidación democrática si las mujeres no cuentan con bases para una participación política libre e igualitaria.
Recordemos que la ONU ha sostenido que la violencia ejercida contra las mujeres, además de generar problemas de salud, afecta su participación en la vida pública. De ahí que las medidas adoptadas por el INE se orienten a prevenir, erradicar y sancionar esa conducta, particularmente de cara al proceso electoral de 2021.
Por tal motivo, la autoridad electoral aprobó a finales de agosto la implementación de procedimientos administrativos sancionadores para atender las quejas o denuncias que se presenten en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Es importante destacar que, en la aprobación del reglamento respectivo, el INE estableció la posibilidad de otorgar las medidas de protección que sean necesarias en favor de la víctima, a fin de garantizar la protección más amplia y evitar la comisión de un delito o su repetición.
De igual forma, el INE aprobó en acatamiento a una sentencia del Tribunal Electoral, la emisión de Lineamientos para la integración, funcionamiento, actualización y conservación del Registro Nacional de personas sancionadas por la realización de conductas que entrañan violencia política contra las mujeres.
Dichos Lineamientos tienen como finalidad compilar y hacer del conocimiento público la información relacionada con las personas que han sido sancionadas por las autoridades electorales administrativas o jurisdiccionales federales y locales competentes. El que haya un registro en el que se haga público el nombre de la persona que cometen actos de violencia política contra las mujeres, abona a una lógica de erradicar conductas que vulneran sus derechos.
Finalmente, el INE se encuentra trabajando en la emisión de lineamientos para que los partidos políticos prevengan, atiendan y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género. Todos los actores políticos deben asumir su compromiso en el combate de conductas que afectan derechos y que vulneran a nuestra democracia.
El próximo año se renovará la totalidad de la Cámara de Diputados y 15 gubernaturas. Se celebrarán 32 elecciones locales concurrentes con la contienda federal y se elegirán 21 mil 368 cargos. El desafío institucional que implica la organización no es menor; sin embargo, hay elementos en los que no puede haber retrocesos: paridad, inclusión e igualdad sustantiva. Al contrario, hay que promover y fortalecer los mecanismos implementados en procesos electorales pasados. El INE así lo ha asumido.
Jefe de oficina de la presidencia del Consejo General del INE
@ebuendiaz
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