Que no es poco, pues se trata de la fuerza del Estado empeñado en descarrilar la probable candidatura de Xóchil Gálvez, que hoy por hoy parece inminente, pero dadas las condiciones de inequidad con que la senadora hidalguense está siendo tratada, el pronóstico es reservado, pues es más que evidente que sus derechos humanos son violados desde que el mismo aparato oficial se percató de los tamaños de la formidable adversaria que solito se había creado.
Lo que parecía un tranquilo paseo de domingo en la Alameda Central para los aspirantes de la cuatro T, se convirtió en la fragorosa búsqueda, hasta por debajo de las piedras, de los puntos flacos de Xóchil en su pasado y en su actividad como empresaria. El gobierno federal no escatima esfuerzos ni recursos para apagar el fuego intencionalmente provocado en forma por demás inocente. Según algunos especialistas, no hay duda de que esa es la dimensión del riesgo que ven en la prospecto de la oposición para las elecciones del año próximo, al grado de no dudar en caer en la ilegalidad para detenerla,
Ante tan descomunal e insistente tiroteo a quema ropa, es de esperar que Gálvez vaya contestando una a una todas las acusaciones con que tratan de agobiarla, pues de ello en gran parte depende el ser viable como candidata a la presidencia no solo para el bloque opositor, sino también para aquellos desencantados con la clase política tradicional que se han visto cautivados por su imagen de mujer entrona, desinhibida y exitosa.
Lo cierto es que siendo una típica y aburrida tragicomedia mexicana en la que todo el mundo, partidarios o no de la Cuarta Transformación, conocíamos el final de manera muy anticipada, la carrera por la presidencia se ha tornado en un verdadero drama de suspenso, en el que no sabemos cuál será la siguiente jugada de los contendientes en la disputa y por supuesto, su desenlace, obviamente refiriéndome en exclusiva a los dos que se enfrentan, los otros no cuentan en este pleito más que como espectadores y/o beneficiarios.
Por otra parte, también es de llamar nuestra atención el retiro del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI), que investigaba el Caso de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa, tras argumentar el bloqueo que sufrió, por parte del gobierno mexicano, al intentar hacerse de la información que le permitiría aclarar los hechos ocurridos hace casi nueve años.
Circunstancia particularmente grave, porque la estancia del GIEI en el país, fue promovida como solución a las demandas de los padres de los muchachos, precisamente por esta administración, sin embargo, el presidente, ahora lo incorpora junto con la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en México, como parte de la conspiración internacional en contra de su gobierno y califica de politiqueros a sus integrantes. También advierte, que la investigación continuará hasta sus últimas consecuencias, ahora, exclusivamente a cargo de las instancias gubernamentales, es decir, la Fiscalía General de la República, con todo lo que eso conlleve. Si algún día se entregan resultados definitivos sobre el último paradero de los estudiantes, será sin el preciado aval del organismo internacional, que los haría creíbles para unos padres con hambre y sed de justicia, que sienten un retroceso en la investigación y que
Necesitan ver…para creer.
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