Yucatán recibió la revisión de su calificación en 2020; esta fue una ratificación en HR AA- con perspectiva estable, una calificación que pocos estados pueden presumir en momentos en los que la baja de ingresos, tanto federales como propios, y los gastos extraordinarios que han emprendido las propias entidades para enfrentar la pandemia han incidido negativamente en sus finanzas.
El historial de la calificación del estado de Yucatán se remonta a 2010, cuando alcanzó una calificación de HR A, la cual se mantuvo en ese nivel hasta 2014; durante 2015 y 2016, tuvo un incremento de un notch, quedando en HR A+, y desde el 2017 hasta el 2020 se ha mantenido en HR AA-. Este resultado no ha sido una casualidad: a través de este tiempo, Yucatán ha demostrado prácticamente para todos los años buenos resultados en el nivel de sus balances financieros, así como un monto de endeudamiento generalmente bajo, con progresos importantes en el fortalecimiento de sus ingresos propios y la disminución de riesgos adicionales como es el caso del sistema de pensiones.
¿Qué definió la acción de calificación de este año, a pesar de estar dentro de un contexto recesivo económicamente hablando y de un entorno en el que el confinamiento ha obligado a muchos sectores económicos a dejar de generar ingresos para los subnacionales? Los principales factores fueron un resultado superavitario de balance primario ajustado de 0.8%, superior al déficit estimado para 2019 de -1.6% (véase tabla siguiente), motivado en gran parte por la reducción del gasto corriente derivado de la implementación de un plan de austeridad; de esta forma, el endeudamiento neto de Yucatán terminó alrededor de 23.1% de los Ingresos de Libre Disposición (ILD) versus una estimación de 28% y un Servicio de Deuda de sólo 3% de los ILD.
Nuestras estimaciones para las finanzas del estado abarcan varios efectos. En este sentido, los ingresos totales, que si bien no tendrán un efecto importante en el nivel de ingresos federales, probablemente sí resientan los efectos de la pandemia en los ingresos locales, esto hace por ejemplo que el nivel de endeudamiento se eleve a niveles de casi 38%, en un efecto cruzado de las disposiciones ya contratadas desde el año pasado del programa Yucatán Seguro y menores ingresos, pero aún sigue siendo un resultado consistente en este rango de calificación.
Un aspecto que en cierto momento puede llegar a incidir en el resultado de la calificación sería la disposición de un monto importante de deuda adicional, y podemos coincidir o no, que es una medida justificada dentro de este contexto como una medida contracíclica, pero el hecho es que el estado ya no estima que se dé financiamiento por lo menos en 2020.
Destacaría además un importante proceso de planeación y ejecución presupuestal que ha permitido reconducir una cantidad importante de recursos hacia el sector salud y hacia compras y adecuaciones necesarias para enfrentar los efectos del COVID-19; esto lo podemos apreciar en los movimientos de Transferencias y Subsidios y Servicios Generales con la información de avance de este año.
También vale la pena mencionar lo que se ha logrado en el tema de pensiones, el cual además de contar con cierto nivel de reserva actuarial para enfrentar el pago pensionario de los trabajadores del estado (se estima se agote en 2026, de acuerdo con el último estudio actuarial disponible), también se sigue fortaleciendo a través del fideicomiso de la reserva de Ucú el cual tiene como propósito la comercialización de aproximadamente 2,700 hectáreas cuyo destino se utiliza para pagos de adeudos históricos al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores al Servicio del Estado de Yucatán (ISSTEY), así como para fortalecer la reserva actuarial de pensiones.
¿Cuáles serán los retos al corto plazo? Como la mayor parte de los estados en México, para Yucatán radica en la disposición de mayor deuda a la actual para financiar proyectos de inversión; déficits mayores a lo esperado derivados de un gasto adicional que no sea cubierto por mayores ingresos, sino por mayor pasivo; uso de créditos de corto plazo que, si bien pueden ayudar a necesidades de liquidez, también encierran mayor riesgo por la manera en que se instrumentan en México; todos estos serían principalmente los riesgos internos. Sin embargo, también habrá que considerar como riesgos exógenos el comportamiento de las participaciones en 2021 y 2022, ya que una vez utilizada la bursatilización del FEIEF en este año, estimamos que los ingresos tributarios federales podrían ser menores a la tendencia reciente, por lo que estados y municipios de México podrían enfrentar reducciones en este importante componente de sus ingresos.
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Director Ejecutivo Senior de Finanzas Públicas & Deuda Soberana en HR Ratings. Economista por el ITESM y estudios de Maestría en Políticas Públicas por el ITAM.
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