/ lunes 11 de enero de 2016

Las espinosas e ilegales fotomultas / Betty Zanollli Fábila

Grandes problemas, de todo tipo y naturaleza, agobian y estrangulan a nuestra nación. Jerarquizarlos sería una tarea por demás ardua y, al mismo tiempo, compleja, pero basta con que abordemos uno para que podamos darnos cuenta cabal sobre cómo nuestros funcionarios confunden en su diario actuar la finalidad que dicen pretender alcanzar, desde el momento mismo en que desnaturalizan los mecanismos que instrumentan para ello. Así, qué mejor que abordar las famosas fotomultas, ejemplo fehaciente de cómo un Gobierno puede llegar a abusar y desvirtuar la responsabilidad que le ha sido encomendada, al constituirse en un verdadero y estéril cancerbero de la propia sociedad.

En los últimos tiempos y, principalmente a raíz del nuevo Reglamento de Tránsito para el Distrito Federal (DF), la ciudadanía se ha indignado y opuesto como nunca antes a las fotomultas, que desde hace años ya vienen operando tanto en la capital de la República como en otras entidades federativas, en todos los casos, bajo los mismos vicios de origen, lo que les convierte en compuertas de la ilegalidad. ¿Por qué? Porque son sociedades privadas las que participan con los Gobiernos locales para instrumentar este tipo de sistemas. Empresas como Intel Traffic en Chihuahua, CanvisoTec en Coahuila y Autottrafic en Puebla, Jalisco, Hidalgo y ahora en el DF -este último donde cobrará 5 veces más por infracción-, son en la mayoría de los casos operadoras y coadyuvantes de la autoridad sin mediar licitación alguna. ¿Qué se desprende de ello? Evidentemente que no solo hay una incapacidad total en la supervisión de los gobiernos locales, sino también el fomento de prácticas discrecionales y una deleznable política oficial de criminalizar a la ciudadanía y de atropellar sus más elementales derechos humanos.

En el DF las autoridades han querido justificar que este sistema busca evitar la muerte de los ciudadanos, pero ¿acaso ello no podría ser impulsado respetando tales derechos en el amplio marco que nos ofrece nuestro Estado de Derecho? Lamentablemente una cosa es el discurso oficial y otra muy distinta el trasfondo que la ciudadanía observa. No es posible que la autoridad imponga una sanción económica, a rajatabla, desproporcionada de todo parámetro, dejando de lado lo más importante: la implementación de políticas preventivas de formación de valores y educación vial. Sin ellas, todo será inútil y solo desencadenará mayores problemáticas, porque es inadmisible que en una sociedad corroída por la corrupción, inseguridad, crisis económica y social, se pretenda un cambio de actitud meramente persiguiendo y sangrando la economía de una ciudadanía cada vez más abatida en todos los órdenes. Así, de nada sirve que la Secretaría de Seguridad Pública del DF anuncie que modificará el contrato. Independientemente de que la empresa estaría en su pleno derecho de impugnar semejante decisión, con ello no se conjura la ilegalidad total en la que está operando el Gobierno local. ¿Será por esto que el actual jefe de Gobierno del DF promovió meses atrás desligar el salario mínimo como unidad? Todo apunta a ello, si pensamos que una fotomulta equivale a 20 días de salario mínimo. ¿Es justo, moral, edificante?

Por lo pronto, la Asamblea Legislativa del DF se ha pronunciado por la cancelación del contrato con la empresa referida, debido a que obtendrá casi el 50 por ciento de los ingresos, pero el problema es más profundo y lleno de aristas. ¿Acaso la autoridad competente, Gobierno del DF o de los Estados, pueden delegar en empresas particulares la facultad exclusiva que les ha sido encomendada por el orden público de sancionar a la población? Es ilegal y además es un escandaloso abuso de poder que deviene en una total inconstitucionalidad ante lo excesivo de las infracciones al violar el artículo 22 constitucional y dejar al ciudadano en total indefensión para controvertir en tiempo y forma lo que presuntamente le imputa una fotomulta. Vulnera principios jurídicos y derechos humanos fundamentales como los relativos a la seguridad jurídica, debido proceso y, ante todo, presunción de inocencia, haciendo igualmente nugatoria toda causa de justificación posible, de tal forma que la fotomulta, lejos de ser un mecanismo ejemplar y disuasivo, es ante todo un instrumento propio de los regímenes de excepción en los que se aplica el famoso derecho penal del enemigo sin importar el derecho humano que atropelle. Se dirá que es una medida administrativa, sí pero finalmente interpenetra el ámbito de lo penal dejando la función sustancial del Estado encarnada en el “ius puniendi” al arbitrio de máquinas y sujeto a intereses creados de particulares bajo el cobijo de la autoridad, lo que agrava sus excesos. En países como España, Colombia, Ecuador y Estados Unidos, este tipo de medidas han sido ya severamente cuestionadas por los órganos judiciales así como por la ciudadanía, llegando a ser revertidas, considerando que no son prueba plena sino mero indicio y aborto jurídico desde el momento en que se criminaliza a un vehículo a través de su propietario y no a la persona infractora.

Los responsables podrán decir -como lo señalan- que es “oportunismo político”, que hay la “mayor buena fe”, pero si realmente las autoridades quieren cuidar y transformar a la ciudadanía, deberían erradicar toda acción que solo fortalecerá más a los cánceres de la corrupción, saqueo e impunidad que degradan día a día a la sociedad.

bettyzanolli@gmail.com

@BettyZanolli

Grandes problemas, de todo tipo y naturaleza, agobian y estrangulan a nuestra nación. Jerarquizarlos sería una tarea por demás ardua y, al mismo tiempo, compleja, pero basta con que abordemos uno para que podamos darnos cuenta cabal sobre cómo nuestros funcionarios confunden en su diario actuar la finalidad que dicen pretender alcanzar, desde el momento mismo en que desnaturalizan los mecanismos que instrumentan para ello. Así, qué mejor que abordar las famosas fotomultas, ejemplo fehaciente de cómo un Gobierno puede llegar a abusar y desvirtuar la responsabilidad que le ha sido encomendada, al constituirse en un verdadero y estéril cancerbero de la propia sociedad.

En los últimos tiempos y, principalmente a raíz del nuevo Reglamento de Tránsito para el Distrito Federal (DF), la ciudadanía se ha indignado y opuesto como nunca antes a las fotomultas, que desde hace años ya vienen operando tanto en la capital de la República como en otras entidades federativas, en todos los casos, bajo los mismos vicios de origen, lo que les convierte en compuertas de la ilegalidad. ¿Por qué? Porque son sociedades privadas las que participan con los Gobiernos locales para instrumentar este tipo de sistemas. Empresas como Intel Traffic en Chihuahua, CanvisoTec en Coahuila y Autottrafic en Puebla, Jalisco, Hidalgo y ahora en el DF -este último donde cobrará 5 veces más por infracción-, son en la mayoría de los casos operadoras y coadyuvantes de la autoridad sin mediar licitación alguna. ¿Qué se desprende de ello? Evidentemente que no solo hay una incapacidad total en la supervisión de los gobiernos locales, sino también el fomento de prácticas discrecionales y una deleznable política oficial de criminalizar a la ciudadanía y de atropellar sus más elementales derechos humanos.

En el DF las autoridades han querido justificar que este sistema busca evitar la muerte de los ciudadanos, pero ¿acaso ello no podría ser impulsado respetando tales derechos en el amplio marco que nos ofrece nuestro Estado de Derecho? Lamentablemente una cosa es el discurso oficial y otra muy distinta el trasfondo que la ciudadanía observa. No es posible que la autoridad imponga una sanción económica, a rajatabla, desproporcionada de todo parámetro, dejando de lado lo más importante: la implementación de políticas preventivas de formación de valores y educación vial. Sin ellas, todo será inútil y solo desencadenará mayores problemáticas, porque es inadmisible que en una sociedad corroída por la corrupción, inseguridad, crisis económica y social, se pretenda un cambio de actitud meramente persiguiendo y sangrando la economía de una ciudadanía cada vez más abatida en todos los órdenes. Así, de nada sirve que la Secretaría de Seguridad Pública del DF anuncie que modificará el contrato. Independientemente de que la empresa estaría en su pleno derecho de impugnar semejante decisión, con ello no se conjura la ilegalidad total en la que está operando el Gobierno local. ¿Será por esto que el actual jefe de Gobierno del DF promovió meses atrás desligar el salario mínimo como unidad? Todo apunta a ello, si pensamos que una fotomulta equivale a 20 días de salario mínimo. ¿Es justo, moral, edificante?

Por lo pronto, la Asamblea Legislativa del DF se ha pronunciado por la cancelación del contrato con la empresa referida, debido a que obtendrá casi el 50 por ciento de los ingresos, pero el problema es más profundo y lleno de aristas. ¿Acaso la autoridad competente, Gobierno del DF o de los Estados, pueden delegar en empresas particulares la facultad exclusiva que les ha sido encomendada por el orden público de sancionar a la población? Es ilegal y además es un escandaloso abuso de poder que deviene en una total inconstitucionalidad ante lo excesivo de las infracciones al violar el artículo 22 constitucional y dejar al ciudadano en total indefensión para controvertir en tiempo y forma lo que presuntamente le imputa una fotomulta. Vulnera principios jurídicos y derechos humanos fundamentales como los relativos a la seguridad jurídica, debido proceso y, ante todo, presunción de inocencia, haciendo igualmente nugatoria toda causa de justificación posible, de tal forma que la fotomulta, lejos de ser un mecanismo ejemplar y disuasivo, es ante todo un instrumento propio de los regímenes de excepción en los que se aplica el famoso derecho penal del enemigo sin importar el derecho humano que atropelle. Se dirá que es una medida administrativa, sí pero finalmente interpenetra el ámbito de lo penal dejando la función sustancial del Estado encarnada en el “ius puniendi” al arbitrio de máquinas y sujeto a intereses creados de particulares bajo el cobijo de la autoridad, lo que agrava sus excesos. En países como España, Colombia, Ecuador y Estados Unidos, este tipo de medidas han sido ya severamente cuestionadas por los órganos judiciales así como por la ciudadanía, llegando a ser revertidas, considerando que no son prueba plena sino mero indicio y aborto jurídico desde el momento en que se criminaliza a un vehículo a través de su propietario y no a la persona infractora.

Los responsables podrán decir -como lo señalan- que es “oportunismo político”, que hay la “mayor buena fe”, pero si realmente las autoridades quieren cuidar y transformar a la ciudadanía, deberían erradicar toda acción que solo fortalecerá más a los cánceres de la corrupción, saqueo e impunidad que degradan día a día a la sociedad.

bettyzanolli@gmail.com

@BettyZanolli

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