/ viernes 25 de septiembre de 2020

Antena | Ahí viene, nueva ley de imprenta y prensa

Esta semana se han conjugado varios factores, que se pueden convertir en una amenaza segura contra el ejercicio de la prensa, unos públicos y otros que están pasando desapercibidos.


Los que son públicos, son los persistentes ataques del Presidente contra determinados medios, aunque, se dice ser el Presidente más atacado de la historia, cuando a partir de la década de los noventas los medios comienzan a liberarse más del yugo de los gobiernos priistas y se vuelven más abiertos y críticos.


Organismos como la Sociedad Interamericana de Prensa, y la Asociación Internacional de Radiodifusión comienzan a hacer señalamientos sobre la desmesura presidencial y sus alfiles contra los medios, al grado de recomendar a periodistas que cambien de país o responder a desplegados. El único hecho patente, es que el titular del Ejecutivo Federal está polarizando al país, en dos bandos: los que están a su favor o los que están en su contra; como si se tratara de un clásico futbolero.


Y si algo ha caracterizado a la simbiosis partido-gobierno de la 4T, es que van sigilosamente caminando en una misma dirección, ahí está el dictamen aprobado por la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados que abroga la Ley de Imprenta de 1917, tan cuestionada en distintas épocas por su vigencia o disposiciones, pareciera una medida adecuada, al ser arcaica y totalmente rústica en sus disposiciones.


Pero en las letras chiquitas, se dice que el Congreso de la Unión “realizará las adecuaciones necesarias al marco jurídico, para procurar el pleno reconocimiento de las libertades de expresión y de imprenta”. ¡Vaya locura!, matan una ley de hace 113 años, vetusta por donde se le vea, para ahora pretender regular estas libertades del ejercicio periodístico, cuando el camino es desregular y optar por la autorregulación y códigos de ética.


Si esto no es autoritarismo e intimidación a los medios de comunicación, no sé cómo llamarle. Es un abuso de poder de una serie de servidores públicos que desde hace décadas lucharon por las libertades y la democracia; pero que hoy en el poder quieren perpetuarse y callar a los medios con medidas que criticaban de otros gobernantes.


Es natural que todos tengamos el derecho a la libre expresión, y que sea de ida y vuelta, y que existan discrepancias; de eso se trata un estado de derecho; pero, no basta decirlo, con hechos lo debe demostrar la 4T.


Interferencias


La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo la ponencia de la Ministra Yasmín Esquivel Mossa, resolvió que se debe conceder la suspensión solicitada por el Senado en contra de la modificación al Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) consistente en que sea el Pleno y no el Presidente Interino quien haga la designación de altos mandos del IFT. Bajo la decisión judicial, el actual Presidente del regulador podría nombrar a su equipo, salvo que le hayan puesto candado en la sentencia.

Esta semana se han conjugado varios factores, que se pueden convertir en una amenaza segura contra el ejercicio de la prensa, unos públicos y otros que están pasando desapercibidos.


Los que son públicos, son los persistentes ataques del Presidente contra determinados medios, aunque, se dice ser el Presidente más atacado de la historia, cuando a partir de la década de los noventas los medios comienzan a liberarse más del yugo de los gobiernos priistas y se vuelven más abiertos y críticos.


Organismos como la Sociedad Interamericana de Prensa, y la Asociación Internacional de Radiodifusión comienzan a hacer señalamientos sobre la desmesura presidencial y sus alfiles contra los medios, al grado de recomendar a periodistas que cambien de país o responder a desplegados. El único hecho patente, es que el titular del Ejecutivo Federal está polarizando al país, en dos bandos: los que están a su favor o los que están en su contra; como si se tratara de un clásico futbolero.


Y si algo ha caracterizado a la simbiosis partido-gobierno de la 4T, es que van sigilosamente caminando en una misma dirección, ahí está el dictamen aprobado por la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados que abroga la Ley de Imprenta de 1917, tan cuestionada en distintas épocas por su vigencia o disposiciones, pareciera una medida adecuada, al ser arcaica y totalmente rústica en sus disposiciones.


Pero en las letras chiquitas, se dice que el Congreso de la Unión “realizará las adecuaciones necesarias al marco jurídico, para procurar el pleno reconocimiento de las libertades de expresión y de imprenta”. ¡Vaya locura!, matan una ley de hace 113 años, vetusta por donde se le vea, para ahora pretender regular estas libertades del ejercicio periodístico, cuando el camino es desregular y optar por la autorregulación y códigos de ética.


Si esto no es autoritarismo e intimidación a los medios de comunicación, no sé cómo llamarle. Es un abuso de poder de una serie de servidores públicos que desde hace décadas lucharon por las libertades y la democracia; pero que hoy en el poder quieren perpetuarse y callar a los medios con medidas que criticaban de otros gobernantes.


Es natural que todos tengamos el derecho a la libre expresión, y que sea de ida y vuelta, y que existan discrepancias; de eso se trata un estado de derecho; pero, no basta decirlo, con hechos lo debe demostrar la 4T.


Interferencias


La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo la ponencia de la Ministra Yasmín Esquivel Mossa, resolvió que se debe conceder la suspensión solicitada por el Senado en contra de la modificación al Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) consistente en que sea el Pleno y no el Presidente Interino quien haga la designación de altos mandos del IFT. Bajo la decisión judicial, el actual Presidente del regulador podría nombrar a su equipo, salvo que le hayan puesto candado en la sentencia.