Después de escuchar a la Secretaria de Economía ante los senadores, que la reforma, que obliga a prestadores de servicios de televisión y radio por internet, a integrar en sus plataformas 30% de contenido nacional en su catálogo, “preocupa porque contraviene los compromisos en tratados comerciales y México estaría en riesgo de ser demandado”.
No sabemos de qué lado batea el gobierno de la 4T, si su nacionalismo esbozado en su logo institucional, con héroes nacionales, es pura pantalla o desconocen que pasa en el mundo.
Para muestra unos ejemplos, para empezar Netflix ha anunciado que en Francia iniciará su canal Netflix Direct, se trata de un servicio como si fuera televisión tradicional, ya que se transmitirá una programación lineal por lo que el usuario no tendrá que escoger lo que ve, sólo encenderá el canal.
Lo anterior es una muestra de que los servicios over the top (OTT) como Netflix son semejantes a la televisión por lo que deben estar sujetos a la misma regulación e impuestos que se le imponen a la televisión abierta o ahora llamada tradicional.
También implica que los OTT estarían copiando el éxito y modelo de la televisión abierta, queriendo ofrecer una experiencia similar a las audiencias, ante lo tedioso y abrumador que resulta para los usuarios buscar y encontrar algo que valga la pena ver en estas plataformas.
La tendencia es que haya equidad regulatoria, por ello los esfuerzos de que las plataformas extranjeras paguen impuestos y que tengan obligaciones semejantes a la televisión tradicional; el Gobierno español presento la nueva Ley del Audiovisual, que iguala a las compañías de video en web con las televisiones privadas en la producción del audiovisual.
Las plataformas como Netflix, HBO o Amazon Prime Video emiten sus series y películas en España. Y se benefician de la audiencia y los pagos del público español. El Gobierno quiere ahora que, a cambio, contribuyan a la producción audiovisual nacional, como ya hacen RTVE y las televisiones privadas.
De esta forma, las plataformas de series estadounidenses, cada vez con más presencia en el panorama audiovisual español, se suman a las cadenas de televisión privadas como Mediaset (Telecinco y Cuatro), Atresmedia (Antena 3 y La Sexta) y a los operadores de telecomunicaciones (Movistar, Vodafone y Orange) que ya están obligados a sufragar al cine español y a la televisión pública.
Ya ni que decir, que la directiva audiovisual europea fue aprobada en 2018, y que países como Alemania, Dinamarca y Suecia han avanzado en las legislaciones respectivas. ¿Cuál es el problema? Es una tendencia internacional. ¿A quién buscan proteger?
Vale la pena -por un lado- que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Secretaría de Gobernación tomen en consideración esta práctica de transmisión lineal de los OTT, así como la tendencia regulatoria internacional, como antecedentes relevantes en miras de lograr que haya equidad regulatoria en los servicios audiovisuales de internet frente a la televisión abierta y el Senado siga adelante con la aprobación de la reforma para impulsar los contenidos nacionales.
