Ha dado inicio en el partido gobernante, la carrera por la sucesión presidencial -prácticamente- con un año de anticipación, donde a la vieja usanza el Presidente reunió en días pasados a sus cuatro aspirantes y al núcleo de más de 20 gobernadores, para cerrar filas y refrendar en 2024, el triunfo de Morena en la presidencia. Todo, en un marco de unidad y que no se pierda la hegemonía del modelo de transformación que inició en 2018.
Pero la disputa más compleja será por el control del Congreso de la Unión, es decir, tener la mayoría simple o hasta calificada (en alianzas) para poder reformar o modificar hacia un lado o hacia otra el orden jurídico nacional.
En fechas recientes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dejado asentado precedentes significativos sobre las violaciones al proceso legislativo, pero también, deja en evidencia que el desaseo y la construcción de mayorías parlamentarias por obediencia al poder presidencial, derivan en la elaboración de leyes o reformas al vapor, sin el más riguroso análisis jurídico.
Bajo la situación planteada, nos lleva a plantear diversas aristas que están en el aire: la primera, es que se tendrá un proceso electoral con el mismo marco jurídico electoral de 2014, ya que tanto las intentonas de reforma constitucional, como legal no navegaron como buscó Morena; de hecho, el llamado Plan B se encuentra suspendido y todavía el miércoles pasado en la Segunda Sala de la Suprema Corte validó la admisión de la Controversia Constitucional promovida por el Instituto Nacional Electoral contra el Plan B; pero, como los tiempos legales para poder modificar disposiciones electorales ya caduco, quedo en un hecho infructuoso.
Sin olvidar que semanas atrás, la propia Corte de igual forma por violaciones al proceso legislativo, declaró invalida la Ley General de Comunicación Social.
Para no ir más lejos, el día de ayer, el Pleno de la Corte ahora invalidó el decreto por el que se expidió la Ley para la Transparencia, Prevención y Combate de Prácticas Indebidas en Materia de Contratación de Publicidad, ya que determinó que se cometieron múltiples violaciones al proceso legislativo, tanto en la Cámara de Senadores como en Diputados, ya no fue necesario entrar al fondo del asunto, donde ya se preveía la vulneración a las libertades de trabajo, de concurrencia y competencia, así como al principio de no discriminación en perjuicio de los medios de comunicación y agencias de publicidad.
Ante estas resoluciones se ha tensado la relación institucional entre el gobierno y su partido y el poder judicial, creándose una “rivalidad artificial” y ante un proceso electoral anticipado, la tarea de los medios se vuelve más importante, al realizar su papel de informar y opinar como siempre lo han hecho, pese a críticas o denuncias “frívolas”, por lo que no sobra decir que la libertad de expresión no se calla, se respeta.
