/ miércoles 9 de octubre de 2019

Así es el Derecho | Etiquetado en alimentos y salud

Muchos hemos escrito sobre la constante transformación del sistema jurídico nacional, la cual, la mayoría de las veces causa controversia y conflictos de interés, pocas reformas legales son ampliamente aceptadas.

Ese es el caso de la iniciativa en materia de etiquetados que fue recientemente aprobada por la Cámara de Diputados y enviada al Senado.

El primer día de este mes se aprobó el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud en materia de sobrepeso, obesidad y de etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas.

La finalidad de esta iniciativa es contribuir a la disminución de la obesidad y sobrepeso, que en México constituyen emergencias sanitarias desde el año 2016, cuando 72.5 por ciento de los adultos presentaron sobrepeso y obesidad, y recientemente el fondo de las Naciones Unidas para la Infancia a considerado el país con mayor índice de obesidad infantil.

La obesidad aumenta el riesgo de padecer enfermedades como diabetes, hipertensión, enfermedades cerebrovasculares y cáncer, las cuales además de disminuir la calidad de vida, representan altos costos en el tratamiento médico, que en el 2014 ascendieron al 34 por ciento del gasto público en salud, y causa perdida de productividad estimada en aproximadamente 0.4 por ciento del PIB por año.

El sobrepeso se ve favorecido por la dieta de la población mexicana caracterizada por consumo elevado de alimentos procesados y ultraprocesados con alta densidad energética, con elevadas cantidades de azucares, grasas y harinas refinadas, bajo contenido de fibras, y elevado consumo de bebidas azucaradas.

La finalidad de la reforma es disminuir el consumo de esos alimentos porque se vincula con el desarrollo de obesidad y diabetes, mediante los etiquetados, que son la única fuente de información que tienen los consumidores, por lo cual deben ser de fácil comprensión para todo tipo de población, que permitan tomar decisiones correctas respecto a los alimentos y bebidas a consumir.

La iniciativa contempla la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades como parte del derecho a la protección a la salud, y obliga a las autoridades sanitarias a establecer acciones que promuevan alimentación nutritiva y la realización de actividad física.

Obliga a la producción de programas de nutrición que consideren las necesidades de la población, reduzcan la malnutrición y promuevan el consumo de productos adecuados a las necesidades nutricionales, evitando elementos que representen riesgo potencial para la salud, como los altos contenidos de azucares, grasas saturadas y sodio, nombrándolos nutrimentos críticos al ser un factor de enfermedades crónicas no transmisibles.

Asimismo, incluye la difusión permanente de las dietas hábitos alimentarios y procedimientos que conduzcan al consumo efectivo de los mínimos de nutrimentos por la población general, con la finalidad de prevenir y controlar las enfermedades no trasmisibles.

La parte medular de la reforma es el Etiquetado Frontal de los Productos, que debe incluir información nutrimental de fácil comprensión, veraz, directa, sencilla y visible, sobre el contenido que exceda los niveles máximos de energéticos, azucares añadidos, grasas saturadas, grasas, sodio y los nutrimentos críticos, ingredientes y las demás que determine la Secretaria de Salud.

El etiquetado frontal debe estar separado e independiente de la declaración e ingredientes e información nutrimental, y considerar las disposiciones de los tratados internacionales de los que México es parte.

Toda persona tiene derecho a la protección a la salud, según se establece en el artículo 4° Constitucional y esta iniciativa de reforma es una manera de garantizar este derecho humano a través de la prevención, de acciones dirigidas a controlar el problema de salud pública endémica que representa la obesidad, el sobrepeso y todas sus complicaciones.

En la Cámara de Diputados esa iniciativa tuvo el respaldo de 458 legisladores, es decir, más del 90 por ciento del total de ellos; estaremos pendientes de su aprobación y publicación.

Muchos hemos escrito sobre la constante transformación del sistema jurídico nacional, la cual, la mayoría de las veces causa controversia y conflictos de interés, pocas reformas legales son ampliamente aceptadas.

Ese es el caso de la iniciativa en materia de etiquetados que fue recientemente aprobada por la Cámara de Diputados y enviada al Senado.

El primer día de este mes se aprobó el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud en materia de sobrepeso, obesidad y de etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas.

La finalidad de esta iniciativa es contribuir a la disminución de la obesidad y sobrepeso, que en México constituyen emergencias sanitarias desde el año 2016, cuando 72.5 por ciento de los adultos presentaron sobrepeso y obesidad, y recientemente el fondo de las Naciones Unidas para la Infancia a considerado el país con mayor índice de obesidad infantil.

La obesidad aumenta el riesgo de padecer enfermedades como diabetes, hipertensión, enfermedades cerebrovasculares y cáncer, las cuales además de disminuir la calidad de vida, representan altos costos en el tratamiento médico, que en el 2014 ascendieron al 34 por ciento del gasto público en salud, y causa perdida de productividad estimada en aproximadamente 0.4 por ciento del PIB por año.

El sobrepeso se ve favorecido por la dieta de la población mexicana caracterizada por consumo elevado de alimentos procesados y ultraprocesados con alta densidad energética, con elevadas cantidades de azucares, grasas y harinas refinadas, bajo contenido de fibras, y elevado consumo de bebidas azucaradas.

La finalidad de la reforma es disminuir el consumo de esos alimentos porque se vincula con el desarrollo de obesidad y diabetes, mediante los etiquetados, que son la única fuente de información que tienen los consumidores, por lo cual deben ser de fácil comprensión para todo tipo de población, que permitan tomar decisiones correctas respecto a los alimentos y bebidas a consumir.

La iniciativa contempla la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades como parte del derecho a la protección a la salud, y obliga a las autoridades sanitarias a establecer acciones que promuevan alimentación nutritiva y la realización de actividad física.

Obliga a la producción de programas de nutrición que consideren las necesidades de la población, reduzcan la malnutrición y promuevan el consumo de productos adecuados a las necesidades nutricionales, evitando elementos que representen riesgo potencial para la salud, como los altos contenidos de azucares, grasas saturadas y sodio, nombrándolos nutrimentos críticos al ser un factor de enfermedades crónicas no transmisibles.

Asimismo, incluye la difusión permanente de las dietas hábitos alimentarios y procedimientos que conduzcan al consumo efectivo de los mínimos de nutrimentos por la población general, con la finalidad de prevenir y controlar las enfermedades no trasmisibles.

La parte medular de la reforma es el Etiquetado Frontal de los Productos, que debe incluir información nutrimental de fácil comprensión, veraz, directa, sencilla y visible, sobre el contenido que exceda los niveles máximos de energéticos, azucares añadidos, grasas saturadas, grasas, sodio y los nutrimentos críticos, ingredientes y las demás que determine la Secretaria de Salud.

El etiquetado frontal debe estar separado e independiente de la declaración e ingredientes e información nutrimental, y considerar las disposiciones de los tratados internacionales de los que México es parte.

Toda persona tiene derecho a la protección a la salud, según se establece en el artículo 4° Constitucional y esta iniciativa de reforma es una manera de garantizar este derecho humano a través de la prevención, de acciones dirigidas a controlar el problema de salud pública endémica que representa la obesidad, el sobrepeso y todas sus complicaciones.

En la Cámara de Diputados esa iniciativa tuvo el respaldo de 458 legisladores, es decir, más del 90 por ciento del total de ellos; estaremos pendientes de su aprobación y publicación.