/ viernes 12 de julio de 2019

Baja California: ¿y la certeza?

El lunes pasado el congreso del estado de Baja California, en sesión extraordinaria, aprobó una reforma constitucional en la que extendió de dos a cinco años el periodo de Jaime Bonilla como gobernador de la citada entidad federativa. Esto fue a iniciativa de un diputado local del partido Morena, que contó con el apoyo de otras fuerzas políticas representadas en el citado Congreso (21 de 25 diputados pertenecientes al PAN, PRI, Morena, PRD, MC, PT y el partido local Transformemos, la aprobaron) y, con ella, el próximo gobernador concluirá su mandato en 2024.

La inconstitucionalidad de dicha reforma es evidente y preocupante. En primer lugar, porque atenta directamente contra el principio de certeza, el cual es uno de los pilares sobre los cuales se edifica nuestra democracia. En segundo lugar, porque no hay razón que justifique la extensión de un mandato. De hecho, ya había pronunciamientos jurisdiccionales que confirmaban que el periodo de gobierno sería de dos años.

Tratándose de la flagrante violación a la certeza, conviene recordar que dicho principio tiene como finalidad dentro del sistema electoral que las autoridades, actores políticos y ciudadanía en general conozcan previamente las reglas y procedimientos que rigen a los procesos electorales. De ahí que nuestra Constitución señale que cualquier reforma electoral que implique cambios sustanciales debe promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse.

En el caso particular, desde 2014 el Congreso del estado de Baja California había aprobado una reforma constitucional en la que señalaba en el artículo octavo transitorio que quien resultara electo para la gubernatura en 2019, iniciaría funciones el 1 de noviembre y concluiría el 31 de octubre de 2021.

De conformidad con lo anterior, tanto en la convocatoria para la elección de la gubernatura de este año, así como en la etapa de registro de las candidaturas, el Instituto Electoral local estableció que el periodo de gobierno sería de dos años.

En consecuencia, diversas ciudadanas y ciudadanos se inconformaron ante el tribunal electoral local por considerar que el periodo de mandato era inconstitucional. La decisión de la autoridad fue modificar los dos años a cinco y, posteriormente, en otra resolución derivada de la impugnación de Jaime Bonilla, consideró que el periodo debía ser de seis años. Un sospechoso y verdadero desorden jurisdiccional estatal.

Sin embargo, ambas decisiones fueron revisadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y se resolvió que el tribunal electoral local había analizado indebidamente las inconformidades. La razón era muy sencilla: las y los promoventes habían presentado sus impugnaciones de manera extemporánea.

Así, la decisión del TEPJF fue revocar las resoluciones dictadas por el órgano jurisdiccional local y confirmar la vigencia de dos años como periodo para la gubernatura que se elegiría este 2019.

Por lo tanto, el dos de junio pasado las y los ciudadanos de Baja California acudieron a las urnas para elegir, entre otros, al titular del Poder Ejecutivo estatal con la certeza de que éste duraría en el cargo el tiempo que señalaba la Constitución local. Esto es, más de 840 mil personas que participaron el día de la jornada electoral con su voto, eligieron la opción política de su preferencia sabiendo de antemano que quien resultara ganador estaría en el cargo dos años.

Pese a ello, el Congreso de la entidad ha decidido que Jaime Bonilla será gobernador por tres años más, es decir, cinco. Dicha decisión no debe ni puede pasar desapercibida. De hecho, es importante externar un firme rechazo a la actuación de las y los legisladores locales, pues resulta preocupante que después de haberse celebrado los comicios, se extienda el mandato de un gobernante y se pase por alto que la ciudadanía acudió a las urnas con la certeza de que su decisión otorgaría el poder a una opción política por un tiempo claramente delimitado. En otras palabras, es la institucionalización del engaño.

Creo que no exagero cuando señalo que hay que poner mucha atención a lo ocurrido en Baja California. Estoy convencido que el respeto a la voluntad ciudadana debió ser la premisa fundamental para rechazar la propuesta de extensión del periodo de mandato. Hoy veo que no fue así, pues tres ayuntamientos (Playas de Rosarito, Ensenada y Tecate) de cinco ya ratificaron lo aprobado por el Congreso local y con ello adquiere formalidad.

Dado que ya es oficialmente una reforma, espero con entusiasmo que se impugne a través de una acción de inconstitucionalidad para que la SCJN la revise y declare que se encuentra fuera del orden constitucional vigente. Llámenme optimista, pero siempre estaré convencido que, ante la arbitrariedad o la discrecionalidad, la mejor alternativa siempre será la instancia legal.

Jefe de oficina de la Presidencia del Consejo del INE

@ebuendiaz

El lunes pasado el congreso del estado de Baja California, en sesión extraordinaria, aprobó una reforma constitucional en la que extendió de dos a cinco años el periodo de Jaime Bonilla como gobernador de la citada entidad federativa. Esto fue a iniciativa de un diputado local del partido Morena, que contó con el apoyo de otras fuerzas políticas representadas en el citado Congreso (21 de 25 diputados pertenecientes al PAN, PRI, Morena, PRD, MC, PT y el partido local Transformemos, la aprobaron) y, con ella, el próximo gobernador concluirá su mandato en 2024.

La inconstitucionalidad de dicha reforma es evidente y preocupante. En primer lugar, porque atenta directamente contra el principio de certeza, el cual es uno de los pilares sobre los cuales se edifica nuestra democracia. En segundo lugar, porque no hay razón que justifique la extensión de un mandato. De hecho, ya había pronunciamientos jurisdiccionales que confirmaban que el periodo de gobierno sería de dos años.

Tratándose de la flagrante violación a la certeza, conviene recordar que dicho principio tiene como finalidad dentro del sistema electoral que las autoridades, actores políticos y ciudadanía en general conozcan previamente las reglas y procedimientos que rigen a los procesos electorales. De ahí que nuestra Constitución señale que cualquier reforma electoral que implique cambios sustanciales debe promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse.

En el caso particular, desde 2014 el Congreso del estado de Baja California había aprobado una reforma constitucional en la que señalaba en el artículo octavo transitorio que quien resultara electo para la gubernatura en 2019, iniciaría funciones el 1 de noviembre y concluiría el 31 de octubre de 2021.

De conformidad con lo anterior, tanto en la convocatoria para la elección de la gubernatura de este año, así como en la etapa de registro de las candidaturas, el Instituto Electoral local estableció que el periodo de gobierno sería de dos años.

En consecuencia, diversas ciudadanas y ciudadanos se inconformaron ante el tribunal electoral local por considerar que el periodo de mandato era inconstitucional. La decisión de la autoridad fue modificar los dos años a cinco y, posteriormente, en otra resolución derivada de la impugnación de Jaime Bonilla, consideró que el periodo debía ser de seis años. Un sospechoso y verdadero desorden jurisdiccional estatal.

Sin embargo, ambas decisiones fueron revisadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y se resolvió que el tribunal electoral local había analizado indebidamente las inconformidades. La razón era muy sencilla: las y los promoventes habían presentado sus impugnaciones de manera extemporánea.

Así, la decisión del TEPJF fue revocar las resoluciones dictadas por el órgano jurisdiccional local y confirmar la vigencia de dos años como periodo para la gubernatura que se elegiría este 2019.

Por lo tanto, el dos de junio pasado las y los ciudadanos de Baja California acudieron a las urnas para elegir, entre otros, al titular del Poder Ejecutivo estatal con la certeza de que éste duraría en el cargo el tiempo que señalaba la Constitución local. Esto es, más de 840 mil personas que participaron el día de la jornada electoral con su voto, eligieron la opción política de su preferencia sabiendo de antemano que quien resultara ganador estaría en el cargo dos años.

Pese a ello, el Congreso de la entidad ha decidido que Jaime Bonilla será gobernador por tres años más, es decir, cinco. Dicha decisión no debe ni puede pasar desapercibida. De hecho, es importante externar un firme rechazo a la actuación de las y los legisladores locales, pues resulta preocupante que después de haberse celebrado los comicios, se extienda el mandato de un gobernante y se pase por alto que la ciudadanía acudió a las urnas con la certeza de que su decisión otorgaría el poder a una opción política por un tiempo claramente delimitado. En otras palabras, es la institucionalización del engaño.

Creo que no exagero cuando señalo que hay que poner mucha atención a lo ocurrido en Baja California. Estoy convencido que el respeto a la voluntad ciudadana debió ser la premisa fundamental para rechazar la propuesta de extensión del periodo de mandato. Hoy veo que no fue así, pues tres ayuntamientos (Playas de Rosarito, Ensenada y Tecate) de cinco ya ratificaron lo aprobado por el Congreso local y con ello adquiere formalidad.

Dado que ya es oficialmente una reforma, espero con entusiasmo que se impugne a través de una acción de inconstitucionalidad para que la SCJN la revise y declare que se encuentra fuera del orden constitucional vigente. Llámenme optimista, pero siempre estaré convencido que, ante la arbitrariedad o la discrecionalidad, la mejor alternativa siempre será la instancia legal.

Jefe de oficina de la Presidencia del Consejo del INE

@ebuendiaz

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