La semana pasada conocí a una joven pareja que está construyendo una casita en Tulum, Quintana Roo, por razones de trabajo tuvieron que ausentarse dos días, cuando regresaron, su casa había sido saqueada y encontraron las pocas pertenencias que quedaron destruidas. Cuando me lo contaron, les pregunté si habían acudido a la policía, la chica que es de Noruega, me volteo a ver con asombro y sin creer mi ingenuidad, me dijo, pero estamos en México, donde no hay Cultura de la Legalidad.
En los estados modernos se considera fundamental, la existencia de una Cultura de la Legalidad para que funcione el Estado de Derecho, que genere progreso, bienestar, justicia social, respeto a los derechos humanos, libertades y democracia. Una cultura de la legalidad aparece, cuando en una sociedad, sus individuos creen en el valor de las leyes y normas para convivir armónicamente y por lo tanto están dispuestos a respetar las disposiciones jurídicas existentes, convencidos en el beneficio colectivo.
Para considerar que una sociedad practica la cultura de la legalidad, el comportamiento de sus ciudadanos debe tener ciertas características: a) respetan el derecho de los demás integrantes del colectivo, b) están dispuestos a cooperar con las autoridades, c) se interesan y conocen las normas básicas que rigen a la sociedad, d) obedecen las disposiciones jurídicas, e) reprueban y condenan los actos ilegales.
Como en todo hecho civilizatorio la educación está en la base de una Cultura de la Legalidad. Una educación cívica apropiada y prácticas de respeto mutuo entre alumnos y maestros de educación básica, son indispensables para que a través de los niños y jóvenes, que serán los próximos ciudadanos, se genere ese aprecio fundamental al Estado de Derecho.
También es importante el papel de los medios, destacando en sus contenidos la conveniencia del respeto a la legalidad, así como el de las organizaciones civiles, resaltando el trabajo ejemplar de muchos de sus miembros en los cambios sociales. No obstante, los principales promotores de una Cultura de la Legalidad, deben ser los propios gobernantes, debido a su enorme influencia en el comportamiento social, la gran cantidad de instrumentos de los que disponen y su papel destacado como ejemplo y modelos a seguir.
Lo que hoy vemos en México no nos puede generar optimismo. Nos encontramos con un gobierno que abiertamente viola la Ley fundamental, ejemplos hay muchos, solo basta recordar el memorándum que giro el Presidente a sus secretarios de Hacienda, Gobernación y Educación a inicios del 2019 para que desatendieran lo dispuesto en la Constitución y poder satisfacer demandas de los maestros de la CNTE, anulando así las evaluaciones magisteriales.
No solamente desobedeciendo la Constitución, el Gobierno manda señales adversas a una Cultura de la Legalidad. Tenemos otros casos que generan modelos a seguir, como son el permitir que la delincuencia organizada opere con total impunidad y hacer una demostración pública de cómo se viola la ley al liberar a un narcotraficante que había paralizado de manera violenta toda una ciudad. O qué decir de cancelaciones arbitrarias, sin respetar contratos y disposiciones jurídicas, como fueron los casos del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y de la Cervecera Constellation Brand.
El próximo domingo, atestiguaremos un acto más, contrario a la Cultura de la Legalidad. Se hará un costosísimo ejercicio de consulta popular, solamente para contestar una pregunta que es un enredo en sí misma, pero que en síntesis significa saber si se está de acuerdo en que la Ley se cumpla. Este enorme despropósito, obedece al afán del Presidente, en denostar a gobiernos anteriores para singularizar el suyo como diferente y mejor. Muy fiel a su estilo, en vez de dar resultados de su gestión gubernamental, se instala en la descalificación y se hace la víctima.
Por eso ordenó a sus fracciones de Morena en el Congreso de La Unión, emitieran un dictamen para que el INE convocara a la consulta popular, en la que se preguntara si debía juzgarse (sin aportar pruebas) a los presidentes anteriores a esta administración. Dado el incuestionable carácter anticonstitucional de la pregunta formulada originalmente, un concierto de inconstitucionalidades, según el Ministro Luis María Aguilar, se promovió un amparo que llevó a la Suprema Corte de Justicia a opinar sobre este asunto, corrigiendo la pregunta original y dejando en su lugar un embrollo que no ayuda en nada, ni a la democracia, ni a la Cultura de la Legalidad.
Es muy lamentable que los tres poderes de La Unión, en este caso, el Ejecutivo ordenando una consulta absurda, el Legislativo a través del partido mayoritario, aprobando la propuesta y el Judicial por conducto de la Suprema Corte de Justicia plegándose timoratamente a los caprichos presidenciales, estén dando este pésimo ejemplo a una sociedad necesitada de una Cultura de Legalidad, que le permita avanzar rápidamente en la superación de sus desafíos en materia de equidad social, educación, salud, seguridad pública y crecimiento económico.
De verdad si usted no quiere ser parte de este espectáculo decadente, absurdo y contrario al Estado de Derecho, dedique su domingo a cosas importantes, por ejemplo: familia, amigos, lectura, descanso o los Juegos Olímpicos.
\u0009\u0009\u0009\u0009\u0009*Presidente de la Academia Mexicana de Educación.
