El pasado jueves, en la Cámara de Diputados, estuvieron presentes las madres y los padres de los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa. A cinco años de los terribles acontecimientos, seguimos sin saber de ellos; no se sabe lo que pasó, ni dónde están. Estos padres no saben dónde los pueden encontrar, abrazar y besar. Tampoco —si fuera el caso—, dónde los pueden llorar y enterrar. El amor sigue siendo el lazo más fuerte, y es más fuerte que la brutalidad de la delincuencia. Y es por ello, que siempre habrá una esperanza de que su hijo sea un sobreviviente; de que sea encontrado y pueda volver a disfrutar de la vida cotidiana, compartir el desayuno, las pequeñas peleas y la esperanza del futuro.
Después de cinco años, eso es lo que el Estado mexicano les ha negado: les niega la verdad, les niega la justicia; profundiza su dolor y los tortura día a día. El grupo interdisciplinario dijo que el proceso de investigación estuvo mal y la corte lo confirma. Ahora, se dice que las confesiones fueron obtenidas bajo tortura, y por supuesto, “la verdad histórica” se derrumba cual castillo de arena. Los detenidos salen libres… inocentes o culpables, no lo sabremos, salen libres. Y ante esto, nos preguntamos: ¿Por qué no se siguieron todas las líneas de investigación? ¿Por qué no se investigó a todos los presentes, a los encargados de seguridad, la policía municipal, estatal, federal, al ejército; las llamadas? ¿Por qué no entrevistar a medio pueblo, o al pueblo entero? ¿Por qué no se incluyeron en el estudio inicial las llamadas telefónicas y el seguimiento a celulares que se mantuvieron vigentes por más de una semana después de la tragedia? Hay mucho por hacer y le debemos tomar la palabra al director de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Félix Santana Ángeles, quien dijo que la verdad deberá encontrarse sin importar el costo político, porque ése, no vale ni media vida humana.
Yo estudié en la UNAM. Fui joven y soy de izquierda, desde siempre. Entiendo muy bien los impulsos, la irreflexión, y las ganas de transformar el mundo ya; de acabar con las injusticias, de lograr un mundo mejor. También conozco cuando la autoridad se descompone en autoritarismo, cuando en vez de servir se sirven del pueblo, cuando desde el fondo de nuestro ser escapa un grito de impotencia, rebasando la lógica y el raciocinio. Eso pasa cuando lo que vemos no responde a ninguna lógica, sino a un acto salvaje de depredación del hombre por el hombre. Ésa fue la primera irresponsabilidad de este Estado: dejar a la población bajo el dominio de la ley de la selva. Porque en Guerrero, persiste la pobreza, el hambre, la falta de educación, la falta de salud, la falta de seguridad. Por eso, unos delincuentes se atreven a pensar que pueden matar a cien personas en el pueblo, imponer la ley del terror y estar seguros de que se saldrán con la suya. Supieron que privaría la impunidad. Pero hay que decirlo con todas sus letras: lo más grave es que no sólo fueron delincuentes, sino que estuvieron involucrados agentes del Estado. Se convirtieron en delincuentes con placa y con fusil.
La historia de Guerrero es una historia de caciques y de represión. Desde ahí, surgieron los líderes guerrilleros Genaro Vázquez y Lucio Cabañas. La respuesta del gobierno de ese entonces fue brutal; más represión, más balas, más muertes, la paz de los sepulcros. Pero la violencia y los baños de sangre están muy lejos de restaurar la legalidad. Muy por el contrario, con gran dolor, hemos visto que la peor tragedia es que las administraciones anteriores nunca se preocuparon por el bienestar de los ciudadanos, y por eso, dejaron al país en una zona de guerra encima de un cementerio inmundo. Es una vergüenza. Una maldita vergüenza.
Coordinadora Temática de Economía del Grupo Parlamentario de Morena
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