Se nos dice que la nueva iniciativa de reforma a la Ley de Hidrocarburos que se pretende aprobar en fast track no tiene nada que ver con expropiaciones, sino que busca evitar el contrabando, ordenar al sector y garantizar la seguridad energética nacional. Sin embargo, la impunidad en los ilícitos aducidos es producto de la falta de aplicación efectiva de las leyes en general, no del contenido de la normativa vigente en la materia. Más importante aún, los riesgos de seguridad reales están en la insostenibilidad financiera y operativa de Pemex tal como opera y es conducida hoy.
En contrapartida, los cambios sí dejarían expuestas a actos de autoridad con amplísimo margen de discrecionalidad a empresas que participan en producción, procesamiento, almacenamiento, transporte, expendio e importación de hidrocarburos.
Se habla de que la legislación vigente fue aprobada incluso con sobornos, pero no se pasa de la descalificación mediática. Asimismo, del objetivo de que las empresas del Estado tengan un papel más activo, lo que puede ser válido, pero no por dar carta abierta a la arbitrariedad y la incertidumbre jurídica en el otorgamiento y la revocación de permisos, así como a medidas de corte confiscatorio bajo criterios ambiguos, tan imprecisos como “garantizar los intereses de la nación” sin establecer motivación ni argumentación claras.
Estamos ante la misma problemática que frente a la contrarreforma eléctrica: en ese caso para desplazar a las energías renovables y reconstruir el monopolio de la CFE en generación; en éste, para hacer inviable la competencia en petrolíferos, sin que eso pueda tener algún efecto positivo en la quiebra virtual de Pemex ni en beneficio para los consumidores: al contrario, lo más probable es que se acentuarían las pérdidas exorbitantes y los ciudadanos tendríamos que pagar más, ya sea por los precios, riesgos de desabasto o mayor costo fiscal para sostener a la empresa.
Más pérdidas acumulables, porque la iniciativa también tiene claros visos de retroactividad, anticonstitucionalidad y contravención de tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano. De aprobarse, junto con otra lluvia de amparos, pueden venir litigios que costarían miles de millones de dólares a la nación. Todo eso sin tocar lo fundamental.
Seguir arrojando dinero público a un barril sin fondo, sin un plan de reestructuración viable en lugar de un manejo político-ideológico del sector energético, va en detrimento de la estabilidad financiera y la sustentabilidad del abasto de energía del país. Fueron 481 mil millones de pesos de pérdidas el año pasado y 346 mil millones en 2019.
La deuda de Pemex pasa de 110 mil millones de dólares, lo que supera a sus activos. En los últimos dos años le inyectaron 368 mil millones de pesos en apoyos fiscales. Acaban de darle otro estímulo por 73 mil millones y se ha dicho que el gobierno absorberá parte de la deuda. A pesar de eso la producción de crudo cayó al nivel más bajo en cuatro décadas y la de gas natural disminuyó 50% en 10 años, con lo cual la dependencia de la importación en este último pasa de 70 por ciento.
De persistir por esta ruta, inevitablemente crecerá la dependencia del exterior y de sectores fósiles que están en una clara fase de declinación. En cambio, otras petroleras reconfiguran sus modelos de negocio para superar la caída de la demanda de hidrocarburos por la pandemia y, más aun, a fin de acelerar su adaptación a la transición energética.
Por ejemplo, la angloholandesa Shell reestructura refinerías para dedicarlas a actividades petroquímicas de más valor agregado y con futuro promisorio, además de anunciar que invertirá mínimo dos mil millones de dólares al año en renovables. No va desencaminada: la Agencia Internacional de Energía ha estimado que el consumo global de gasolina ya no volverá a los niveles previos a la pandemia, al entrar en una tendencia de descenso irreversible. Lo que viene son los vehículos eléctricos, igual que campos eólicos y marinos, mega baterías de litio, hidrógeno verde.
En sentido contrario, en México se construye otra refinería, cuando las seis que ya tenemos en territorio nacional no pueden producir más que alrededor de 30% de la gasolina y del diésel que consumimos. No trabajan hoy a más del 50% de su capacidad y son responsables del 45% de las pérdidas de Pemex. Se ha estimado que funcionan con 12 trabajadores por cada uno en las plantas de Estados Unidos y, por su obsolescencia, generan como residuo cada vez más del muy contaminante combustóleo que todas las refinerías de Estados Unidos.
Por si fuera poco, tratar de apuntalar la apuesta por ese modelo ruinoso transfiriendo la deuda de Pemex a la nación, aunque quizá alivie un poco su flujo de efectivo, puede degradar la deuda soberana del país.
Más que intentar volver a monopolios insostenibles con contrarreformas anticonstitucionales, se necesita una reestructuración profunda de la empresa, incluyendo un plan de desinversión de activos no rentables, depuración administrativa, asociaciones estratégicas como las que hacen otras petroleras, tanto para proyectos de petróleo, gas y petroquímica con perspectiva de rendimiento, como para no quedar fuera de la transición energética.
La clave es apostar por el realismo, el pragmatismo y el futuro, en lugar de la ideología y la política.
