Por Ricardo Gallegos*
México recientemente ha recibido dos ejemplos de “la tiranía de la democracia”. El primero, en la discusión y votación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) y el segundo, en la Cámara de Diputados, acerca de la propuesta de Reforma Energética, en donde se demostró que, más allá de una discusión de buenos y malos, es un tema inherente a una democracia, la cual se acota en pesos y contrapesos que siempre son positivos en toda sociedad moderna.
Si bien ambos fenómenos se legitiman por mayorías calificadas, dependiendo cómo se definen o se requieren en cada caso para las aprobaciones correspondientes, lo que vivimos recientemente muestra de qué forma los pesos de las diferentes fuerzas políticas se traducen en decisiones de política pública que, sin duda, resultarán en efectos económicos y jurídicos en el mediano y largo plazo.
En el caso de la discusión de la LIE, si bien hubo una mayoría simple en la opinión de los magistrados, esta no fue suficiente para que obtuviera la mayoría calificada, lo que implicó que los cambios a esta Ley no fueran declarados inconstitucionales. El efecto esperado en lo general es que los más de doscientos amparos en proceso de empresas que se sienten afectadas por esta disposición sigan el curso legal y en cierto punto pudieran alcanzar los máximos tribunales, en donde ahí no se necesita mayoría calificada, sino mayoría simple por parte de los magistrados, lo cual abre la puerta a temas de jurisprudencia (cinco casos en el mismo sentido), por lo cual todavía es un tema que dará para buen rato. ¿Qué ganamos o perdimos?, por lo menos, hoy tenemos claridad y certidumbre en torno a una política pública que hasta cierto punto podría desincentivar la inversión y, por ende, el crecimiento; pero, por otra parte, está la posibilidad de fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
En el caso de la reforma energética que era una propuesta del Ejecutivo de mucho mayor envergadura y que tocaba distintos puntos, tuvimos nuevamente la muestra de cómo los contrapesos funcionan, y dejando de lado si estamos de acuerdo o no en el hecho o los impactos derivados de la implementación de esta propuesta, la realidad es que no se obtuvo una mayoría calificada que permitiera avanzar a los siguientes pasos, que eran la aprobación en el Senado y en los congresos locales.
Las preocupaciones en torno a la aprobación de esta reforma constitucional también representaban mayores retos en torno a su implementación y al impacto en la curva de crecimiento e inversión, así como en la percepción hacia el exterior sobre nuestro estado de derecho y un sinnúmero de otros efectos, que hoy dan al igual que en el caso previo al menos certidumbre.
La discusión y las lecciones de esto que hemos vivido da para una intensa y profunda reflexión no sólo en términos de la medición de fuerzas políticas, sino también de los efectos económicos y jurídicos que seguiremos experimentando en el corto y mediano plazo. Lo que es un hecho, dejando de lado un tema de filias y fobias, es que los pesos y contrapesos funcionaron y esto por sí solo es una buena noticia.
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*Ricardo Gallegos es Director Ejecutivo Senior de Finanzas Públicas & Deuda Soberana en HR Ratings. Economista por el ITESM y estudios de Maestría en Políticas Públicas por el ITAM.
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