/ viernes 1 de noviembre de 2019

Democracia y negocios

La llegada de la “cuarta transformación” al poder político en México ha impulsado una serie de reformas constitucionales y legales que, aunque tienen un tamiz político-electoral, también tienen un impacto en el ámbito industrial.

Simplemente, en esta semana se elevaron a rango constitucional las figuras de la consulta popular y la revocación de mandato, también se aprobó quitar el fuero constitucional al presidente de la república y se busca reducir 50 por ciento el financiamiento público de los partidos políticos.

Estos movimientos legales se tienen que analizar por partes. A la consulta popular (ya existente), se le realizaron ajustes en materias en las que no procede y se fijó que al menos dos por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, la soliciten.

La revocación de mandato es el derecho para solicitar la destitución o separación de sus cargos a los funcionarios elegidos que incumplen el mandato otorgado en las urnas, “dando lugar al retiro de la confianza depositada en ellos y, consecuentemente, a su reemplazo”.

Como todo, la revocación tiene ventajas y desventajas: beneficia porque hace cumplir a los gobernantes sus compromisos y ser eficaces, pero también se destaca la manipulación que sobre ella pretenden hacer los gobernantes a fin de seguir conservando el poder, encausando a su favor la aplicación de este instrumento, “sobre todo cuando ejercen un poder excesivo, sin frenos ni contrapesos, por parte de fuerzas políticas antagónicas, que le hacen conducirse al margen de los postulados y principios de la teoría de la división de poderes, manteniendo a las instituciones políticas bajo su control por medio de sus partidarios”.

En ambas figuras (consulta y revocación), al llegar a su reglamentación, tendrá que tocarse el tema del uso de los tiempos oficiales en radio y televisión, ya que para su realización es necesario que la ciudadanía esté enterada y acuda a participar; actualmente, la consulta popular —ninguna se ha realizado en casi cinco años de implementación— accede a los tiempos que le corresponden a la autoridad electoral.

Son instrumentos que muestran un avance en la democracia electoral, pero se debe tener cuidado en la legislación secundaria e implementación, “el diablo está en los detalles”.

Como un gran precedente puede tomarse la eliminación del fuero constitucional al Presidente de la República, así como buscar la reducción del costo de sostenimiento de los partidos políticos.

El primer caso ya pasó la aduana de la Cámara de Diputados; del segundo, falta la decisión del Pleno. Será complicado —para el partido gobernante— conseguir la mayoría calificada (dos terceras partes), ya que en cuestión de pesos repercutiría a sus aliados y adversarios, que estiman quedar en desventaja.

Al final del día, pareciera que estas reformas político–electorales son un mundo apartado del ámbito empresarial, pero, precisamente, el sistema democrático debe dar estabilidad a la parte económica, por lo que, si existe un cambio, debe dejar de lado cualquier intento faccioso y ver por la confianza en las inversiones, la competencia y los empleos del país.

Democracia y negocios van de la mano; de no existir sinergia el resultado será negativo.

La llegada de la “cuarta transformación” al poder político en México ha impulsado una serie de reformas constitucionales y legales que, aunque tienen un tamiz político-electoral, también tienen un impacto en el ámbito industrial.

Simplemente, en esta semana se elevaron a rango constitucional las figuras de la consulta popular y la revocación de mandato, también se aprobó quitar el fuero constitucional al presidente de la república y se busca reducir 50 por ciento el financiamiento público de los partidos políticos.

Estos movimientos legales se tienen que analizar por partes. A la consulta popular (ya existente), se le realizaron ajustes en materias en las que no procede y se fijó que al menos dos por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, la soliciten.

La revocación de mandato es el derecho para solicitar la destitución o separación de sus cargos a los funcionarios elegidos que incumplen el mandato otorgado en las urnas, “dando lugar al retiro de la confianza depositada en ellos y, consecuentemente, a su reemplazo”.

Como todo, la revocación tiene ventajas y desventajas: beneficia porque hace cumplir a los gobernantes sus compromisos y ser eficaces, pero también se destaca la manipulación que sobre ella pretenden hacer los gobernantes a fin de seguir conservando el poder, encausando a su favor la aplicación de este instrumento, “sobre todo cuando ejercen un poder excesivo, sin frenos ni contrapesos, por parte de fuerzas políticas antagónicas, que le hacen conducirse al margen de los postulados y principios de la teoría de la división de poderes, manteniendo a las instituciones políticas bajo su control por medio de sus partidarios”.

En ambas figuras (consulta y revocación), al llegar a su reglamentación, tendrá que tocarse el tema del uso de los tiempos oficiales en radio y televisión, ya que para su realización es necesario que la ciudadanía esté enterada y acuda a participar; actualmente, la consulta popular —ninguna se ha realizado en casi cinco años de implementación— accede a los tiempos que le corresponden a la autoridad electoral.

Son instrumentos que muestran un avance en la democracia electoral, pero se debe tener cuidado en la legislación secundaria e implementación, “el diablo está en los detalles”.

Como un gran precedente puede tomarse la eliminación del fuero constitucional al Presidente de la República, así como buscar la reducción del costo de sostenimiento de los partidos políticos.

El primer caso ya pasó la aduana de la Cámara de Diputados; del segundo, falta la decisión del Pleno. Será complicado —para el partido gobernante— conseguir la mayoría calificada (dos terceras partes), ya que en cuestión de pesos repercutiría a sus aliados y adversarios, que estiman quedar en desventaja.

Al final del día, pareciera que estas reformas político–electorales son un mundo apartado del ámbito empresarial, pero, precisamente, el sistema democrático debe dar estabilidad a la parte económica, por lo que, si existe un cambio, debe dejar de lado cualquier intento faccioso y ver por la confianza en las inversiones, la competencia y los empleos del país.

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