Por Lídice Rincón Gallardo
La lucha contra las distintas formas de la discriminación y la exclusión inició en el año 2001, con la inclusión de la cláusula antidiscriminatoria en el Artículo 1º constitucional y su reglamentación en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Desde entonces, no solo necesitamos la atención de la desigualdad colocando en igualdad de condiciones a todas las personas, sino también medidas de atención diferenciada que nos permitan atacar vulnerabilidades concretas y en espacios particulares.
Por ello, cualquier normativa sobre discriminación y la generación de políticas públicas armónicas con esta perspectiva, no estaría completa sin estrategias para la construcción de una cultura de paz y la regeneración del tejido social para volverlo incluyente y solidario.
Hoy, estamos en grave riesgo de sufrir un retroceso en lo que, a los derechos de las personas con discapacidad, se refiere. Según diversos informes, entre ellos el presentado por Human Rights Watch en 2020, mucho antes del confinamiento por el COVID-19 el encierro era una realidad para cientos de miles de personas en el mundo; la práctica inhumana del shackling o encadenamiento era y es una realidad aún en nuestro país; más de 60 países en el mundo llevan a cabo estas atrocidades hacia niñas, niños, hombres y mujeres.
La violencia y la discriminación estructurales normalizadas sumadas al necesario confinamiento derivado de la pandemia, nos ha llevado a complicaciones mayúsculas de toda índole; desde la económica hasta la emocional; pero es importante que tengamos consciencia que lo que se ha intensificado gravemente es la violencia familiar; en el caso de las mujeres con algún tipo de discapacidad o de la diversidad psicosocial ha sido igualmente complicado y si pensamos e imaginamos que una de las discapacidades que se ha visto profundamente afectada es precisamente aquella que tiene que ver con la salud mental, además de ser una condición bastante invisibilizada e incomprendida, tiene a su alrededor situaciones adversas, no sólo de la violencia familiar que se ha visto agravada, sino también el absoluto abandono por el Estado y las instituciones, la ausencia de políticas públicas y la posibilidad de la pérdida de la capacidad jurídica que se contempla con la iniciativa del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que, perpetua un modelo de sustitución de la voluntad y que dará pie a que se les considere incapaces para decidir porque se estima que tienen destrezas cognitivas limitadas o una inteligencia limitada; así, pensando en el caso de las mujeres de la diversidad psicosocial, entre otras personas con discapacidad, pretenden graduar el tipo de evaluaciones respecto de la capacidad; el derecho de las personas con discapacidad no es una decisión fáctica, no depende del tipo de inteligencia o de su destreza cognitivas sino de un derecho; les pretenden quitar la voluntad al ya de por sí cuestionado derecho a la libre elección, a la identidad (al matrimonio, a la maternidad o a la interrupción del embarazo, por ejemplo); según las recomendaciones del Comité sobre los derechos de las Personas con Discapacidad es necesario un nuevo modelo para la toma de decisiones que ofrezca los apoyos necesarios, tal y como lo mandata la Convención para el ejercicio de su voluntad a plenitud.
Por otro lado, en nuestro momento actual, el miedo frente a la violencia y la impunidad se han convertido en un factor que afecta nuestra salud mental como sociedad. Cada nueva noticia sobre un asesinato de odio, cada muestra de impunidad que conocemos a través de los medios de comunicación, cada feminicidio, cada desaparición, cada nuevo testimonio acerca de cómo el crimen organizado ha roto vidas y espacios de socialización, constituyen una amenaza potencial a nuestra salud mental. Si bien es cierto que cada persona reacciona de distinta manera frente a la violencia, no podemos dejar que el miedo se convierta en un factor para que, como lo hemos dicho en otros espacios, niñas, adolescentes y madres, vivamos con alguna discapacidad psicosocial.
Presidenta de la Fundación Gilberto Rincón Gallardo y coordinadora de acción política en Nosotrxs / @NosotrxsMX
