El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) ha presentado el Índice de Rezago Social, una métrica que permite observar la precarización que enfrentan los hogares mexicanos en aspectos esenciales como el acceso a los servicios de salud, educación y calidad de la vivienda.
El Coneval precisa que no se le debe considerar como una medición de la pobreza multidimensional porque no incorpora la dimensión del ingreso monetario.
No obstante, la información del Índice de Rezago Social complementa lo que el INEGI y el IMSS han adelantado a través de sus informes sobre la situación del mercado laboral: la crisis asociada al COVID-19 potenció los factores causales de la pobreza.
Ya se conoce la reducción de empleo que se presentó entre abril y septiembre del 2020: en el peor momento de la pandemia se perdieron 12 millones de fuentes de trabajo. Aún existe el pendiente de recuperar 2 millones de ese total.
De igual forma se cuenta con estadísticas oficiales que muestran una generación de nuevas fuentes de trabajo con un ingreso económico inferior a los tres salarios mínimos y la reducción de empleo que paga más de 5 salarios mínimos. Lo anterior constituye un primer elemento que incide en el incremento en los niveles de pobreza en México.
Lamentablemente, la fragilidad del mercado laboral tiene otra consecuencia: de acuerdo con el CONEVAL, en 2020 existía un 26.2% de “población sin derechohabiencia a servicios de salud”. Como referencia: en 2015 el porcentaje fue de 17.3%.
¿Cuál es la implicación de lo descrito? En 2015 había 20.6 millones de mexicanos con el problema de acceso a servicios de salud. En 2020 la cifra se elevó a casi 33 millones.
El aumento en esta dimensión de precarización se dio en todos lo estados del país: Tabasco, Chiapas, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Oaxaca y Michoacán reportaron los mayores aumentos, siendo el último caso el más delicado porque 37.6% de su población enfrenta restricciones para acceder a los servicios de salud.
¿Por qué se presentó dicho deterioro? Una de las razones radica en la precarización del mercado laboral formal: la pérdida de empleo tiene la consecuencia legal negativa, para los trabajadores y sus familias, de perder el derecho de ser atendido en las instituciones de salud pública.
De acuerdo con las cifras del IMSS y el INEGI, hasta marzo del 2021 persiste el rezago en la materia.
A nivel estatal, el Índice de Rezago Social se elevó en 13 entidades del país, reflejando un deterioro en la calidad de vida de su población.
El mayor incremento en el rezago se dio en Chiapas, Tabasco, la Ciudad de México, Jalisco, el Estado de México, Baja California, Tlaxcala y Nuevo León: se presentó un deterioro social tanto en algunos de los estados más pobres como en los que son el motor de crecimiento económico nacional.
Cuando considera que Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Michoacán tienen a más del 40% de su población con estudios de primaria incompletos, se puede inferir la tarea histórica por realizar en materia económica y social; un desafío que fue exacerbado por la recesión asociada al Covid-19 y la afectación estructural que causó al mercado laboral.
En 2021 se conocerá con mayor precisión la situación de la pobreza en México. En otros sexenios la respuesta fue ampliar el gasto social asistencial. La crisis del COVID-19 mostró la fragilidad de dicha estrategia. La alternativa es fortalecer la salud del mercado laboral a través de mayor inversión productiva, empleo formal, educación de calidad, crecimiento y productividad, pendientes no atendidos en 40 años.