El Estado de Derecho es un componente fundamental de la democracia. Difícilmente, ésta última podría tener viabilidad sin la vigencia y el respeto a la legalidad, tanto por parte de gobiernos y poderes públicos, como de la sociedad.
Al mismo tiempo, el Estado de Derecho constituye la base para la gobernabilidad y, de manera muy, particular, para la convivencia armónica. Dicho en otro sentido, es la garantía para que todos podamos ejercer nuestros derechos, a plenitud.
Sin embargo, para los gobiernos, sin importar su perfil ideológico, se ha vuelto práctica común abusar retóricamente del término, manipularlo o bien, sacarle el mayor de los provechos según las coyunturas y los intereses que se persigan.
En México vivimos -formalmente- en un régimen de derecho; incluso, se ha llegado al extremo de adjetivarlo como un “auténtico” Estado de Derecho, aunque en determinados momentos literalmente nos colocamos en la Antítesis del mismo.
Desde el punto de vista conceptual, no es necesario acudir a varias fuentes académicas para comprender su trascendencia. De manera muy clara y sencilla, la ONU lo define como “un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a las leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia…”.
Prosigue la ONU: … “exige (el estado de derecho) que se adopten medidas para garantizar el respeto de los principios de primacía de la ley, igualdad ante la ley, separación de poderes, participación en la adopción de decisiones, legalidad, no arbitrariedad, y transparencia procesal y legal”.
Al momento de leer ambas citas, vienen a la mente una lista de hechos y circunstancias que interpelan la vigencia de nuestro Estado de Derecho.
Empecemos por algo que todos los mexicanos padecemos: la Impunidad que impera en el país y que cuya expresión más visible va desde los altos índices de feminicidios, secuestros, extorsiones, desapariciones y violaciones, entre otros tantos delitos más, hasta escándalos que involucran a integrantes de las distintas élites: condonación de impuestos, enriquecimiento inexplicable, desvíos de recursos para beneficio propio o grandes fortunas hechas al amparo del poder, solo por citar algunos de los casos más emblemáticos que exhiben los déficits del Estado de Derecho.
Y ni qué decir de las “maniobras” que se realizan en los distintos niveles de gobierno para modificar -a modo- la ley sólo para cumplir objetivos personales. Me refiero a hechos como lo sucedido en Baja California, en donde el pasado mes de junio se eligió gobernador para un periodo de 2 años y posteriormente se quiso extender a 5; o también casos ocurridos en los inicios del actual sexenio, que se llegó al extremo de realizar modificaciones a la legislación con el propósito de eliminar aquellos requisitos -nacionalidad, escolaridad, experiencia, etc.- que impedían a determinados aspirantes ocupar un cargo público.
En esta dinámica de encontrar la manera de “torcer” la ley, no podemos dejar de mencionar a aquellos dirigentes sindicales que se enquistan, por décadas, al frente de sus organizaciones, apelando a la “voluntad de sus bases”, pero que en realidad lo consiguen mediante el ejercicio de prácticas antidemocráticas, procesos poco transparentes y sin rendir cuentas del patrimonio de los trabajadores que dicen representar.
Sin ir más lejos, la semana pasada a la mayoría de los capitalinos nos indignó el grado de violencia, los excesos y la impunidad con que actuaron diferentes grupos de jóvenes con motivo de la marcha conmemorativa del 2 de octubre. Se violó la ley, se afectó a terceros y se provocaron innumerables destrozos a particulares. Una muestra más del quebrantamiento de la legalidad ante un gobierno omiso.
Por si algo más faltara: los bloqueos de taxistas que tuvieron lugar esta semana en la CDMX y en algunas entidades del país, no sólo confirmó la incompetencia de los gobiernos para desactivar el conflicto, sino que también permitieron que los ciudadanos fueran tomados como rehenes de los grupos en protesta. Los derechos de los ciudadanos, literalmente, fueron aplastados.
Para concluir, quiero precisar que el respeto al Estado de Derecho debe comenzar por quien detenta la titularidad del Ejecutivo, como resultado de la voluntad ciudadana expresada en las urnas. Para la ONU, el régimen de derecho también exige la “separación de poderes”, pero lo que realmente constatamos es un proceso de subordinación y sometimiento del Poder Legislativo y el Judicial. Y aún más, la aplicación de la ley no se realiza con “independencia”, sino con fines eminentemente políticos, específicamente en contra de los adversarios al poder.
*Presidente de la Academia Mexicana de Educación
