La reveladora carta de renuncia de Germán Martínez a la Dirección General del Instituto Mexicano del Seguro Social tuvo el mérito de colocar en el centro del debate las graves amenazas que hoy enfrenta este organismo con más de 27 millones de asegurados y 60 millones de derechohabientes.
Debería servir para poner cartas en el asunto oportunamente, pero también con visión de largo alcance, porque, además de poner en blanco y negro lo inmediato, evidencia nuevamente la descomposición y la precariedad estructural que arrastra, desde hace años, no sólo el IMSS, sino el sistema de salud en su conjunto y la seguridad social en México. Desafíos que, como bien señala Martínez, necesitan mucho más que ajustes o cambios superficiales.
“Necesitamos una reforma al IMSS para acoplarlo al sistema universal de salud y al modelo preventivo, donde se ataquen los determinantes sociales de la salud”, aseveró. “Una reforma al IMSS para adecuarlo a la nueva realidad laboral, y al nuevo Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, donde de forma gratuita se atiendan los mexicanos en igualdad de condiciones”.
Ese es el tamaño del reto, que no hemos abordado con la seriedad y la determinación que se requieren, una omisión como nación, y no de ahora, porque es un pendiente que se ha pospuesto sexenio tras sexenio, lo cual compromete la sustentabilidad del IMSS y, con ello, de la salud y el bienestar de los mexicanos, además del desarrollo económico.
Entre los problemas que enfrenta la institución, puntualizados por el ex director, están la falta de avance en obras y pago a proveedores, compras de equipamiento paradas, aumento de reclamaciones y litigios, abasto precario de medicamentos y pasillos de espera llenos de personas y retrasos en la atención a pacientes. A ello hay que agregar la responsabilidad asumida para atender a personas sin seguridad social, una parte de los afiliados al extinto Seguro Popular, como lo comprometió el Gobierno Federal.
Al hablar de recortes, despidos de personal necesario y retención de recursos, todo lo cual exacerba los problemas, acertadamente pone en dimensión el estatuto peculiar del IMSS, que funciona, más que con recursos aportados por el gobierno, con las cuotas de los trabajadores y las empresas que operan en la formalidad. Por eso recuerda, al cuestionar que ahorros del organismo pudieran usarse para otros fines, que éste no está obligado a concentrar en la Tesorería de la Federación sus ingresos.
Hay una advertencia de particular pertinencia en lo que atañe a los problemas estructurales del IMSS y de los sistemas de salud y seguridad social en México, heredados por el actual gobierno, pero no por ello menos acuciantes: “Descuidar la recaudación tributaria y la debida y justa incorporación de los trabajadores al seguro social es suicida para el IMSS”.
Se plantea un plan para mejorar el sistema de salud pública enfocado en una mayor integración y centralización desde el Gobierno Federal. Es una decisión en el sentido correcto, ante la fragmentación existente, con la Secretaría de Salud, el ISSSTE, el Seguro Social, lo que era el Seguro Popular y que ahora será el Instituto de Salud para el Bienestar, así como los servicios que otorgan los estados y otros organismos o instituciones, como los sistemas de salud de Petróleos Mexicanos o los de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, estructuralmente, la atomización persiste.
Sin una reforma más de fondo, las bases del sistema y las debilidades que enfrentan no cambian en esencia. Quedan las diferencias en términos de derechos, como las que hay en un sistema contributivo, como el del IMSS y el ISSSTE, frente a las opciones como a las que recurren los trabajadores que están en la informalidad.
No hay una proposición concreta para enfrentar el gran problema, que sigue corriendo, en materia de pensiones y seguridad social, ligado inextricablemente a los retos en materia de salud. No por dejar de lado se desactiva este desafío estructural que necesitamos poner entre las prioridades de atención más urgente en esta nueva fase de la historia del país.
Hay que atender a las consideraciones de Germán Martínez, junto con las de otro ex director general del IMSS, Santiago Levy, quien desde hace tiempo ha puesto el dedo en la llaga de este desafío, que no solo compromete a nuestro sistema de salud, sino que se constituye como una barrera fundamental para que el país pueda lograr un mayor crecimiento: el conjunto de regulaciones y políticas fiscales, laborales y de seguridad social que segmentan nuestro mercado de trabajo y nuestra economía en un sector formal y uno informal.
Volver a la discusión de opciones como la creación de un modelo de seguridad social universal, para todos los mexicanos, por el hecho de serlo, integrando los distintos sistemas que hoy tenemos y con una reforma hacendaria que lo haga posible. Aquí hay un proyecto en el que pueden ir juntos gobierno, sociedad e iniciativa privada, si queremos soluciones de fondo y sostenibles para el largo plazo.
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