El pasado 14 de octubre se aprobó en la cámara de diputados la reforma constitucional en materia de movilidad y seguridad vial con lo que se faculta al Congreso de la Unión a expedir la ley general en la materia.
Aunque falta que por lo menos 17 congresos estatales aprobemos la reforma en cuestión, parece un hecho que se reconocerá formalmente el derecho constitucional de las personas a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.
Ante una realidad en la que las ciudades siguen creciendo y con ello la necesidad de desplazarse en ellas, resulta importante el cambio de paradigma en el que el centro de la movilidad no sean los vehículos sino las personas y las modalidades en las que se realizan los desplazamientos y en la que se garantice la calidad en el transporte público, seguridad al caminar, andar en bicicleta o al transitar por carreteras y un impulso de alternativas novedosas para hacerlo, más cuando en nuestro país la dinámica de las ciudades así lo reclama.
Tal es el caso de la Zona Metropolitana del Valle de México en la que diariamente se realizan 34.5 millones de viajes y de los cuales únicamente 6.6 millones son en automóvil cifra que contrasta con los 15.5 millones que se realizan en transporte público y los 11 millones que se realizan caminando y en la que los hechos de tránsito siguen a la alza, manteniéndose así como una de las tres principales causas de defunciones de personas de 3 a 44 años.
En una ciudad en la que 95% de las vialidades no cuentan con infraestructura para movilidad en bicicletas, en una ciudad en la que se anuncia como un gran avance la construcción de otro segundo piso en la calzada Zaragoza pese a que la tendencia mundial es a ya no construirlos y se pretende someter a una consulta ciudadana la permanencia de la ciclovía en la avenida de los Insurgentes aunque la tendencia mundial y el supuesto compromiso del gobierno es a aumentar la red de ciclovías.
En la Ciudad de México desde 2014 contamos con una Ley de movilidad y en nuestra carta magna, en el artículo 13 que define a la capital como Ciudad Habitable, se reconoce el derecho a “la movilidad en condiciones de seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad.
De acuerdo a la jerarquía de movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y conductores de vehículos no motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad sustentable”.
Incluso, pese a que en la Constitución de la Ciudad se establece la obligación de las autoridades de adoptar las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de este derecho; aún existen pendientes en la materia como una adecuada regulación de los denominados SiTIS (Sistemas de Transporte Individual Sustentable) para que empresas presten el servicio de monopatines y bicicletas sin anclaje, la entrada en vigor de la disposición que hace obligatorio el examen práctico para la emisión de una licencia de conducir, la ampliación de la red de ciclovías, de líneas y metrobus, la mejora en la operación del sistema de transporte colectivo metro y por supuesto, medidas que logren reducir e inhibir la inseguridad que viven pasajeros y sobre todo pasajeras en el transporte público.
Con voluntad política y participación ciudadana, haremos que la letra de la ley, se convierta en acciones que transformen la realidad en la que vivimos la movilidad en la Ciudad de México y el país.
