Aludo a las distintas acepciones de la Seguridad, mismas que he tenido la oportunidad de abordar en otras entregas, pasaron de largo en las tan insustanciales e inconsistentes campañas electorales (en su gran mayoría), que de manera formal, concluyen el próximo miércoles 2 de junio. La Seguridad Pública, sobre todo y sus efectos sobre la Seguridad Interior, a penas si fueron mencionadas o tratadas en los numerosos debates.
Si bien aún le quedan tres meses a la actual legislatura y el partido oficialista y sus aliados, cuentan con el poderoso recurso de la mayoría calificada para desde la Cámara de Diputados, para en su caso, modificar la Constitución. Las especulaciones respecto de cómo quedará integrada la siguiente Legislatura, los problemas lejos de atenuarse, en algunos casos se ha agudizado. En esos términos, atender las exigencias que significan las principales preocupaciones de la población, deberán ser atendidas por los partidos políticos, sin distingo de su orientación ideológica. La situación del país, reclama propuesta prácticas, viables, visibles, medibles y sobre todo, con efectos positivos en el corto plazo.
En esa atmósfera, es aconsejable realizar una revisión y balance, desde las áreas civiles, lo que se ha hecho en la Seguridad Pública, desde la federación. Sobre todo, ante la evidencia y contradictoria presencia de la criminalidad, afectando de manera muy seria el desarrollo de la democracia como procedimiento, mediante los homicidios dolosos de candidatas y candidatos, e incluso aún antes, potenciales aspirantes a alguna candidatura. Al momento de redactar esta nota, se contabilizar 88 asesinatos, sin contar las amenazas, agresiones a familiares, integrantes de equipos de campaña o dirigentes partidistas locales.
Si se sigue el patrón delictivo de los comicios presidenciales de 2018, daremos cuenta de violencia postelectoral. Ojala y me equivoque, pero estos llamados de atención, debido a la visibilidad de lo que significa alterar la voluntad popular, un caso así, en cualquier ámbito de análisis o estudios comparativos, colocan en esa democracia y sus procedimientos, en una debilidad o fragilidad, próxima a la inutilidad. Hay elementos y datos objetivos para realizar o que se apuntó al inicio: una revisión y ajuste a la política de Seguridad Pública, desde la perspectiva de los funcionarios del estamento civil, pues es su directa responsabilidad.
En las siguientes semanas, abundarán los análisis de los resultados, la geo referenciación de los mismos así como las observaciones en cuanto a la distribución de los sufragios entre los partidos políticos. Pero no menos relevante será atender a la calidad de los primeros planteamientos respecto de lo que se propone en materia de Seguridad Pública sea a nivel local, estatal o federal. En esos términos, parece que hay una oportunidad para que las fuerzas políticas cooperen para atender una problemática que afecta de forma notable, a varias partes del país.
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