Por: Eréndira Jiménez Montiel
Reconocer que cada persona tiene derechos y no solo obligaciones, es el principio para la sana convivencia y el mutuo respeto a la dignidad entre nosotros y nuestros semejantes. Esta, es la vía para lograr el ejercicio y el respeto pleno de esos derechos, los cuales podemos calificarlos como necesarios e indispensables para el desarrollo de cada individuo, como ejemplo tenemos los derechos: al agua, a la salud, al trabajo y a la participación política, todos son parte de los derechos humanos, y están basados en el trato igual y en el actuar libre.
Mucho ha costado el reconocimiento en México y en el mundo de las libertades y del trato igualitario, su ejercicio se sigue regateando y obstruyendo, pensando en creencias particulares y no en beneficios colectivos que den respuesta a demandas y realidades sociales.
En las últimas tres décadas, han crecido las demandas de dos grupos, por una parte las feministas en demanda de la igualdad y el fin de las violencias; y por otra, la comunidad LGBTTTIQ+ en busca del respeto y, por ende, del ejercicio de la libertad a la diversidad y a la orientación sexual, con un tema preponderante, entre muchos otros, como es el matrimonio igualitario.
Actualmente, se ha legislado a favor de la paridad de género para integrar todo órgano de gobierno, sin embargo, lo establecido desde la norma enfrenta obstáculos para su pleno cumplimiento y, un atraso legislativo y político en relación a la violencia por razón de género, como algo inherente a la cultura del país, como es el caso de la comunidad LGBTTTIQ+ que busca el reconocimiento del matrimonio igualitario en todo el territorio nacional, lo cual, como ha establecido la Suprema Corte, no tiene ningún impedimento constitucional.
Reconocer y cumplir con la paridad de género, y con el matrimonio igualitario, implica en ambos casos que los derechos se ejerzan plenamente, sin reticencias. Significa que todo órgano de gobierno, federal, estatal o municipal esté integrado paritariamente; que todo programa educativo y social incluya la igualdad, bajo el principio de no discriminación entre los géneros, así como el respeto a la diversidad sexual, incluido el matrimonio igualitario.
En Tlaxcala, el Código Civil no permite el matrimonio entre personas del mismo sexo, por lo que quienes deciden hacerlo deben buscar el amparo constitucional a los juzgados de distrito, de ahí que la primera boda gay - a través de ese mecanimo- fue en 2016, entre mujeres.
Desde la LXI Legislatura el tema fue discutido y rechazado con argumentos absurdos, sesgados y discriminatorios. Hoy mismo en el Congreso local se tienen abiertos dos expedientes parlamentrios con propuestas que buscan incluir en Tlaxcala el matrimonio entre personas del mismo sexo, una Iniciativa presentada en la LXII legisltura y otra en inicios de la actual.
Tlaxcala no se debe de quedar atrás. El Estado tiene la palabra o, en su defecto, la sociedad, desde su exigencia, la tendremos.
