La semana pasada Morena y sus aliados aprobaron en la Cámara de Diputados la iniciativa preferente que mandó el presidente López Obrador para modificar la Ley de la Industria Eléctrica y en caso de cumplir su trámite en el Senado se estaría aprobando uno de los cambios más anacrónicos posibles; un cambio con el que México se quedará en la era del carbón: sin luz y con velas.
Lo advertimos durante el proceso legislativo por todos los medios posibles: la modificación es violatoria de la Constitución y del T-MEC; afecta la libre competencia, favorece a una empresa estatal sobre las privadas, cierra un sector de inversión y trasgrede las reglas para aquellos que invirtieron previamente. El jueves pasado, cuando ya estaba aprobada la reforma, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del gobierno norteamericano instó a nuestro gobierno a escuchar a quienes han invertido en el sector eléctrico privado y a “proveer realmente una atmósfera de libre inversión y transparencia para que las empresas estadounidenses sigan invirtiendo en México”.
Sin embargo, los problemas centrales de la reforma ni siquiera son de carácter normativo de competencia nacional o internacional, son problemas de sentido común y práctico; la reforma es una pésima reforma porque no fortalece ni moderniza a la Comisión Federal de Electricidad, porque hará más cara la electricidad para todos y porque condena el futuro de nuestro país, al privilegiar generación energética contaminante por encima de las opciones limpias.
No es una reforma conveniente para la economía familiar porque el megawatt más barato que produce la CFE cuesta 35 dólares y el megawatt que compra la CFE a empresas privadas cuesta menos de 20 dólares, y la reforma obliga a comprar primero la energía más costosa y esto tendrá dos consecuencias centrales: no se modernizará nunca la CFE y la electricidad será más cara. Lo realmente necesario es hacer a la CFE una empresa moderna y eficiente, que cuide la economía pero que también cuide el medio ambiente.
Hoy tenemos un país en donde cada vez son más comunes los apagones y la propuesta del Gobierno Federal es expulsar a quienes produzcan energías limpias y construir plantas que funcionan con diésel, gas o carbón. La política energética de este gobierno necesita urgente un golpe de timón que garantice el abasto, no afecte la economía familiar, impulse las energías limpias y respete la Constitución y los tratados internacionales.
Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN
@JCRomeroHicks
