El Parlamento Abierto en la Cámara de Diputados para la iniciativa de reforma eléctrica del Ejecutivo Federal parece un diálogo de sordos. Ojalá no sea el caso: que los diputados estén realmente escuchando y entiendan el golpe que darían a México de aprobar cambios constitucionales como los propuestos.
Por lo pronto, aunque estos foros se desahoguen como un simple trámite, ya son un testimonio de advertencia oportuna sobre las consecuencias, así como de que hay alternativas para los supuestos propósitos de la iniciativa, con soluciones que no precisan de cambiar la Constitución y comprometer el futuro de la nación.
Una participación que sintetiza las razones por las que no debe pasar la reforma, ni es corregible por sus contradicciones insalvables, fue la del Ingeniero Químico, consultor en energía y medio ambiente, Francisco Barnés de Castro, ex Rector de la UNAM. Ex subsecretario de Políticas Energéticas y Desarrollo Tecnológico y ex Comisionado de la CRE, deja claro que en algo tan crítico como un sistema eléctrico nacional no se puede improvisar. Que ir a un modelo propio de hace 60 años, y amarrarlo constitucionalmente, sería abrir la caja de pandora y dificultar al máximo la posibilidad de cerrarla.
Se elevaría a rango constitucional una cuota injustificada y arbitraria de generación eléctrica que debe estar a cargo del Estado (54%). Ni siquiera queda claro si aplicaría al despacho (por horario), al mercado (por día) o la planeación (¿anual, sexenal, por década?). Como ha señalado el jurista Miguel Carbonell, esto implicaría un cuello de botella constitucional. En el supuesto de que la CFE no pudiese cumplir su parte, estaríamos ante una disyuntiva de violar nuestra carta magna o enfrentar apagones.
No es un escenario improbable: esta administración no ha podido licitar ni construir una sola central renovable o de ciclo combinado. Acaba de confirmarse que quedaron desiertas las licitaciones de seis plantas de ciclo combinado. Aparte de los rezagos heredados, todo indica que el sexenio cerrará sin ninguna nueva. Esto, cuando se calcula que para cubrir el crecimiento de la demanda eléctrica hay que invertir, de acuerdo con Barnés de Castro, 3 mil millones de dólares anuales.
Los expertos estiman que la demanda crece al 2% anual, por lo que se necesita capacidad de generación adicional por entre 2 y 3 gigawatts anuales. Esto requeriría dos nuevas centrales grandes de ciclo combinado de última tecnología al año, cuya construcción, típicamente, toma 30 meses. O bien, una opción sería instalar unos 6.2 millones de paneles fotovoltaicos por año. Para hacerse una idea, la central de ciclo combinado que iba a construir Iberdrola en Tuxpan, Veracruz, y canceló en 2020, implicaba una inversión de alrededor de mil millones de dólares para 1.2 gigawatts.
¿Cómo podríamos hacer cualquiera de esas cosas con esta camisa de fuerza autoimpuesta?
La contrarreforma crearía un sistema más restrictivo para la participación del sector privado que el previo a la reforma 2013, sin ningún estudio serio que muestre que ésta perjudica a los usuarios. Se cancelaría el derecho de los usuarios calificados a contratar y recibir electricidad de fuentes que no sean la CFE, para obtener energía a mejor precio y limpia, todo ello en detrimento de la competitividad de la industria nacional.
Como resaltó Barnés de Castro, se impondría un cambio radical al modelo de negocio de inversiones por 60 mil millones de dólares en unas 800 centrales, violentando acuerdos internacionales firmados por el país. Se acabaría con permisos y contratos de privados, bajo el señalamiento de ilegalidad, pero sin previa resolución judicial.
Se modificaría arbitrariamente el despacho a la red, que hoy da precedencia al mejor precio, para privilegiar a las centrales de la CFE. Así, también se afecta el interés de los usuarios, incluyendo a la propia CFE, que tendría que comprar más caro. Al anteponer la energía de las centrales más viejas, ineficientes y contaminantes, necesariamente se elevarían los costos para el suministro básico.
Más caro y más contaminación. Más de 13 mil megavatios limpios pasarán a ser despachados después de la generación de las plantas más contaminantes. Si en este momento no estamos cumpliendo con el Acuerdo de París para el cambio climático; menos con la contrarreforma.
El Laboratorio Nacional de Energía Renovable de Estados Unidos calcula que el costo de generación total aumentaría entre 31 y 52 por ciento. De acuerdo con datos de un estudio que acaba de publicar el IMCO, para cumplir con las disposiciones de la reforma, la CFE enfrentaría sobrecostos de más de 3 mil millones de dólares anuales.
Jueces y tribunales han determinado, hasta ahora, que cambios como los que se proponen son anticonstitucionales. Si se pretende forzar las cosas deformando la Constitución, el problema seguirá, con magnitud mayor. Las empresas que no puedan pelear jurídicamente aquí, irán a arbitrajes internacionales, a costo exponencial para México en dinero y reputación.
Por si no fuera suficiente, se otorgaría a la CFE plena autonomía constitucional para regularse a sí misma y a otros actores. Sin contrapesos, como juez y parte.
Para corregir todos esos perjuicios habría que ir a otra reforma constitucional, con mayorías calificadas en el Congreso y en las legislaturas estatales. En suma, no podemos permitirnos darnos este balazo en el pie.
