Padecemos un enorme rezago en materia de recaudación del predial. De acuerdo con estadísticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), mientras el promedio de recaudación del predial en América Latina es del equivalente a 0.4% del PIB, en México, con la recaudación más baja del continente, apenas alcanzamos una tercera parte con tan sólo 0.13%. En abierto contraste Canadá recauda por predial un 3.7% del PIB, EU un 2.5%, el promedio de la OCDE es de 1.9% y Colombia recauda más de cinco veces lo que nosotros con 0.71%.
Nos encontramos pues ante un área de oportunidad para brindarle mayores recursos a un sustancialmente reformado aparato gubernamental que debe operar con ejemplar eficiencia y honestidad. No se puede perder de vista que, particularmente desde 1999 hasta mediados de 2014, cuando el mundo vivió una época de elevados precios del petróleo, Pemex fue una abundante fuente de aprovisionamiento de recursos financieros para el Estado mexicano, lo cual posibilitó que no se recurriera a buscar incrementar la recaudación de impuestos entre personas morales ni físicas.
De acuerdo con el artículo constitucional 115, fr. IV, inciso a), los municipios son los específicamente facultados para recaudar todo tipo de contribuciones concernientes a la propiedad inmobiliaria. Pero todo indica que eso de dedicarse a cobrar impuestos, o peor aún a elevarlos, resulta muy poco popular y obstaculiza las posibilidades de hacer carrera política a través de cargos de elección popular, a los que por lo general aspiran los presidentes municipales.
Quizá por ello resulte explicable, aunque no necesariamente justificable, el que presidentes municipales y gobernadores se hayan tradicionalmente resistido a dar la cara para tratar de subir los muy reducidos impuestos prediales. Para ello mucho ha contribuido también el que están sumamente cómodos gastando sin dar la cara.
amartinezv@derecho.unam.mx
@AlejoMVendrell
