/ sábado 10 de agosto de 2019

Purificar a órganos autónomos

El diseño de órganos autónomos ha detonado avances tangibles en nuestra democracia, han propiciado condiciones para la alternancia pacífica del poder, para una mayor transparencia del quehacer gubernamental o para defender a víctimas de violaciones diversas a los derechos humanos entre otros muchos aportes.

No se trata de instancias inventadas en nuestro país, existen en todo el mundo como parte de los pesos y contrapesos para el poder, como garantes de cumplimiento y funcionamiento de las reglas establecidas. Por eso es importante reflexionar sobre las consecuencias negativas que puede tener el recurrente discurso que generaliza y simplifica descalificaciones para estos organismos.

En febrero de 2019, cuando estaba en marcha la renovación de integrantes de la Comisión Reguladora de Energía, el presidente de la república intensificó una serie de cuestionamientos al papel que, en su opinión, juegan en general todos los órganos autónomos del Estado, asegurando que son “moda”, “simulación” y “farsa” e incluso que deberían sujetarse, literalmente, a una “purificación”.

Más allá de su crítica válida sobre aspectos concretos del comportamiento que se presenta en cualquier institución pública o de quienes las integramos, hay una tendencia equivocada y potencialmente riesgosa a generalizar y estigmatizar, y eso, de forma involuntaria o no, puede lastimar avances democráticos.

Socavar el papel de estos organismos con una rutina que sentencia como farsa el rol de organismos con autonomía constitucional, sea el Coneval, el INAI, la CNDH o el INE, para luego defender incluso la desaparición total de sus diseños institucionales bajo una injusta premisa de que todos son una “moda” neoliberal que debe acabar.

Hay tres argumentos en ese discurso que mezclados, que, sin matiz alguno, nos llevan al absurdo de considerar acto de corrupción que el CONVEVAL tenga oficinas para que trabaje su personal. La austeridad es una demanda legítima pero una cosa es optimizar gastos y castigar dispendios injustificados o ilícitos comprobables, y otra es decir que como cuesta pagar oficinas quienes las ocupan son ladrones, que el personal de los órganos autónomos mejor que no exista porque de todas maneras lo que hace no sirve a nadie, y como esa narrativa ya se asume desde el propio gobierno, pues entonces todos uniformados en que órgano autónomo es equivalente a farsa y simulación, a corrupción encarnada que debe eliminarse y quien diga lo contrario es un defensor de privilegios, conservador o promotor de Porfirio Díaz.

Con esa lógica el pago de personal en todos los gobiernos, incluido el federal, el presupuesto asignado a la propaganda institucional federal y local o el uso mismo de oficinas que se requieren para desplegar actividades presidenciales, estaría mal. Se requieren matices que pasan por reconocer que no debe sembrarse un discurso que asume como verdad irrefutable que nada de lo que hacen organismos autónomos es realmente útil para la sociedad, o que si de instituciones públicas se trata basta con el puro gobierno federal y que éste podría absorber muchas o todas las actividades que hoy desempeñan esos organismos o incidir en la purificación de sus destinos como si se tratara de un tema religioso o de exorcismos nombrar a sus titulares, removerlos o desparecer de plano sus encargos y funciones.

Es un terreno peligroso para la democracia abaratar descalificaciones desde el poder y pretender que los presidentes pueden ser juez y parte de toda la actividad pública. Sin elecciones libres organizadas por un órgano autónomo no habría sido posible que la población decidiera en libertad quién nos gobierna desde 199, señaladamente ahora desde 2018, sin un órgano garante de la transparencia sería el propio gobierno quien decidiría según su estado de ánimo, cuál lista de gastos da a conocer y cuál no, sin una institución autónoma encargada de medir la pobreza, cualquier gobierno podría decir que ha disminuido la marginación o la pobreza con criterios gelatinosos y acomodaticios al discurso triunfalista, sin el rigor técnico de una evaluación.

Hay funciones que requieren autonomía y profesionalización técnica para evitar tentaciones autoritarias o insolvencia institucional. No es un tema de personas ni de caer en el otro extremo, el de refugiarse en el discurso de la autonomía para evadir, por ejemplo, una política de racionalidad en los gastos en la que sí tiene razón el presidente. Se trata de ponderar sin estigmas genéricos.

*Consejero del INE

@MarcoBanos


El diseño de órganos autónomos ha detonado avances tangibles en nuestra democracia, han propiciado condiciones para la alternancia pacífica del poder, para una mayor transparencia del quehacer gubernamental o para defender a víctimas de violaciones diversas a los derechos humanos entre otros muchos aportes.

No se trata de instancias inventadas en nuestro país, existen en todo el mundo como parte de los pesos y contrapesos para el poder, como garantes de cumplimiento y funcionamiento de las reglas establecidas. Por eso es importante reflexionar sobre las consecuencias negativas que puede tener el recurrente discurso que generaliza y simplifica descalificaciones para estos organismos.

En febrero de 2019, cuando estaba en marcha la renovación de integrantes de la Comisión Reguladora de Energía, el presidente de la república intensificó una serie de cuestionamientos al papel que, en su opinión, juegan en general todos los órganos autónomos del Estado, asegurando que son “moda”, “simulación” y “farsa” e incluso que deberían sujetarse, literalmente, a una “purificación”.

Más allá de su crítica válida sobre aspectos concretos del comportamiento que se presenta en cualquier institución pública o de quienes las integramos, hay una tendencia equivocada y potencialmente riesgosa a generalizar y estigmatizar, y eso, de forma involuntaria o no, puede lastimar avances democráticos.

Socavar el papel de estos organismos con una rutina que sentencia como farsa el rol de organismos con autonomía constitucional, sea el Coneval, el INAI, la CNDH o el INE, para luego defender incluso la desaparición total de sus diseños institucionales bajo una injusta premisa de que todos son una “moda” neoliberal que debe acabar.

Hay tres argumentos en ese discurso que mezclados, que, sin matiz alguno, nos llevan al absurdo de considerar acto de corrupción que el CONVEVAL tenga oficinas para que trabaje su personal. La austeridad es una demanda legítima pero una cosa es optimizar gastos y castigar dispendios injustificados o ilícitos comprobables, y otra es decir que como cuesta pagar oficinas quienes las ocupan son ladrones, que el personal de los órganos autónomos mejor que no exista porque de todas maneras lo que hace no sirve a nadie, y como esa narrativa ya se asume desde el propio gobierno, pues entonces todos uniformados en que órgano autónomo es equivalente a farsa y simulación, a corrupción encarnada que debe eliminarse y quien diga lo contrario es un defensor de privilegios, conservador o promotor de Porfirio Díaz.

Con esa lógica el pago de personal en todos los gobiernos, incluido el federal, el presupuesto asignado a la propaganda institucional federal y local o el uso mismo de oficinas que se requieren para desplegar actividades presidenciales, estaría mal. Se requieren matices que pasan por reconocer que no debe sembrarse un discurso que asume como verdad irrefutable que nada de lo que hacen organismos autónomos es realmente útil para la sociedad, o que si de instituciones públicas se trata basta con el puro gobierno federal y que éste podría absorber muchas o todas las actividades que hoy desempeñan esos organismos o incidir en la purificación de sus destinos como si se tratara de un tema religioso o de exorcismos nombrar a sus titulares, removerlos o desparecer de plano sus encargos y funciones.

Es un terreno peligroso para la democracia abaratar descalificaciones desde el poder y pretender que los presidentes pueden ser juez y parte de toda la actividad pública. Sin elecciones libres organizadas por un órgano autónomo no habría sido posible que la población decidiera en libertad quién nos gobierna desde 199, señaladamente ahora desde 2018, sin un órgano garante de la transparencia sería el propio gobierno quien decidiría según su estado de ánimo, cuál lista de gastos da a conocer y cuál no, sin una institución autónoma encargada de medir la pobreza, cualquier gobierno podría decir que ha disminuido la marginación o la pobreza con criterios gelatinosos y acomodaticios al discurso triunfalista, sin el rigor técnico de una evaluación.

Hay funciones que requieren autonomía y profesionalización técnica para evitar tentaciones autoritarias o insolvencia institucional. No es un tema de personas ni de caer en el otro extremo, el de refugiarse en el discurso de la autonomía para evadir, por ejemplo, una política de racionalidad en los gastos en la que sí tiene razón el presidente. Se trata de ponderar sin estigmas genéricos.

*Consejero del INE

@MarcoBanos


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