El martes pasado se comentaba en este espacio sobre la cada vez mayor capacidad de comunicación, organización y protesta que detentan las sociedades modernas y cómo tienden a enfocarse hacia cuestionamientos contra los gobiernos. Pero ello no constituye el desafío de mayor importancia que enfrentan los gobiernos de la actualidad. Son múltiples los países que a raíz de la adopción de estrategias keynesianas, a fin de superar la Gran Recesión económica iniciada en 2008, incurrieron en crecientes niveles de endeudamiento público sin alcanzar todos los resultados que se pretendían.
México de ninguna manera se ha escapado a esa vulneración de sus finanzas públicas que ahora se encuentran en severos aprietos financieros por su excesivo nivel de endeudamiento, causado principalmente por el propósito de buscar superar la etapa de recesión económica, inyectando cantidades importantes de gasto público para fortalecer la capacidad de demanda de bienes y servicios por parte de la sociedad.
Tengamos en cuenta que tan sólo el costo financiero de la deuda representó en el primer trimestre de 2018 un monto de 125,673 millones de pesos, un aumento de 17.4% respecto al primer trimestre de 2017, y en optimistas términos anualizado costará poco más de medio billón de pesos. Por otro lado, las finanzas públicas mexicanas también padecen una extraordinaria sangría para cubrir el desmesurado costo de las pensiones y jubilaciones provocado por la venturosa pero explosiva expansión de nuestras expectativas de vida. Dicho costo aumentó en el primer trimestre del presente año un 17.4% para alcanzar la suma de 201,220 millones, los cuales anualizados nos auguran al menos 800 mil millones.
Padecemos también un aparato gubernamental con una excesiva plantilla de trabajadores: se erogaron en el primer trimestre 269,215 millones y anualizados alcanzarán al menos 1 billón 80 mil millones. Los gastos de operación se incrementaron en un 12.9% para llegar hasta 341,796 millones y anualizados representan cerca de 1 billón 370 mil millones.
A todo lo anterior habría que agregar las inflexibles participaciones que se transfieren a las entidades federativas y que sumaron en el trimestre 210,386 millones, lo cual anualizado llegará a más de 841 mil millones. En cálculo bastante conservador, tan sólo esos renglones del gasto público sumarán al final del año 5 billones y medio. Si tomamos en cuenta que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2018 asciende a 5 billones 280 mil millones de pesos, incluyendo un déficit presupuestal de casi 470 mil millones, se podrá adquirir una visión aproximada de las severas dificultades que se enfrentarán para tratar de dar cumplimiento a las ilusas, desmesuradas, quiméricas promesas de campaña de la mayoría de los candidatos presidenciales.
Si bien es cierto que varios de estos gastos pudieran ser reducidos y existen fundamentados motivos para hacerlo, la realidad es que sucesivos gobiernos se han arredrado y han eludido cristalizarlos ante los muy elevados costos sociales, políticos, de multitudinarias protestas y de legitimidad que les acarrearían. Pensemos aquí en masivos despidos de personal o en drástica reducción de pensiones y jubilaciones, aunque también es cierto que en gastos de operación pudiera conseguirse una mayor racionalidad y menores dispendios. Pero en general la flexibilidad para realizar nuevas promesas de gasto se encuentra drásticamente reducida.
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