La remoción del magistrado José Luis Vargas como presidente de la Sala Superior del TEPJF, se da todavía con el Proceso Electoral 2020-2021 en curso, justo cuando el órgano jurisdiccional está por resolver los medios de impugnación que lo darán por concluido y apenas una semana después de celebrada la consulta popular.
Cinco de siete magistradas y magistrados votaron por nombrar presidente del Tribunal a Reyes Rodríguez, pero Vargas asegura que él sigue al frente y no acepta la decisión pese a que el presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, le “sugirió” dar un paso al costado. Es evidente que no pueden presidir al mismo tiempo dos magistrados, es un hecho inédito que muestra la urgente necesidad de recuperar institucionalidad interna, generar un clima de mayor armonía entre sus integrantes que les permita responder con eficacia a los desafíos del entorno y devolver la dignidad que a ratos pareció perder el órgano máximo en materia jurisdiccional electoral.
La decisión tomada por cinco de los siete integrantes del pleno fue valiente, resulta adecuada para recuperar autonomía y garantizar impartición de justicia con imparcialidad y con el sentido de colegialidad que se perdió en los rebuscados laberintos donde se disputó el poder durante el relevo anterior y, sobre todo, por la sabida cercanía del presidente saliente con el gobierno en turno
Atentos a las razones y argumentos expuestos para el relevo, la continuidad del Magistrado Vargas como presidente se veía imposible. El hecho es trascendente porque ha generado diversas reacciones en los circuitos del poder y porque aporta el pretexto idóneo, el último eslabón que le faltaba a la 4T para impulsar la reforma electoral que hasta el miércoles pasado solo se cernía como una amenaza y hoy parece una realidad inminente.
Ya el presidente de la república ha señalado que “hay una situación de crisis en el tribunal electoral, una descomposición, de ahí la necesidad de reformar tanto el INE como el Tribunal...” Este es el punto. Para él y, por lo tanto, para Morena, la reforma va o va. No importó que las elecciones y la consulta estuvieron impecablemente organizadas. Lo que importa para impulsar los cambios son las diferencias acumuladas con las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales. Viene la revocatoria de mandato, la renovación de otras seis gubernaturas y la sucesión presidencial y pareciera que la reforma se requiere, más que para fortalecer a las instituciones, para lograr integraciones de sus órganos directivos con atributos de cercanía.
Es momento de que los grupos parlamentarios de todos los partidos actúen con sentido republicano y aprueben modificaciones que el sistema electoral necesita para resolver problemas operativos de fondo; que den pasos para recuperar la autonomía cuestionada con cambios que significaron violaciones graves a la constitución y que fueron impuestos con el peso de las mayorías parlamentarias, como los transitorios que pretendían ampliar el periodo de Arturo Zaldívar. Bien por el presidente de la SCJN que rechazó esa posibilidad, mal que esperó 105 días para hacerlo, mal que la haya anunciado después de un desayuno con el presidente de la república.
El tribunal electoral está en una encrucijada. Saldrá bien librado. Reyes Rodríguez tiene los méritos profesionales suficientes, la honestidad, experiencia e integridad necesarias para ello. El país necesita un árbitro dignificado, imparcial y capaz de coordinarse, sin menoscabo de sus atribuciones, con el INE.
Hoy el país precisa de autoridades electorales fuertes, autónomas e independientes para apoyar desde el ejercicio de sus atribuciones el fortalecimiento de nuestra democracia. Seguro estoy de que así será.
*Profesor de UP y UNAM. Especialista en materia electoral.
@MarcoBanos
