Regresión eléctrica, económica y ambiental 

La reforma eléctrica presentada por el Ejecutivo Federal, de ser aprobada, sería una regresión enorme: un cambio de 360º en el Sistema Eléctrico Nacional, el cual volvería a quedar sujeto al monopolio de la CFE, dependiente de los vaivenes y criterios políticos, copartícipe de la precariedad de las finanzas públicas y sin posibilidad de cubrir las necesidades energéticas del país.

En realidad, la rectoría del Estado, que se establece como el objetivo, ya se tiene con el marco legal vigente. Órganos como la Comisión Reguladora de Energía y el Centro Nacional de Control de Energía, los cuales desaparecerían, son parte del Estado: agencias de regulación y control, lo cual es muy distinto a un monopolio comandado por políticos.

El propósito de esta contrarreforma es ideológico; del llamado nacionalismo revolucionario, propio de los años 70, muy alejado de las dos necesidades prioritarias del país en este momento en la materia: 1) asegurar el abasto de demanda nacional, en función del crecimiento esperado y a costo competitivo; 2) alinearnos a los esfuerzos globales en torno al cambio climático –el mayor desafío de la humanidad–, a través de la transición de la dependencia de los hidrocarburos hacia fuentes de energía limpias, sin emisión de gases de efecto invernadero.

Esta reforma no es pragmática. Ni en los objetivos ni en los medios para lograrlos: no hay congruencia con el fin trazado de fortalecer económicamente a la CFE. Impactaría de manera muy importante al presupuesto del Gobierno Federal, por el incremento del valor de los subsidios a los consumidores, ante mayores costos en la generación respecto a los que hoy ofrecen los productores privados.

Habría generación privada siempre y cuando no superase un 46% de la total, sujeto a la planeación y control de la CFE, el comprador exclusivo y discrecional. Sus centrales siempre despacharían al sistema, mientras que las privadas quedarían limitadas al margen no cubierto. Obviamente, las subastas quedarían descartadas.

El gran problema es que las plantas de la CFE son significativamente menos eficientes que las privadas y contaminan mucho más. Como hemos expuesto aquí, sus centrales hidroeléctricas operan a un costo de generación de casi mil 220 pesos por Megawatt/hora y las más modernas que tiene de ciclo combinado, de casi mil 540. Mucho más que las privadas fotovoltaicas y eólicas, que andan por alrededor de 380 pesos. Las termoeléctricas de CFE más contaminantes producen a un costo de incluso más de 2 mil pesos por MwH: cinco veces el promedio de las energías limpias y renovables de privados.

Así, el costo medio de la generación subiría y aseguraríamos el incumplimiento de los compromisos de reducción de gases de efecto invernadero, quedando en entredicho la transición energética. Y todo con un impacto fiscal gigantesco: por el compromiso de no incrementar los precios, la Secretaría de Hacienda se vería obligada a poner el diferencial. Para calibrar, en 2020 las transferencias por este concepto a la CFE llegaron a 78 mil millones de pesos.

Además, ¿de dónde saldrán las inversiones que dejarán de hacer los privados y el hueco que quedará por la desinversión forzada?

Por si fuera poco, estas enmiendas a la Constitución serían violatorias de varias disposiciones constitucionales. Por lo pronto, implican aplicaciones retroactivas de la ley, al afectar contratos de generación firmados con anterioridad; incluso podrían hablar de expropiación. Asimismo, se contravendrían acuerdos internacionales y de libre comercio suscritos por México; destacadamente, el TMEC.

Claramente, vendrían litigios y juicios arbitrales, ya que empresas e inversionistas harían uso de diversas garantías consignadas en dichos tratados para proteger sus inversiones y defenderse ante lo que impugnarán como abusos de autoridad. Todo esto con la mayor probabilidad de que México tenga que pagar miles de millones de dólares en compensaciones.

La retroactividad y el cambio de paradigma hacia la regresión generarían una enorme incertidumbre para la inversión, no sólo en el sector: en general. México no presentaría un escenario de certeza jurídica ni de suministro seguro y a costo adecuado para muchas industrias. Tampoco de cumplimiento de criterios ambientales, los cuales serán exigidos a las empresas por reguladores en sus países de origen o en aquellos a los que busquen exportar su producción.

No sólo se cerrarían las puertas a la inversión en una las áreas de oportunidad más formidables que existen actualmente en el mundo, como lo son las energías renovables. Una armadora automotriz, por ejemplo, lo pensaría dos veces antes de elegir a México.

Como nación no podemos permitirnos tantos costos en contra sólo por un proyecto ideológico y político. Ojalá haya congruencia en la Alianza Va por México en su integridad. Se presenta una prueba real para demostrar lo ofrecido al país. Desde luego, de parte del PRI, que promovió la reforma del 2013 que ahora se pretende revocar. Inclusive, fuera de la Alianza, en el Partido Verde, por mínima congruencia con las banderas ambientalistas que postula.

No le fallen a México.