Por: Carlos Hernández Vázquez y Juan Manuel Aguilar Antonio
El nexo entre transparencia y rendición de cuentas en seguridad pública es un área de oportunidad que vincula la eficiencia en el uso de recursos y su efectividad en la reducción de delitos. La prevención y combate a la corrupción en el sector seguridad toma especial importancia en México por la diversificación del crimen organizado y el incremento de delitos de alto impacto y violencia en su historia reciente. Esta situación, registrada desde 2008, generó una asignación a la alza de recurso a instancias de seguridad pública como SEDENA, SEMAR, Secretaria de Seguridad Pública y Ciudadana (SSPC), y la recién creada Guardia Nacional.
En ese sentido, el informe Gasto público en seguridad. Una mirada a la ruta de los recursos publicado por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), expresa que el gasto en seguridad pública representó el 1 % del PIB durante el periodo de 2008-2019. Esto equivale a millones de pesos ejercidos por diferentes gobiernos (PAN, PRI, MORENA) para combatir la delincuencia. Entre las acciones más relevantes, y por supuesto costosas, se encuentran: (i) disponer de las fuerzas armadas para realizar actividades de seguridad pública; (ii) modificar la estructura institucional de la entidad federal encargada del tema cada sexenio (pasar de Secretaría de Seguridad Pública a Policía Federal o SSPC); y (iii) crear nuevas estructuras especializadas de combate al crimen como la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) o la Guardia Nacional.
Un aspecto que resalta es el hecho de que ninguno de estos cambios contempló un eficiente mecanismo de prevención y combate a la corrupción. ¿A qué nos referimos? A entidades que vigilen como se ejerce el gasto de cada institución. Ya que a través de los años ha sido una constante la adquisición de uniformes; compra de patrullas, armamento o equipo tecnológico, sin que estas acciones tengan un resultado sustancioso en la reducción de la inseguridad. La falta de estos mecanismos es resultado de un mal entendimiento (o falta de él) sobre la situación de la corrupción en las instituciones de seguridad. En consecuencia, en la experiencia mexicana, el combate a la corrupción en este sector se ha enfocado a eventos en tareas de campo vinculadas a asociaciones de complicidad entre agentes operativos y grupos criminales. Ejemplo de esto fue el Michoacanazo, durante el sexenio de Felipe Calderón, operativo donde fuerzas federales tomaron control de los cuerpos estatales y municipales por sus vínculos con la Familia Michoacana, de ahí, la puesta en marcha de nuevos modelos de policía en el que se profesionaliza a los elementos mediante aplicación de exámenes que acrediten su confiabilidad.
Lo anterior refleja que se ha puesto poca atención a la corrupción que nace en el seno de las instituciones y en actores que manejan el presupuesto de seguridad pública. Esta visión sesgada es resultado de la falsa percepción que se tiene de que solo elementos de campo son susceptibles a ella, mientras que los que se encuentran realizando trabajo de gabinete son inmunes. Casos como la Estafa Maestra o la del ex Secretario Genaro García Luna son ejemplos representativos de este tipo de corrupción.
Ante esto la pregunta central es: ¿cuál de las dos hace más daño? La respuesta es ambas, sólo que la segunda está bajo menos escrutinio de la sociedad. Y en temas de seguridad pública debemos ser conscientes que a estas instituciones se les confía un conjunto de tareas que requieren un alto grado de integridad. Y si esto no funciona de manera adecuada, los agentes del orden pueden actuar de manera desleal e ilegal, a la par que las instituciones son infiltradas por diferentes grupos delincuenciales que darán nulos o pocos avances para asegurar el orden y la paz.
Para construir esta integridad se necesitan estrategias de rendición de cuentas y vigilancia en nuestros cuerpos de seguridad. Se requiere también de esquemas de protección de denuncias y testigos sin distinción de funciones, así como vigilar compras públicas a fin de hacer eficiente cada gasto. Pero sobre todo, se requieren diagnósticos para detectar dinámicas de corrupción en dichas instancias para diseñar una efectiva estrategia de seguridad en nuestro país.
Colaborador del CASEDE y especialista en anticorrupción, seguridad e inteligencia
Oficial de Comunicación del CASEDE y candidato a Doctor por la FCPyS, UNAM
