Seguridad: cifras inciertas

La seguridad sigue en crisis y quienes sufren sus consecuencias son los millones de mujeres y hombres de este país, cuyo patrimonio, pertenencias, dinero, integridad e incluso la vida, siguen estando a merced de la delincuencia.

Estamos por cumplir dos años del actual gobierno y hasta ahora, difícilmente podría asegurarse que se le está ganando la batalla a la inseguridad. Tampoco tenemos la certeza de que se haya alcanzado el “punto de inflexión” en los índices delictivos anunciado hace unos meses por el titular de seguridad ciudadana.

Muy atrás quedó la promesa inicial de reducir o acabar con la inseguridad en seis meses. Sin darle muchas vueltas al tema, todo se reduce a que en este 2020 hemos tenido los días, los fines de semana y los meses más violentos de los cuales se tenga registro.

La estadística que se genera de manera periódica, no sólo permite evaluar la situación por la que atraviesa este problema; sino que también, la mayoría de las veces viene a confirmar las percepciones reales que todos tenemos y que, a través de distintas fuentes, lo constatamos cotidianamente.

Esta semana conocimos los resultados de la “Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU)” al mes de septiembre del presente año y que fue levantada por el INEGI. Más allá de las múltiples conclusiones que se dan a conocer, me interesa abordar el primer dato que prácticamente lo resume todo: el 67.8 por ciento de la población mayor de 18 años asume que vivir en su ciudad es inseguro.

Si bien dicho Instituto concluye que ese 67.8 por ciento representa un cambio significativo -entiéndase una reducción- con respecto al 73.4 % que se registró en el mes de marzo de este mismo año y al 71.3 % que tuvo lugar en septiembre de 2019, creo que debemos tomar con amplias reservas estas aseveraciones.

En primer lugar, si en septiembre de 2019 el porcentaje se ubicaba en el 71.3 por ciento de la población y para marzo de 2020 llega al 73.4 %, más que una reducción en realidad, durante ese periodo de seis meses, se registró un incremento en la percepción de inseguridad o, mejor dicho, las personas se sintieron más inseguras.

En segundo lugar, la comparación entre marzo de 2020 (73.4 %) y septiembre de 2020 (67.8 %) también es muy cuestionable y tampoco puede ser motivo para asumir que ahora sí entramos en un proceso de franca reducción de la inseguridad.

Existe una razón que explica lo anterior. Ese periodo coincide con el confinamiento al que nos condujo el Covid-19 y que, entre muchas otras cosas, no sólo constriño la actividad económica, sino que también provocó que la mayoría de los mexicanos se quedaran en sus casas y únicamente salieran a realizar las actividades consideradas como esenciales.

Al respecto, existe bastante información nacional e internacional cuyas tesis son coincidentes: el confinamiento trajo consigo una significativa disminución -transitoria- de la criminalidad y la violencia. Varios países de América Latina su ubicaron en esta situación y México fue considerado un caso entre muchos más.

Es un hecho que con el inicio de una larga “cuarentena” disminuyeron los delitos relacionados con asaltos, extorsión, robos, homicidios y otros ilícitos; en consecuencia, esa baja en el conjunto de registros de ninguna manera puede ser considerada como resultado de la “estrategia de seguridad” del gobierno.

Es lamentable que se maniobren de esa forma las estadísticas, sólo para tratar de vendernos la idea de que el país está recuperando la seguridad entre sus habitantes y en los sitios más sensibles: cajeros automáticos, transporte público, bancos, calles, centros comerciales, automóvil, etc.

Coincidentemente, esta semana el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana confirmó su salida de esta dependencia. ¿ Así de fácil se puede abandonar una responsabilidad que es vital para el país y para los mexicanos ?

Valdría la pena que al aún Secretario se le cuestionaran los méritos o logros en que sustenta la aspiración de gobernar su estado natal; el cual por cierto, actualmente libra una intensa batalla entre grupos consolidados del crimen organizado.

Cuando el responsable de la seguridad reconoce en su mensaje de “despedida” que los delitos de homicidio doloso y feminicidio siguen al alza en el país, no hay mucho que decir, más que desear buena suerte a los sonorenses.

Y para completar el cuadro, no olvidemos aquel señalamiento hecho por el Presidente en su mensaje con motivo de su Segundo Informe de Gobierno el pasado mes de septiembre: “en materia de seguridad ya no manda la delincuencia organizada, como era antes”. ¿Será porque ya no está en manos del Chapo sino del Sr. Guzmán Loera?

Así están las cosas y así se maneja un problema que era una prioridad para este gobierno. Al final de cuentas, los ciudadanos seguiremos estando en una total indefensión.

*Presidente de la Academia Mexicana de Educación.