Este próximo 6 de agosto se cumplirá un lustro del mayor desastre ambiental hasta ahora ocurrido en la industria minera en México: el derrame de 40 mil metros cúbicos de químicos tóxicos (principalmente sulfato de cobre) en los ríos Bacanuchi y Sonora, por parte de la minera Buenavista del Cobre de Grupo México, que afectó directamente a más de 24 mil personas de los municipios de Aconchi, Arizpe, Baviácora, Banamichi, Hermosillo, San Felipe de Jesús y Ures e indirectamente a más de 250 mil, con un daño ecológico entonces calculado en torno a 1 800 millones de pesos (mdp). En aquel momento, las autoridades en turno de la Profepa impusieron a la empresa una sanción económica apenas superior a los 23 mdp y la obligación de monitorear quincenalmente la calidad de las aguas durante 5 años, además la Comisión Especial Río Sonora creó un Fideicomiso para instrumentar las medidas de remediación, reparación y/o compensación e indeminización por los daños causados.
Sin embargo, esta multinacional -con operaciones en países como España, Estados Unidos, Ecuador, Perú, Chile y Argentina-, continúa hasta ahora sin tomar en serio los severos daños que históricamente ha producido al ambiente y salud de nuestra Nación. Por eso no sorprende que su nombre vuelva a ocupar los titulares debido al nuevo desastre ecológico que produjo, el pasado 9 de julio, con el derrame de ácido sulfúrico a las aguas del Golfo de California en la Terminal Marítima de Guaymas.
En días recientes, el hoy titular de la Semarnat, Víctor Toledo, reconoció que Grupo México -al que las últimas cinco administraciones de gobierno beneficiaron con más de 300 concesiones de minería y agua-, ha sido responsable de por lo menos 22 desastres ecológicos, de los cuales -además de la exposición a metales pesados y arsénico que ha provocado en Hidalgo desde 1988; de la explosión en la mina Pasta de Conchos (2006); de la tragedia en la mina de carbón de Charcas, San Luis Potosí (2016) y de las irregularidades administrativas y laborales causadas en Baja California (2007) y Sonora (2010)-, la mayor parte de ellos han sido derrames tóxicos: Monterrey (1993), Ciudad Juárez (1999), río Bolaños, Jalisco (2010), río Santa Cruz, Sonora (2014), Nacozari (2016) y río Martín, Sombrerete (2019), cifra aparte de los ocurridos en los ríos Agrio y Guadalquivir en España (1998), río Gila y Tucson en Arizona (2009, 2012), y de las afectaciones en Texas (2008) y Perú (2011, 2013 y 2015). Ante semejante panorama, el funcionario ha señalado que se evalúa suspender sus operaciones hasta por 20 años y pide a los ciudadanos reflexionar al respecto.
Yo le tomo la palabra señor Secretario Toledo porque suspender a Grupo México debió ser una de las primeras medidas a implementar desde el primero de sus desastres. Si algo requiere el pueblo de México es que prive el Estado de Derecho y que la impunidad sea erradicada, máxime cuando el medioambiente y la vida están en riesgo. El doble discurso, el prometer sin cumplir, la discrecionalidad, la opacidad, la corrupción, no pueden continuar imperando en nuestra realidad nacional y, mucho menos, cuando de daño ambiental se trata. Es hora en que la tragedia sonorense de 2014 sigue sin remediarse y el Fideicomiso de marras, creado con 2 mil mdp, más tardó en fundarse que en ser extinguido, al grado de que se ignora cuál fue el destino de 750 mdp de su fondo origen.
La responsabilidad ambiental no debe ser una mera entelequia, ni menos letra muerta enterrada en el multi centenar almácigo de normas federales que es nuestro marco legal. Su gravedad llega a ser de tal magnitud que ni siquiera debería prescribir: sus efectos e impactos -no solo geológicos, atmosféricos o hidrológicos sino primordialmente en la biodiversidad, comprendidos los seres humanos-, tardarán años, lustros y décadas en manifestarse. Y algo peor: Grupo México es la principal empresa minera en México, pero de acuerdo con el Servicio Geológico Mexicano existen 242 más con proyectos mineros: tal es el riesgo ambiental potencial en que se encuentra nuestra Nación, tan solo en este sector.
La autoridad ambiental debe por tanto asumir su compromiso y en coordinación con la Secretaría de Economía y el propio titular del Ejecutivo Federal, con fundamento en el artículo 27 constitucional, las leyes Orgánica de la Administración Pública, General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, Federal de Responsabilidad Ambiental y Minera con su Reglamento, proceder a la cancelación de toda concesión minera y de aguas cuando afecten al interés público atentando contra el equilibrio ecológico y la protección al ambiente, como sucedió en este caso.
Un Estado que es permisivo y tolera la ocurrencia de desastres evitables -como lo ha hecho hasta ahora-, se vuelve cómplice del actuar ilícito de los responsables. Los grandes males de México requieren de medidas ejemplares. ¡La sociedad está harta de la indolencia y la impunidad y la Naturaleza no nos esperará!
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